Bogotá está decepcionada luego de los primeros 16 meses de administración de Enrique Peñalosa. Dicha decepción va en incremento desde el primero de enero de 2016 hasta la fecha. Si bien en los primeros sondeos, el porcentaje de personas que creía que con su gobierno las cosas mejorarían y que conjuraría disparates heredados de Petro era cercano al 30% (más o menos equivalente al 33% de los votos efectivos que obtuvo), según la encuesta Pulso País, del 5 de abril de 2017, la desfavorabilidad de la imagen del alcalde llegó al 80% y el índice de desaprobación en seguridad y movilidad, dos temas muy sensibles, supera el 87%. Es decir, no solo no se ha ganado la confianza de quienes no votaron por él sino que ha perdido casi 40% de los que lo apoyaron en octubre de 2015, que libres de cualquier sospecha de ser de “izquierda”, son arrepentidos. Simplemente, Peñalosa no ha despegado.
Frente al descalabro, he mirado el balance de “rendición de cuentas”, el del publi-reportaje de Lucy Nieto de Samper y el del boletín oficial de quince puntos donde resume sus logros a 1/3 de mandato. Veamos: en dicha publicación se conjugan más los verbos en futuro que en presente o pasado. En casi veinticinco oportunidades se dice que “se entregará”, “se promoverá”, “se tendrá”, “se sacará adelante”, “se abrirá”, “obras que contribuirán”, “se hará”, “se abrirá”, “se cambiará”… Solo diez veces se enuncian realizaciones como “se inauguró”, “aumentó” o “se entregaron” y ese fruto se vuelve nada o casi nada si lo hecho son cinco canchas sintéticas de microfútbol; 555 nuevos cupos de cicloparqueaderos; el 26% restante del deprimido de la 94 y 850 metros de la Avenida La Sirena; limpieza de muros, postes y grafitis; tres programas de cultura ciudadana dentro de los contratos a la Corporación de Mockus y también el apoyo a la ONG de Venus Albeiro Silva, así como la mención a “la primera ciudad de América Latina con un instituto para proteger a los animales”.
Si a la máxima, “buses por todos lados por los próximos cien años”, se suman otros capítulos -que apenas se insinúan o ni se nombran- se ensombrece más la gestión de Peñalosa y se torna francamente dañina para el futuro de Bogotá. Empezando por el cierre de 147 servicios de salud en diversos hospitales con el incremento de barreras de acceso a usuarios; la venta de ETB, con la selección a dedo de la firma encargada de su valoración así como del muy negativo manejo en manos de Jorge Castellanos que restó patrimonio por $300 mil millones en 2016; siguiendo por la anunciada almoneda del 20% de la Empresa de Energía; el cobro de valorización para construir la inconveniente Troncal de la carrera Séptima, cuyo primer fin es corregir la explosión de la Caracas; y el aumento de la tarifa en el 33% para los buses azules del SITP y del 25% para los rojos de Transmilenio en 15 meses. Esto último sin que el déficit financiero caiga sensiblemente; el hacinamiento disminuya ni la frecuencia de los viajes crezca mientras redundan atracos e inseguridad en ellos y los accidentes (8,7 al día para el SITP en lo corrido del 2017), las averías y los incendios se vuelven cotidianos. En 2016, hubo más de 300 bloqueos de protesta justificados por decenas de miles de pasajeros.
Cabe una nota especial sobre la inseguridad, en cuyos publicitados indicadores recae la sombra del subregistro y más cuando sube la proporción de víctimas del delito; el operativo del Bronx, de improvisada realización que diseminó la podredumbre incubada allí por décadas con secuelas muy graves para la población y la economía formal denunciadas en la localidad de Mártires; el cobro exorbitante del impuesto predial que se alzó para el 90% de los predios de estrato 3 y el 65% de los del 4; el proyectado menoscabo de la Reserva Van del Hammen y, lo peor, el enredo del Metro elevado, que terminará, si acaso, en uno tipo monorriel del Portal Américas a la calle Sexta, mientras en el vecindario suramericano y caribeño avanzan nuevas fases y segundas líneas.
Este recuento duele para el porvenir de millones de bogotanos, provoca compasión con quienes se volvieron defensores de oficio del desaguisado y presagia duro golpe a las bancadas políticas del Concejo que lo respaldan con potes de mermelada burocrática y presupuestal, incluyendo cuotas en alcaldías locales donde en seis ya se destaparon hediondas corruptelas. La pobre defensa se complica más cuando Peñalosa adoba el desastre con frases como “ratas que disfrutan del metro subterráneo”; “la Reserva sin micos ni guacamayas” o “mis estudios sin equivalente en Colombia” para referirse a títulos académicos inexistentes de los cuales hizo ostentación o el manifiesto disgusto y constante desacato a los fallos de la Corte Constitucional sobre el derecho al trabajo de vendedores ambulantes.
Para colmo de males, Peñalosa contrató los oficios del abogado Sierra Porto, radicado en Guatemala, para sabotear su revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral. Un juego arriesgado contra la democracia, que lo equipara con Petro en mañas y que puede ocasionar graves desenlaces ante la burla que sería para centenares de miles de firmas que se están acopiando en distintos comités (más de 500 mil ahora en “Unidos Revocamos”), cumpliendo con los requisitos en el número válido de solicitantes, en la denuncia de medidas aplicadas que no estaban en el programa de gobierno y como intérpretes de la evidente inconformidad capitalina, con razones ciertas para ejercer este derecho por encima de los empinados negocios que Peñalosa representa.
Bogotá está decepcionada luego de los primeros 16 meses de administración de Enrique Peñalosa. Dicha decepción va en incremento desde el primero de enero de 2016 hasta la fecha. Si bien en los primeros sondeos, el porcentaje de personas que creía que con su gobierno las cosas mejorarían y que conjuraría disparates heredados de Petro era cercano al 30% (más o menos equivalente al 33% de los votos efectivos que obtuvo), según la encuesta Pulso País, del 5 de abril de 2017, la desfavorabilidad de la imagen del alcalde llegó al 80% y el índice de desaprobación en seguridad y movilidad, dos temas muy sensibles, supera el 87%. Es decir, no solo no se ha ganado la confianza de quienes no votaron por él sino que ha perdido casi 40% de los que lo apoyaron en octubre de 2015, que libres de cualquier sospecha de ser de “izquierda”, son arrepentidos. Simplemente, Peñalosa no ha despegado.
Frente al descalabro, he mirado el balance de “rendición de cuentas”, el del publi-reportaje de Lucy Nieto de Samper y el del boletín oficial de quince puntos donde resume sus logros a 1/3 de mandato. Veamos: en dicha publicación se conjugan más los verbos en futuro que en presente o pasado. En casi veinticinco oportunidades se dice que “se entregará”, “se promoverá”, “se tendrá”, “se sacará adelante”, “se abrirá”, “obras que contribuirán”, “se hará”, “se abrirá”, “se cambiará”… Solo diez veces se enuncian realizaciones como “se inauguró”, “aumentó” o “se entregaron” y ese fruto se vuelve nada o casi nada si lo hecho son cinco canchas sintéticas de microfútbol; 555 nuevos cupos de cicloparqueaderos; el 26% restante del deprimido de la 94 y 850 metros de la Avenida La Sirena; limpieza de muros, postes y grafitis; tres programas de cultura ciudadana dentro de los contratos a la Corporación de Mockus y también el apoyo a la ONG de Venus Albeiro Silva, así como la mención a “la primera ciudad de América Latina con un instituto para proteger a los animales”.
Si a la máxima, “buses por todos lados por los próximos cien años”, se suman otros capítulos -que apenas se insinúan o ni se nombran- se ensombrece más la gestión de Peñalosa y se torna francamente dañina para el futuro de Bogotá. Empezando por el cierre de 147 servicios de salud en diversos hospitales con el incremento de barreras de acceso a usuarios; la venta de ETB, con la selección a dedo de la firma encargada de su valoración así como del muy negativo manejo en manos de Jorge Castellanos que restó patrimonio por $300 mil millones en 2016; siguiendo por la anunciada almoneda del 20% de la Empresa de Energía; el cobro de valorización para construir la inconveniente Troncal de la carrera Séptima, cuyo primer fin es corregir la explosión de la Caracas; y el aumento de la tarifa en el 33% para los buses azules del SITP y del 25% para los rojos de Transmilenio en 15 meses. Esto último sin que el déficit financiero caiga sensiblemente; el hacinamiento disminuya ni la frecuencia de los viajes crezca mientras redundan atracos e inseguridad en ellos y los accidentes (8,7 al día para el SITP en lo corrido del 2017), las averías y los incendios se vuelven cotidianos. En 2016, hubo más de 300 bloqueos de protesta justificados por decenas de miles de pasajeros.
Cabe una nota especial sobre la inseguridad, en cuyos publicitados indicadores recae la sombra del subregistro y más cuando sube la proporción de víctimas del delito; el operativo del Bronx, de improvisada realización que diseminó la podredumbre incubada allí por décadas con secuelas muy graves para la población y la economía formal denunciadas en la localidad de Mártires; el cobro exorbitante del impuesto predial que se alzó para el 90% de los predios de estrato 3 y el 65% de los del 4; el proyectado menoscabo de la Reserva Van del Hammen y, lo peor, el enredo del Metro elevado, que terminará, si acaso, en uno tipo monorriel del Portal Américas a la calle Sexta, mientras en el vecindario suramericano y caribeño avanzan nuevas fases y segundas líneas.
Este recuento duele para el porvenir de millones de bogotanos, provoca compasión con quienes se volvieron defensores de oficio del desaguisado y presagia duro golpe a las bancadas políticas del Concejo que lo respaldan con potes de mermelada burocrática y presupuestal, incluyendo cuotas en alcaldías locales donde en seis ya se destaparon hediondas corruptelas. La pobre defensa se complica más cuando Peñalosa adoba el desastre con frases como “ratas que disfrutan del metro subterráneo”; “la Reserva sin micos ni guacamayas” o “mis estudios sin equivalente en Colombia” para referirse a títulos académicos inexistentes de los cuales hizo ostentación o el manifiesto disgusto y constante desacato a los fallos de la Corte Constitucional sobre el derecho al trabajo de vendedores ambulantes.
Para colmo de males, Peñalosa contrató los oficios del abogado Sierra Porto, radicado en Guatemala, para sabotear su revocatoria ante el Consejo Nacional Electoral. Un juego arriesgado contra la democracia, que lo equipara con Petro en mañas y que puede ocasionar graves desenlaces ante la burla que sería para centenares de miles de firmas que se están acopiando en distintos comités (más de 500 mil ahora en “Unidos Revocamos”), cumpliendo con los requisitos en el número válido de solicitantes, en la denuncia de medidas aplicadas que no estaban en el programa de gobierno y como intérpretes de la evidente inconformidad capitalina, con razones ciertas para ejercer este derecho por encima de los empinados negocios que Peñalosa representa.