Reformas que sí reforman

En los años noventa los líderes de Occidente impusieron un modelo económico que resultaba difícil no acoger, y Colombia se apresuró a adoptarlo sin estar suficientemente preparada para ello. Quizás hubiera sido deseable asumir algunas de tales reformas con cierto sentido provisorio, para ajustarlas en una u otra dirección según los resultados. Pero el país –y el mundo– se las arrogó como solución definitiva, e incluso como dogma. De allí nació una creciente resistencia a los cambios que no pudo modificarse ni siquiera con la pandemia, cuyo mensaje fue clarísimo: el mundo no volverá jamás a ser el mismo de antes.

El constituyente del 91 sentó las bases jurídicas para un nuevo país, pero viejas y arraigadas costumbres políticas impidieron su nacimiento. Más pronto que tarde sus normas fueron objeto de modificaciones y, sobre todo, de contrarreformas que llegaron hasta la sustitución constitucional. Con desarrollos legales se hicieron reformas que no reformaron nada o, como en el Gatopardo, reformas que cambian todo para que todo siga igual. Y gran parte del país devino prisionera de un pánico insuperable frente a las reformas que sí reforman.

La legitimidad del Estado de derecho depende de su capacidad para mantener activa y fluida la conexión entre los hechos y las normas. Tal vez por eso un reconocido jurista de cuyo nombre no logro acordarme, dijo que la mejor manera de conservar una buena Constitución es a través de sus oportunas reformas. En Colombia hay, por lo menos, tres sectores básicos que necesitan adaptaciones frecuentes en un mundo tan cambiante como el actual: la educación, la salud y la justicia. Habría otros dos también fundamentales, pero es ilusorio pensar que tengan recibo en el Congreso: una reforma política y una electoral.

La reforma pensional, cuyo texto aprobó recientemente el Congreso, subyace tras esa lista. Su nivel de acogida o de rechazo en el Congreso y en los medios de comunicación tuvo más determinantes políticos que sociales. Lo anotó el historiador Gonzalo Sánchez con la lucidez que lo acompaña siempre: “Sorprende la nube de políticos y opositores dando ideas de cómo tumbar la reforma constitucional. Quisiera ver la sensibilidad de quienes no quieren fallarle a miles de ancianos en su derecho a vivir con dignidad el fin de sus días”. Probablemente nadie ha formulado mejor ese oportuno llamado de atención.

Las bondades o los errores de una reforma a cualquier régimen pensional parten de la realidad y se miden respondiendo, por lo menos, las tres preguntas siguientes: i) ¿Cómo afecta a los pensionados actuales? ii) ¿Cómo trata a los adultos mayores que no tienen pensión? iii) ¿Qué figuras nuevas crea para beneficiar a estos últimos? En este caso, las respuestas son claras: i) Los adultos mayores ya pensionados permanecen en las mismas condiciones actuales; ii) A los adultos mayores que no han logrado pensión, se les otorga una renta vitalicia; iii) Crea, para estos, la pensión anticipada, la pensión familiar y la cotización por día para el sector informal. Objetivamente, la reforma cubre a quienes más lo necesitan. Puede ser buena para usted y mala para mí, o al revés, en aspectos más subjetivos. Pero esta sí es una reforma que reforma.