Jean Baptiste Say, el economista clásico francés, afirmó en 1803 que “el solo hecho de la formación de un producto abre desde este mismo instante la salida a otros” o, dicho de manera más simple, que “toda oferta crea su propia demanda”. Parece que la aplicación –por su lógica negativa– fuera el fundamento del Decreto 1844 de Iván Duque que declaró infracción el porte de sustancias sicoactivas: si se elimina así la oferta, desaparecerían por ensalmo y de facto consumidores ocasionales, abusivos y dependientes.
Esta proposición, para algunos un axioma, queda en entredicho al comparar los hallazgos, entre todas las sustancias estudiadas, para alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y basuco, las más consumidas, “lícitas” e “ilícitas”, en dos encuestas realizadas en Bogotá, en 2009 y 2016, sobre “Estudio de consumo de sustancias sicoactivas”, por la Alcaldía de Bogotá, la OEA y UNDOC. Contaron con muestras para más de 5 millones de personas, cubriendo toda la ciudad con igual metodología.
La sustancia más usada es el alcohol, tanto en 2009, cuando el 61,35% de los encuestados contestó afirmativamente haberlo bebido, como en 2016, cuando aumentó al 64,7%. El tabaco, al contrario, viene en notorio descenso al pasar del 27,55% el porcentaje que fumó al menos una vez en 2009, al 20,39% en 2016. Con relación a la marihuana, el consumo de 2009 a 2016, subió de 2,25% a 4,13%; el de cocaína de 0,54% a 0,74% y el de basuco del 0,14% al 0,23%. Dentro de dichos consumidores, quienes reportaron consumos abusivos y dependientes en 2016 son el 2,12% en marihuana; el 0,14% en basuco; el 0,29% en cocaína y el 16,2% en tabaco, marcando para las dos últimas sustancias cifras inferiores a las de 2009, en estos casos extremos. En sustancias ilícitas en conjunto, el porcentaje que las consumió alzó de 2,54% a 4,61%, con la marihuana en primer lugar, sin contar la elasticidad de sustitución de una por otra, muy característica de estos mercados.
Así mismo, las edades promedio de inicio están subiendo: en alcohol de 16,8 años a 18; en tabaco de 16,6 a 18; en marihuana de 19 a 20; en cocaína de 19,3 a 22 y en basuco se mantuvo en 20. Siempre la participación de los hombres es superior a la de las mujeres.
Fuera de tales datos simples de consumo que se aprovechan para sustentar el prohibicionismo, han de considerarse no obstante otras variables que juegan papel aclaratorio sustancial. La primera de ellas, la medición del porcentaje de personas a las cuales se les ofrecieron los géneros ilícitos en el año correspondiente. Entre 2009 y 2016, dicha oferta –medida así– pasó del 7,45% al 10,96% para marihuana; para cocaína del 2,98% al 4,41% y para basuco cayó del 1,69% al 1,08%. En alcohol y tabaco la exposición, por ser legales, es completa y permanente.
Resaltan aquí algunas conclusiones iniciales contrarias a la Ley de Say: 1) el consumo de tabaco ha caído vertiginosamente, así sea legal; 2) el alcohol es la más utilizada; 3) la oferta y la demanda en marihuana y cocaína han crecido y 4) a contramano, en basuco el uso sube pese a que en las calles bajó la disponibilidad.
¿Qué se deduce de estos hechos contradictorios a las tesis de Duque? Es esencial la percepción de las personas sobre el riesgo que trae la utilización de estas sustancias, tanto desde el consumo ocasional hasta el abusivo. Veamos: en tabaco esa percepción de riesgo creció en esos siete años del 79% al 86%, o sea que muchas más personas son conscientes, por campañas pedagógicas y aunque sea legal, de sus efectos nocivos.
No pasó igual con la marihuana. Aquí la percepción de riesgo ha caído en picada: el porcentaje de personas que en 2009 la veía perjudicial se redujo, al pasar en 2016 de rangos entre el 79,6%, de quienes se prevenían ante frecuencias menores, y el 87%, que rechazaban usos muy frecuentes, a escalas apenas entre 58% y el 84%, respectivamente. Ahora menos ven riesgoso el consumo de marihuana. Con relación a la cocaína, el conocimiento de sus secuelas se está acrecentando y preocupa que decaiga la percepción de riesgo sobre basuco.
Va quedando claro que el consumo no depende principalmente de la oferta del producto, como lo prueban, en distinto sentido, los casos del tabaco y el basuco. La variable principal –y de esto no debe colegirse que no se combata a los narcotraficantes– es la educación social con énfasis en las edades de inicio. Al parecer con relación a la marihuana se ha bajado la guardia frente a la pedagogía como principal arma para entrabar la acción dañina de narcos tanto micro como macro, y todo sin ir en menoscabo de políticas de salud pública que juegan papel relevante en la formación general y en el tratamiento a los adictos que exige atención personalizada.
Más allá de la demagogia impactante, se evidencian los pocos alcances que el decreto de Duque podrá tener: los datos y las correlaciones indican otro camino central muy distinto al que enseña la Ley de Say, pese a que con la ola sancionatoria pocos se sincerarán en las próximas encuestas.
Jean Baptiste Say, el economista clásico francés, afirmó en 1803 que “el solo hecho de la formación de un producto abre desde este mismo instante la salida a otros” o, dicho de manera más simple, que “toda oferta crea su propia demanda”. Parece que la aplicación –por su lógica negativa– fuera el fundamento del Decreto 1844 de Iván Duque que declaró infracción el porte de sustancias sicoactivas: si se elimina así la oferta, desaparecerían por ensalmo y de facto consumidores ocasionales, abusivos y dependientes.
Esta proposición, para algunos un axioma, queda en entredicho al comparar los hallazgos, entre todas las sustancias estudiadas, para alcohol, tabaco, marihuana, cocaína y basuco, las más consumidas, “lícitas” e “ilícitas”, en dos encuestas realizadas en Bogotá, en 2009 y 2016, sobre “Estudio de consumo de sustancias sicoactivas”, por la Alcaldía de Bogotá, la OEA y UNDOC. Contaron con muestras para más de 5 millones de personas, cubriendo toda la ciudad con igual metodología.
La sustancia más usada es el alcohol, tanto en 2009, cuando el 61,35% de los encuestados contestó afirmativamente haberlo bebido, como en 2016, cuando aumentó al 64,7%. El tabaco, al contrario, viene en notorio descenso al pasar del 27,55% el porcentaje que fumó al menos una vez en 2009, al 20,39% en 2016. Con relación a la marihuana, el consumo de 2009 a 2016, subió de 2,25% a 4,13%; el de cocaína de 0,54% a 0,74% y el de basuco del 0,14% al 0,23%. Dentro de dichos consumidores, quienes reportaron consumos abusivos y dependientes en 2016 son el 2,12% en marihuana; el 0,14% en basuco; el 0,29% en cocaína y el 16,2% en tabaco, marcando para las dos últimas sustancias cifras inferiores a las de 2009, en estos casos extremos. En sustancias ilícitas en conjunto, el porcentaje que las consumió alzó de 2,54% a 4,61%, con la marihuana en primer lugar, sin contar la elasticidad de sustitución de una por otra, muy característica de estos mercados.
Así mismo, las edades promedio de inicio están subiendo: en alcohol de 16,8 años a 18; en tabaco de 16,6 a 18; en marihuana de 19 a 20; en cocaína de 19,3 a 22 y en basuco se mantuvo en 20. Siempre la participación de los hombres es superior a la de las mujeres.
Fuera de tales datos simples de consumo que se aprovechan para sustentar el prohibicionismo, han de considerarse no obstante otras variables que juegan papel aclaratorio sustancial. La primera de ellas, la medición del porcentaje de personas a las cuales se les ofrecieron los géneros ilícitos en el año correspondiente. Entre 2009 y 2016, dicha oferta –medida así– pasó del 7,45% al 10,96% para marihuana; para cocaína del 2,98% al 4,41% y para basuco cayó del 1,69% al 1,08%. En alcohol y tabaco la exposición, por ser legales, es completa y permanente.
Resaltan aquí algunas conclusiones iniciales contrarias a la Ley de Say: 1) el consumo de tabaco ha caído vertiginosamente, así sea legal; 2) el alcohol es la más utilizada; 3) la oferta y la demanda en marihuana y cocaína han crecido y 4) a contramano, en basuco el uso sube pese a que en las calles bajó la disponibilidad.
¿Qué se deduce de estos hechos contradictorios a las tesis de Duque? Es esencial la percepción de las personas sobre el riesgo que trae la utilización de estas sustancias, tanto desde el consumo ocasional hasta el abusivo. Veamos: en tabaco esa percepción de riesgo creció en esos siete años del 79% al 86%, o sea que muchas más personas son conscientes, por campañas pedagógicas y aunque sea legal, de sus efectos nocivos.
No pasó igual con la marihuana. Aquí la percepción de riesgo ha caído en picada: el porcentaje de personas que en 2009 la veía perjudicial se redujo, al pasar en 2016 de rangos entre el 79,6%, de quienes se prevenían ante frecuencias menores, y el 87%, que rechazaban usos muy frecuentes, a escalas apenas entre 58% y el 84%, respectivamente. Ahora menos ven riesgoso el consumo de marihuana. Con relación a la cocaína, el conocimiento de sus secuelas se está acrecentando y preocupa que decaiga la percepción de riesgo sobre basuco.
Va quedando claro que el consumo no depende principalmente de la oferta del producto, como lo prueban, en distinto sentido, los casos del tabaco y el basuco. La variable principal –y de esto no debe colegirse que no se combata a los narcotraficantes– es la educación social con énfasis en las edades de inicio. Al parecer con relación a la marihuana se ha bajado la guardia frente a la pedagogía como principal arma para entrabar la acción dañina de narcos tanto micro como macro, y todo sin ir en menoscabo de políticas de salud pública que juegan papel relevante en la formación general y en el tratamiento a los adictos que exige atención personalizada.
Más allá de la demagogia impactante, se evidencian los pocos alcances que el decreto de Duque podrá tener: los datos y las correlaciones indican otro camino central muy distinto al que enseña la Ley de Say, pese a que con la ola sancionatoria pocos se sincerarán en las próximas encuestas.