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La Honduras de las últimas décadas hace recordar una América Central que ha sido la cuna del caudillismo y de los gobiernos militares, lo que tristemente generó el apodo de “Repúblicas Bananeras”.
Este domingo hubo elección presidencial en Honduras, un proceso electoral marcado por 23 muertes, corrupción, endeudamiento y apagones durante el conteo de votos. Los comicios son simbólicos, pues traen de regreso a la campaña a Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, la primera mujer que gobernará Honduras.
Xiomara sustituirá al presidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, quien gobernó por dos períodos y culmina sus mandatos consecutivos a pesar de ser acusado por narcotráfico por Estados Unidos y de instaurar una dictadura de odio y miedo llena de reiterativas violaciones a la Constitución.
El partido Nacional liderado por Nasry Asfura, desde las primeras horas del día, ya se declaraba ganador, lo que denotaba una confianza extrema en su alianza con la derecha continental, a pesar de que al anochecer ya se registraba 62 % de participación de los hondureños y ya se empezaba a ver la ventaja de Xiomara sobre Tito.
La Honduras de las últimas décadas hace recordar una América Central que ha sido la cuna del caudillismo y de los gobiernos militares, lo que tristemente generó el apodo de “Repúblicas Bananeras”.
Sin embargo, la positiva largada de Castro en los comicios, contra viento y marea, recuerda el golpe de Estado militar perpetrado contra Manuel Zelaya en 2009, el primero de algunos dolorosos golpes en América Latina, después de las dictaduras militares. Más tarde se dio el golpe parlamentario del presidente Lugo, en 32 horas, prácticamente sin derecho de defensa. Empezaba así la era de los “golpes blandos”.
Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado el 30 de diciembre de 2009, el 28 de junio de 2009 ocurrió en Honduras el derrocamiento del presidente democráticamente electo y la ruptura del orden democrático y constitucional. Alrededor de las 5 de la mañana, oficiales del Ejército hondureño, actuando bajo instrucción del jefe del Estado Mayor Conjunto y del viceministro de Defensa, adentraron a la residencia presidencial, arrestaron al presidente José Manuel Zelaya Rosales y lo trasladaron en un avión militar a Costa Rica.
Fuentes más críticas resaltaron la participación de oficiales estadounidenses y la función de la Base Militar de Palmerola en el golpe militar de Honduras, lo que hizo recordar los tristes días del cono sur.
Ese mismo día, la Comisión Interamericana emitió su primer comunicado de prensa referente a la situación en Honduras, en el que condenó el golpe de Estado, solicitó la restauración del orden democrático y el respeto de los derechos humanos y exigió que se aclarara la situación de la Canciller y demás miembros del gabinete ministerial, cuyo paradero se desconocía en ese momento.
El 30 de junio, la Comisión solicitó la realización de una visita urgente a Honduras. Asimismo, en cumplimiento de sus obligaciones de promoción y protección de los derechos humanos y en virtud de la recepción de cientos de denuncias de graves violaciones a los derechos humanos, desde el 28 de junio en adelante, la CIDH otorgó medidas cautelares, requirió información sobre la situación de riesgo en que se encontraban determinadas personas como consecuencia del golpe de Estado y solicitó información sobre ellas.
El rechazo de la comunidad internacional al golpe de Estado en Honduras fue unánime. Las autoridades de facto no han sido reconocidas y en los foros internacionales se ha condenado la ruptura del orden democrático y se ha instado a la restitución del presidente Zelaya. En particular, los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos respondieron a la crisis política en Honduras aplicando mecanismos consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que estipula que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y, sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla”.
En este contexto, la Asamblea General de la OEA decidió, en sesión extraordinaria de 4 de julio de 2009, suspender al Estado de Honduras en el ejercicio de su derecho de participación en la organización. En la misma resolución, la Asamblea General decidió “reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Honduras”.
El 22 de septiembre de 2009, la CIDH recibió información de que el presidente Manuel Zelaya Rosales habría regresado a Honduras y que estaría en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa en condición de huésped. De allá para acá, una Honduras bastante sufrida y sin rumbo ha sido gobernada por representantes controvertidos, con prontuarios complejos.
Solo resta saber si Xiomara vence las elecciones, pero tiene una minoría en el Congreso, así que, ¿cuál sería un posible pacto en pro de la gobernabilidad? Si la plataforma de Xiomara atenta contra el clientelismo estructural existente en Honduras, ¿qué pasará? ¿Los resultados electorales serán respectados?
En términos de política exterior, es posible que Xiomara no esté tan alineada con Estados Unidos, ni Taiwán ni Tel Aviv, sino con el ALBA y con China. Y no se puede olvidar que, así como en caso del expresidente Zelaya, Palmerola, la base militar de Estados Unidos en territorio hondureño, es siempre Palmerola.
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