Lula, libre

El juez de tercera instancia Sérgio Moro condenó al expresidente Lula a nueve años de prisión por presunta participación en dos casos de corrupción. Un tribunal extendió la pena a 12 años, impidiéndole participar en los comicios presidenciales de 2018. En 2021, el Tribunal Supremo anuló la sentencia por parcialidad del magistrado responsable por el caso.

En abril de 2018, miles de personas en todo el mundo vieron el momento de la entrega del expresidente Lula ante la Policía Federal, así como todo el esquema judicial que rodeó su aterrizaje en Curitiba, la manera como fueron reprimidos los manifestantes que lo esperaban y la libertad de expresión dada a aquellos que celebraban su detención. Era el retrato de un Brasil polarizado y de una justicia que no lograba ser imparcial.

Ese mismo año, el Tribunal Superior Electoral rechazó la candidatura de Lula da Silva a los comicios presidenciales de octubre, puesto que la legislación nacional “impide que cualquier persona condenada por ciertos delitos y bajo ciertas condiciones pueda postularse para un cargo público”. En 2018, Jair Bolsonaro fue elegido presidente de Brasil.

Lula permaneció 580 días detenido en la sede de la Policía Federal de Curitiba. Fue puesto en libertad en noviembre de 2019, cuando la Corte Suprema determinó que su sentencia solo podría regir en el momento que todas las instancias de ley fueran agotadas. De acuerdo con la Constitución, “nadie puede ser considerado culpable hasta no ser juzgado en última instancia (etapa en la que ya no hay derecho a apelación), y la condena previa vulneraba el principio de presunción de inocencia”.

Al dejar la sede de la Policía Federal en Curitiba, el expresidente Lula se dirigió al pueblo brasileño desde el Sindicato de los Metalúrgicos del ABC paulista. Después de un largo camino, de haberse resistido a la posibilidad del exilio y de sus 580 días de cárcel, la elocuencia de Lula recordaba al líder que ha convocado multitudes a la plaza pública, estadios y universidades. Ese Lula que, en algún momento, dio una profunda esperanza a Brasil y a América Latina, pero que, durante casi dos años, parecía haberlo perdido todo en el enmarañado político-jurídico instaurado en el país con la operación Lava Jato que, en un principio, se definió jurídica y mediáticamente como la mayor investigación judicial anticorrupción realizada en el Brasil republicano.

El jueves pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señaló que “la investigación y el enjuiciamiento del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva violaron su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, su derecho a la privacidad y sus derechos políticos”.

Entre más pasa el tiempo, más parecen estar en jaque la solidez y legitimidad de la operación Lava Jato, lo que ha causado una avalancha política en un Brasil que no ha podido reencontrarse. Y el juez Sérgio Moro, para muchos el héroe, poco a poco se ha ido transformando en villano de uno de los capítulos más sórdidos de la historia reciente de Brasil.

La decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU representa una victoria del Estado de derecho y de la democracia en Brasil. Ahora 2022, en pleno bicentenario de la independencia de Brasil, será un año para reescribir su historia.

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