El Valle del Cauca y Cali llevan décadas soportando la corrupción electoral.
Pero como las cuerdas se rompen por lo más delgado, esta vez el escándalo que rompió el dique fue el desvergonzado intento de la anulación de firmas para dos candidatos a la Alcaldía de Cali: Susana Correa y Rodrigo Guerrero. Estalló salpicando, y no superficialmente, no solamente al registrador nacional —quien con su bocaza respondió altanero y con cajas destempladas al inicio del cuestionamiento—, sino también a su amanuense Ibáñez, supuesto amante de la secretaria de Gobierno de Cali, la inamovible, hierática y desafiante Eliana Salamanca, ficha clave del detenido exsenador Juan Carlos Martínez, quien se la atornilló al alcalde Ospina, como cuota obligada dentro del gabinete. Por haberlo llevado a ganar las elecciones pasadas, a última hora, con procederes que todos en la capital del Valle sabemos que no fueron limpios, ni transparentes, ni éticos, el alcalde Ospina comió callado. No tuvo más remedio. Aceptó la indignidad y tuvo que pagar el precio.
El Valle del Cauca y su capital se diferencian del perro, porque sí los capan cuando les da la gana. Una, dos, tres veces. Las elecciones de gobernador y alcalde llevan décadas de fraudes, trasteo de votos y dinero que circula a rodos, debajo o encima de las mesas. Pero nadie se había emberracado a fondo. ¿Miedo? ¿Temor a represalias de sicarios anónimos? ¿Falta de solidaridad? ¿Impotencia? ¿Indiferencia? Las respuestas pueden ser todas. Eso es lo que menos importa. Pero se rompió el dique y el agua podrida que empieza a correr sólo está en sus inicios. Si se investiga a fondo, el chorro será incontenible. Ojalá no nos quedemos en tapar el hueco con un dedito, sino que se aproveche esta coyuntura y se extirpe toda la podredumbre, desde su inicio.
El Valle y Cali siguen esperando una respuesta, una investigacion a fondo: ¿Cuál fue el juez que de buenas a primeras otorgó el permiso al detenido Juan Carlos Martínez para salir de la cárcel de Barranquilla, a donde lo habían transferido precisamente para que siguiera haciendo lo que le daba la gana, y poder visitar el Valle y Cali a su antojo, a mover sus fichas electorales? ¿Dónde está la investigación? ¿Qué pasa con el podrido ex Inpec? Su director, quien conoce bien esta tierra, no se ha pronunciado al respecto. La Fiscalía tampoco. ¿Por qué este permiso extemporáneo precisamente en vísperas de la campaña electoral? ¿Por qué el permiso incluía libertad total de movimientos? ¿Por qué le van a otorgar de nuevo libertad de tres días en la fecha electoral? ¿Quién anda detrás de esto?
Porque, y no hay que ser Einstein, todo el despelote de la Registraduría, su intento de acallar candidatos, coincide con esos movimientos del detenido exsenador, quien maneja como se le da la gana el departamento y su capital. Los lectores pueden averiguar qué pasa en el Hospital Universitario del Valle, en la CVC (Corporación Autónoma Regional), en las alcaldías de los municipios, en Buenaventura, en Acuavalle, para sólo mencionar algunos de sus botines.
Rodrigo Guerrero es un hombre sin tacha. Susana Correa hizo muy bien en apartarse de la contienda para investigar, por su cuenta, todas las trapisondas. Pero el peligro crece. La campaña se tornará más sucia. Porque el terror de perder el botín ha desatado una furia loca, demente, donde todo es válido con tal de no perder feudos y poder. Los vallecaucanos, los caleños, exigimos una investigación a fondo y una explicación. Caiga el que caiga.