En un discurso pronunciado hace cincuenta años en el Teatro Patria, Alberto Lleras pidió a los civiles no interferir en las cuestiones militares, a cambio de que éstos no intervinieran en política. Era la estrategia para lograr el retorno de la civilidad después de las dictaduras del medio siglo. Pero una fórmula coyuntural se nos convirtió en una especie de principio institucional.
En efecto, las fuerzas armadas se volvieron estamentales, se militarizó la policía –que por esencia es un cuerpo uniformado aunque de naturaleza civil e incluso de ámbito local- y permaneció durante largo tiempo la vocación deliberante de algunos altos oficiales. Todavía por los años ochenta el ministro Landazábal Reyes se atrevió a decir que el país debía acostumbrarse a oír a sus generales.
En un Estado de derecho las cuestiones militares son cuestiones civiles. Claro, hay asuntos de orden técnico para los cuales es preciso consultar expertos. La actividad militar demanda especialistas, así como exige alguna información reservada a sus altos mandos. En ellos, por supuesto, tendrá que haber presencia de autoridad civil. Pero las decisiones políticas e institucionales, sobre cuestiones militares, serán privativas del gobierno o del congreso y que, en cualquier caso, serán conocidas por la opinión.
A lo largo de estos últimos cincuenta años nuestra fuerza armada vivió días de gloria, días de luto y días de infortunio. Dio satisfacciones a los colombianos y las recibió de ellos. Pero algunos de sus miembros abusaron de la condición que les daba su rango y, en ocasiones, la institución misma consintió tales abusos, al negarse a darles crédito, abstenerse de investigar los hechos o absolver a los implicados.
Claro, los colombianos perciben que en los últimos años tanto la capacidad operativa de la fuerza pública como la ética de su discurso han mejorado sensiblemente. Pero sigue pesando mucho un acumulado de años durante los cuales la fuerza se burocratizó y algunos de sus miembros fueron hasta más allá de las fronteras del código penal. Ahora, cuando ha dado nuevas satisfacciones al país, aparecen –tanto en la base como en la cúpula- soldados comprometidos, por acción o por omisión, con un proceso macabro de comercio con la muerte –que dista mucho de poder considerase como casos aislados- al cual no es ajeno el sistema de estímulos y recompensas fijado las autoridades civiles.
Los colombianos deben reflexionar sobre estos temas y explorar hasta las últimas consecuencias. En las fuerzas armadas es prioritaria una reforma de fondo. Creo, por ejemplo, que en Colombia hay exceso de generales y, más bien, déficit de soldados y de policías. Las fuerzas militares tienen comandantes generales y segundos comandantes y comandantes adjuntos, en un rígido diseño piramidal que las deja atrás frente a la agilidad y la eficiencia que requieren las organizaciones modernas. Por eso su operación es tan costosa.
En la Policía, probablemente, no debía haber generales. Tal vez ni coroneles, ni mayores, como ocurre en muchos otros países del mundo, en donde sus características institucionales se han conservado fieles a su tradicional naturaleza civil. Pero aquí siempre hemos tenidos muchos caciques y pocos indios, lo cual ayuda a consolidar una cultura burocrática. Sí, la reforma de la fuerza pública se le quedó en el tintero al Constituyente del 91. Incluso ha debido hacerse desde antes.
Ex senador, profesor universitario.
