El domingo 22 de julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó por unanimidad el anteproyecto de reforma constitucional que será sometido a la consulta popular del 13 de agosto al 15 de noviembre.
Se prevé que la nueva Carta Magna de Cuba tendrá 224 artículos y que habrá cambios en la estructura del Estado, sistema económico y derechos de los ciudadanos. Uno de los principales objetivos es adecuar la legislación a los significativos cambios sociales y económicos ocurridos en la isla en la última década. Si bien en el borrador de la nueva Constitución se menciona el socialismo como política de Estado y el Partido Comunista como única fuerza política en el país, se eliminó el término comunismo, lo que denota una gran diferencia con la Constitución de 1976, aún vigente, que en su artículo 5 reitera “el avance hacia a la sociedad comunista”.
Al ser indagado sobre este tema, Esteban Lazo, presidente del Parlamento, contestó que la “situación actual de Cuba y el contexto internacional son muy diferentes comparados con 1976. (…) Esto no significa que renunciamos a nuestras ideas, pero en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente y próspero”.
Para iniciar reformas en la estructura del Estado se propone crear los cargos de presidente y vicepresidente de la República y de primer ministro, que continuarán siendo elegidos por el Parlamento, pero sustituirá el actual presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Los mandatos tendrán una duración de cinco años, con posibilidad de reelección una sola vez.
En lo que se refiere a la economía, a pesar de que mantiene como principio esencial la propiedad socialista, el artículo 21 del nuevo texto reconoce por primera vez la propiedad privada y admite otras formas de propiedad: la cooperativa y la mixta. Se menciona por primera vez la inversión extranjera como “una necesidad y un elemento importante del desarrollo”. El artículo 21 es un divisor de aguas, dado que la Constitución de 1976, aún vigente, sólo menciona la propiedad estatal y las cooperativas agropecuarias.
No obstante, en 2011, el presidente Raúl Castro, con su “apertura sin prisa pero sin pausa”, ya había puesto en marcha algunas medidas que demostraban relativa flexibilización de la economía, como la compra y venta de casas y la apertura de negocios privados. Varios ciudadanos empezaron a trabajar en actividades por “cuenta propia”, como, por ejemplo, en los paladares —restaurantes familiares— o en taxis que atendían anualmente a aproximadamente 2,5 millones de turistas y les daban la oportunidad de tener en sus manos CUC —pesos cubanos convertibles—. Algunos comparten que estos nuevos negocios han contribuido a incrementar la desigualdad.
Con relación a los derechos de los ciudadanos, el anteproyecto abre una puerta importante para la legalización de los matrimonios gais, paso significativo en una sociedad bastante conservadora, en la cual los homosexuales son discriminados y hasta hace muy poco tiempo eran enviados a campos de trabajo, denominados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).
Se pretende incorporar cuestiones fundamentales como “la no discriminación, las garantías del debido proceso, el habeas corpus, la presunción de inocencia y la reinserción social de los privados de libertad” y el “reconocimiento de la doble ciudadanía”.
* Profesora U. Externado.
El domingo 22 de julio, la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó por unanimidad el anteproyecto de reforma constitucional que será sometido a la consulta popular del 13 de agosto al 15 de noviembre.
Se prevé que la nueva Carta Magna de Cuba tendrá 224 artículos y que habrá cambios en la estructura del Estado, sistema económico y derechos de los ciudadanos. Uno de los principales objetivos es adecuar la legislación a los significativos cambios sociales y económicos ocurridos en la isla en la última década. Si bien en el borrador de la nueva Constitución se menciona el socialismo como política de Estado y el Partido Comunista como única fuerza política en el país, se eliminó el término comunismo, lo que denota una gran diferencia con la Constitución de 1976, aún vigente, que en su artículo 5 reitera “el avance hacia a la sociedad comunista”.
Al ser indagado sobre este tema, Esteban Lazo, presidente del Parlamento, contestó que la “situación actual de Cuba y el contexto internacional son muy diferentes comparados con 1976. (…) Esto no significa que renunciamos a nuestras ideas, pero en nuestra visión pensamos en un país socialista, soberano, independiente y próspero”.
Para iniciar reformas en la estructura del Estado se propone crear los cargos de presidente y vicepresidente de la República y de primer ministro, que continuarán siendo elegidos por el Parlamento, pero sustituirá el actual presidente de los consejos de Estado y de Ministros. Los mandatos tendrán una duración de cinco años, con posibilidad de reelección una sola vez.
En lo que se refiere a la economía, a pesar de que mantiene como principio esencial la propiedad socialista, el artículo 21 del nuevo texto reconoce por primera vez la propiedad privada y admite otras formas de propiedad: la cooperativa y la mixta. Se menciona por primera vez la inversión extranjera como “una necesidad y un elemento importante del desarrollo”. El artículo 21 es un divisor de aguas, dado que la Constitución de 1976, aún vigente, sólo menciona la propiedad estatal y las cooperativas agropecuarias.
No obstante, en 2011, el presidente Raúl Castro, con su “apertura sin prisa pero sin pausa”, ya había puesto en marcha algunas medidas que demostraban relativa flexibilización de la economía, como la compra y venta de casas y la apertura de negocios privados. Varios ciudadanos empezaron a trabajar en actividades por “cuenta propia”, como, por ejemplo, en los paladares —restaurantes familiares— o en taxis que atendían anualmente a aproximadamente 2,5 millones de turistas y les daban la oportunidad de tener en sus manos CUC —pesos cubanos convertibles—. Algunos comparten que estos nuevos negocios han contribuido a incrementar la desigualdad.
Con relación a los derechos de los ciudadanos, el anteproyecto abre una puerta importante para la legalización de los matrimonios gais, paso significativo en una sociedad bastante conservadora, en la cual los homosexuales son discriminados y hasta hace muy poco tiempo eran enviados a campos de trabajo, denominados Unidades Militares de Ayuda a la Producción (UMAP).
Se pretende incorporar cuestiones fundamentales como “la no discriminación, las garantías del debido proceso, el habeas corpus, la presunción de inocencia y la reinserción social de los privados de libertad” y el “reconocimiento de la doble ciudadanía”.
* Profesora U. Externado.