El concepto moderno de que el poder del gobernante es legítimo solo si es producto de la aceptación expresa de los gobernados hunde su raíz en los pactos celebrados entre vasallos y señores durante el Medioevo. El liberalismo consolidó la noción de pacto social como el acuerdo interno de una comunidad en torno a unas decisiones políticas y a unas normas jurídicas a las cuales se somete. Dicho pacto es, entonces, una hipótesis que legitima la autoridad política para garantizar la convivencia y el orden social.
La historia de Colombia registra varios pactos sociales que, incluso, sirvieron de ejemplo en otras latitudes: la Unión Republicana restañó las heridas abiertas en las guerras civiles, sobre todo en la de los Mil Días. El Frente Nacional superó, con éxito, la Violencia del medio siglo pasado. El movimiento de la séptima papeleta abrió la puerta hacia el consenso constitucional del 91. Pero en cada uno de aquellos momentos hubo una dirigencia dispuesta a jugarle limpio al adversario y comprometida con un auténtico pacto nacional que involucró a todos los colombianos. El país nacional se implicó a fondo para garantizar el buen suceso de aquellos desarrollos.
Después de la victoria del No en la refrendación de los acuerdos de La Habana, al Gobierno se le fueron las luces. Decidió resolver el problema con procedimientos que se agotaron en el país político. En vez de incorporar el pueblo al proceso se le sustrajo, y eso lo deslegitimó. Las campañas electorales son muy sensibles al discurso emotivo y suelen privilegiarlo sobre el racional. De alguna manera el triunfo del No fue una cuenta de cobro que medio país les paso a las Farc, pero también a la propuesta de un Gobierno que decidía desde la cumbre instalada en una campana neumática.
Como lo escribió recientemente William Ospina, cuando hay guerras todos cometen crímenes y delinquen por acción o por omisión: “Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón y reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz”. Por eso ahora es necesario suscribir un nuevo pacto para evitar que el proceso colapse, pero sobre todo para rescatar los principios-valores que han nutrido nuestro ethos cultural y que se están desvaneciendo en medio de esta polarización irresponsable.
Negar que el país atraviesa por una crisis de orden institucional es tapar el sol con la mano. Hoy es frecuente escuchar la afirmación de que “en Colombia está colapsando el Estado de derecho” y, por desgracia, hay sectores dirigentes que no buscan el día de la justicia sino el día de la venganza. El jefe del Estado debe ejercer su liderazgo para convocar al país nacional. Es preciso dialogar con todas las bancadas del Congreso, pero también con las organizaciones sociales, la academia, las regiones, los gremios, los sindicatos.
Donde las instituciones constitucionales incluyen el mecanismo de la participación y los ciudadanos han sido convocados para ejercerlo, subyace una especie de democracia de ciudadanos que resulta complementaria a la democracia de los partidos. Si el país sigue por esta ruta de enfrentamientos, estará sembrando cada día nuevos odios y violencias sin fin. Aquí no solo se trata de salvar al Gobierno, sino de salvar al país. Así de claro.
* Exsenador, profesor universitario.
El concepto moderno de que el poder del gobernante es legítimo solo si es producto de la aceptación expresa de los gobernados hunde su raíz en los pactos celebrados entre vasallos y señores durante el Medioevo. El liberalismo consolidó la noción de pacto social como el acuerdo interno de una comunidad en torno a unas decisiones políticas y a unas normas jurídicas a las cuales se somete. Dicho pacto es, entonces, una hipótesis que legitima la autoridad política para garantizar la convivencia y el orden social.
La historia de Colombia registra varios pactos sociales que, incluso, sirvieron de ejemplo en otras latitudes: la Unión Republicana restañó las heridas abiertas en las guerras civiles, sobre todo en la de los Mil Días. El Frente Nacional superó, con éxito, la Violencia del medio siglo pasado. El movimiento de la séptima papeleta abrió la puerta hacia el consenso constitucional del 91. Pero en cada uno de aquellos momentos hubo una dirigencia dispuesta a jugarle limpio al adversario y comprometida con un auténtico pacto nacional que involucró a todos los colombianos. El país nacional se implicó a fondo para garantizar el buen suceso de aquellos desarrollos.
Después de la victoria del No en la refrendación de los acuerdos de La Habana, al Gobierno se le fueron las luces. Decidió resolver el problema con procedimientos que se agotaron en el país político. En vez de incorporar el pueblo al proceso se le sustrajo, y eso lo deslegitimó. Las campañas electorales son muy sensibles al discurso emotivo y suelen privilegiarlo sobre el racional. De alguna manera el triunfo del No fue una cuenta de cobro que medio país les paso a las Farc, pero también a la propuesta de un Gobierno que decidía desde la cumbre instalada en una campana neumática.
Como lo escribió recientemente William Ospina, cuando hay guerras todos cometen crímenes y delinquen por acción o por omisión: “Al final de las guerras, cuando estas se resuelven por el diálogo, hay un momento en que se alza el coro de los vengadores que rechaza el perdón y reclama justicia. Pero los dioses de la justicia tenían que estar al comienzo para impedir la guerra. Cuando aparecen al final, solo llegan para impedir la paz”. Por eso ahora es necesario suscribir un nuevo pacto para evitar que el proceso colapse, pero sobre todo para rescatar los principios-valores que han nutrido nuestro ethos cultural y que se están desvaneciendo en medio de esta polarización irresponsable.
Negar que el país atraviesa por una crisis de orden institucional es tapar el sol con la mano. Hoy es frecuente escuchar la afirmación de que “en Colombia está colapsando el Estado de derecho” y, por desgracia, hay sectores dirigentes que no buscan el día de la justicia sino el día de la venganza. El jefe del Estado debe ejercer su liderazgo para convocar al país nacional. Es preciso dialogar con todas las bancadas del Congreso, pero también con las organizaciones sociales, la academia, las regiones, los gremios, los sindicatos.
Donde las instituciones constitucionales incluyen el mecanismo de la participación y los ciudadanos han sido convocados para ejercerlo, subyace una especie de democracia de ciudadanos que resulta complementaria a la democracia de los partidos. Si el país sigue por esta ruta de enfrentamientos, estará sembrando cada día nuevos odios y violencias sin fin. Aquí no solo se trata de salvar al Gobierno, sino de salvar al país. Así de claro.
* Exsenador, profesor universitario.