El 30 de julio, dos días después de celebrar el cumpleaños 63 del expresidente Chávez, con el firme compromiso de defender su legado, el gobierno de Nicolás Maduro realizará uno de los más controvertidos actos, que afectará la Constitución de 1999 y la democracia en Venezuela por medio de una Constituyente que podrá modificar uno de los puntos más significativos de la Carta Magna elaborada por el Chavismo: la democracia participativa protagónica, en la cual cabían chavistas y opositores.
Diferentemente del momento actual, cuando se elaboró la Constitución de 1999 se realizaron cuatro consultas sobre: “El cambio constitucional, elección de asambleístas, aprobación de la carta y relegitimación de los poderes de origen electoral incluyendo el del presidente”.
El domingo, segmentos de la sociedad venezolana votaron para escoger los 545 representantes que reformarán su Constitución. La jornada electoral se dio en medio de una significativa participación popular, protestas de la oposición y represión por parte del aparato estatal. Infortunadamente se registraron muertos y heridos que se sumarán a la larga lista de víctimas, en los más de cien días de protestas, en una Venezuela en llamas.
En los últimos meses se han registrado muertes de jóvenes, la mayoría de menores de 25 años, innumerables presos políticos y se estima la existencia de millones de armas ilegales en las calles, en medio de la más grave debacle económica del país que posee una de las más grandes reservas de petróleo del mundo.
La aprobación de la Constituyente conllevará a la elaboración de una nueva Constitución, lo que provocará cambios en el sistema político de Venezuela. El primer de mayo de 2017, el gobierno publicó en la Gaceta Oficial los ejes programáticos que serán incluidos en este nuevo documento:
Restaurar la paz y el diálogo, perfeccionar el sistema económico, constitucionalizar los programas sociales, reivindicar el carácter plurinacional del país, consagrar derechos para la juventud y proteger la biodiversidad. Sin embargo, algunos puntos suscitan preocupaciones mayores. Entre estos se destacan: ampliar las competencias del Sistema de Justicia, reconocer la existencia de las comunas como órganos paralelos del gobierno, terminar con el intervencionismo extranjero y recuperar la soberanía.
La Asamblea Constituyente estará compuesta por:
545 miembros
346 territoriales, provenientes de los 24 Estados y 8 Indígenas
173 sectoriales que representan grupos específicos de la sociedad (empresarios, trabajadores pensionados, estudiantes y discapacitados, etc.). Más allá de su composición, la controversia está en los diferentes valores atribuidos al voto. Un candidato indígena tendrá voto por territorio, por sector y por su origen étnico.
Por otro lado, un ciudadano sin sector y sin origen étnico, podrá votar solamente por un delegado territorial, lo que provoca inquietud sobre la representatividad en este proceso constituyente.
La representatividad territorial propicia que cada municipio elija el mismo número de representantes independientemente del número de electores. Se pierde el “principio de un hombre, un voto”, lo que hará que un municipio de 100 mil electores obtenga la misma representatividad de uno que cuenta con 900.000.
Mientras el gobierno ve la Constituyente como un instrumento que podría facilitar la estabilidad política y el retorno de la paz en una Venezuela fracturada, la oposición la analiza como el “golpe de Estado más grave ocurrido en Venezuela”, pues tiende a conservar y a ampliar los poderes de Nicolás Maduro, caminando hacia la eliminación de poderes alternativos.
La Venezuela actual desafía su propia capacidad de resistencia y preocupa la comunidad internacional. Desde el punto de vista regional, se abre un debate: ¿Constituyente, una ruta hacia el retorno de una izquierda totalitaria?
Sin embargo, algo está claro: entre el Madurismo y el chavismo restan profundas diferencias, pero la incertidumbre sigue vigente en Venezuela, después de que los asambleístas fueron elegidos en las urnas.
*Universidad Externado de Colombia
