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Brasil da un paso decisivo en la lucha contra la corrupción. El jueves pasado, el Supremo Tribunal Federal (STF) puso fin al fuero privilegiado, por medio del cual el presidente, los ministros, diputados y senadores podían ser juzgados solamente por el STF. El fuero era considerado por muchos analistas y por segmentos importantes de la población como una concesión antidemocrática que contribuía para mantener la impunidad.
La Corte Suprema de Brasil decidió el jueves pasado, por 11 votos a favor y ninguno en contra, que el fuero privilegiado que protege a los parlamentarios investigados penalmente sólo tenga validez para los crímenes asociados al ejercicio del mandato en el período correspondiente. La gran dificultad será definir “qué crimen es cometido en razón del cargo o no”.
A partir de esta decisión, los magistrados del Supremo Tribunal Federal (STF) tendrán que decidir individualmente si los casos que están actualmente en la corte deberán ser remitidos a la primera instancia.
Sin embargo, esta corte suprema mantuvo el fuero de los jueces, ministros del Poder Judicial del Ejecutivo y miembros del Ministerio Publico, lo que con seguridad exigirá muchos debates. Los críticos más contundentes del fuero argumentan que lo ideal sería mantenerlo solamente para los jefes de los tres poderes de la Unión: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Según los líderes del Manifiesto por el fin del Fuero Privilegiado, a partir de su eliminación por el STF se abrirá el camino “para una nueva era de lucha contra la corrupción, en la cual más de 37.000 políticos no van a conseguir librarse de la acción de la justicia”.
Más de dos millones de personas ya firmaron este manifiesto, cuyo organizador es el juez Marlon Reis, elaborador de la Ley de la Ficha Limpia.
En una encuesta hecha por Avaaz, 78 % de los brasileños quieren que el fuero privilegiado sea eliminado y 77 % piensa que la medida ayudaría a combatir la impunidad. Más de 1/3 alega que la aprobación de la medida incrementará su confianza en el Poder Judicial.
Según el coordinador de la Avaaz en Brasil, Diego Casaes, ésta fue la petición más grande desde 2010, cuando se colectaron dos millones de firmas para la aprobación de la Ley de la Ficha Limpia.
Si bien esta decisión histórica significa un paso importante en la lucha contra la corrupción en el país, el ministro Gilmar Mendes demostró preocupación debido a la falta de estructura del Poder Judicial en varios estados y posibles presiones de las fuerzas regionales. Un desafío que deberá ser muy bien analizado por los organismos competentes.
La Organización de Abogados del Brasil afirmó que no es suficiente restringir el fuero; otros privilegios también deberán ser extinguidos. La sociedad brasileña deberá seguir presionando para que la decisión del STF, dirigida en esta ocasión a los parlamentarios, también se extienda a otros cargos públicos, pues miles de autoridades brasileñas siguen respaldadas por el fuero privilegiado. Referente a la operación Lava Jato hay 80 personas con fuero privilegiado, con procesos abiertos en el STF, algunas protagonistas del gobierno actual.
No se debe olvidar que el tema está siendo discutido en la Cámara y en el Senado, lo que probablemente conllevará enmiendas constitucionales tan pronto termine la Intervención Federal en Río y la Constitución lo permita.
Esta decisión renueva la esperanza del pueblo brasileño y, de alguna forma, envía un mensaje de valentía a una América Latina profundamente marcada por la corrupción y la impunidad.
* Profesora Universidad Externado de Colombia.
