Por decisión de la Corte Suprema, y siguiendo los dictámenes de la Constitución, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dejó la sede de la Policía Federal en Curitiba, en donde estuvo recluido durante 587 días, acompañado por los integrantes del campamento ¡Lula libre!
Desde hace meses tres acciones generales, y no la defensa del expresidente, como se ha afirmado, venían solicitando que el artículo 283 del Código de Proceso Penal fuera declarado constitucional. En él se determina que una persona no puede ir a la cárcel antes de haber sido agotados todos los recursos a que tiene derecho.
La actual redacción del artículo es de 2011 y corresponde fielmente a lo dispuesto en la Constitución de 1988: “Nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria, de acuerdo con el inciso 57 del artículo 5 del texto constitucional”. En este sentido se interpreta que, hasta el presente momento, Lula es jurídicamente inocente, pues ninguno de los procesos criminales en su contra ha cumplido todas las etapas previstas por la ley. Sin embargo, Lula, durante un año y 7 meses, cumplió pena por determinación de Sergio Moro, juez de segunda instancia, responsable por su caso y actualmente ministro de Justicia del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, aunque no tan activo y poderoso como antes.
En los últimos meses, la imagen del ministro Moro se ha visto afectada, entre otras cosas, por las publicaciones divulgadas por el portal Intercept, bajo el comando del norteamericano Glenn Greenwald. Dichas publicaciones ponen en tela de juicio muchas de las acciones del juez que intentó poner en marcha la mayor Operación Manos Limpias del Brasil Republicano y que acabó transformándolo en un país de delatores, en donde se salvaba quien podía y convenía. Para muchos un héroe, para otros un villano. El expresidente Lula, en sus dos primeros discursos ante el campamento ¡Lula libre!, realizados en la sede de la Policía Federal en Curitiba y ante el Sindicato de los Trabajadores, a pocas horas de su libertad, demostró nuevamente su poder de convocatoria y su predisposición a iniciar, como en los viejos tiempos, una fuerte oposición al gobierno nacional que, seguramente, exigirá un acercamiento del Partido de los Trabajadores a otros partidos progresistas del país.
En sus alocuciones reiteró el deseo de recorrer Brasil para oír a la gente y, de alguna manera, sacar a la población de la apatía y ceguera colectiva que lo dominó desde el Impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, ocurrido sin la debida comprobación del supuesto crimen de responsabilidad que le había sido imputado y que abrió camino para la elección del presidente Jair Bolsonaro, en aquel momento visto por sectores significativos de la población como el posible salvador de la patria, después de más de una década del Partido de los Trabajadores en el poder.Para muchos analistas, la libertad del expresidente Lula podría contribuir a pacificar el país, polarizado desde hace más de 4 años, a partir del establecimiento de una mesa de diálogo nacional para analizar las principales demandas y urgencias de un Brasil impotente ante el modelo económico chileno implementado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, que hasta el momento no solo no ha cambiado el escenario nacional, sino que ha empeorado las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad y ha incrementado la pobreza y la desigualdad.
No obstante, es difícil pensar que en el Brasil de hoy el expresidente Lula podrá transitar con seguridad por el país, volver a subir a las tarimas, encantar las masas y soñar con un país más equitativo y más justo. No es tan simple. Es otro Brasil. Además, no se puede olvidar que la libertad del expresidente aún no significa la recuperación de sus derechos políticos. Para ello será necesaria la anulación de todos los cargos en su contra.
En el Brasil de hoy, la frontera entre la democracia y el autoritarismo es bastante tenue. Aún se desconoce la reacción de los segmentos más conservadores ante la presencia no grata de Lula, y ya se habla de un movimiento en el Congreso hacia una reforma constitucional.
El escenario es complejo, pero el retorno activo del expresidente Lula al escenario político y la consecuente reorganización de la oposición son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, la recuperación de la soberanía y el surgimiento de otro proyecto de país.
Por decisión de la Corte Suprema, y siguiendo los dictámenes de la Constitución, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva dejó la sede de la Policía Federal en Curitiba, en donde estuvo recluido durante 587 días, acompañado por los integrantes del campamento ¡Lula libre!
Desde hace meses tres acciones generales, y no la defensa del expresidente, como se ha afirmado, venían solicitando que el artículo 283 del Código de Proceso Penal fuera declarado constitucional. En él se determina que una persona no puede ir a la cárcel antes de haber sido agotados todos los recursos a que tiene derecho.
La actual redacción del artículo es de 2011 y corresponde fielmente a lo dispuesto en la Constitución de 1988: “Nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria, de acuerdo con el inciso 57 del artículo 5 del texto constitucional”. En este sentido se interpreta que, hasta el presente momento, Lula es jurídicamente inocente, pues ninguno de los procesos criminales en su contra ha cumplido todas las etapas previstas por la ley. Sin embargo, Lula, durante un año y 7 meses, cumplió pena por determinación de Sergio Moro, juez de segunda instancia, responsable por su caso y actualmente ministro de Justicia del gobierno del presidente Jair Bolsonaro, aunque no tan activo y poderoso como antes.
En los últimos meses, la imagen del ministro Moro se ha visto afectada, entre otras cosas, por las publicaciones divulgadas por el portal Intercept, bajo el comando del norteamericano Glenn Greenwald. Dichas publicaciones ponen en tela de juicio muchas de las acciones del juez que intentó poner en marcha la mayor Operación Manos Limpias del Brasil Republicano y que acabó transformándolo en un país de delatores, en donde se salvaba quien podía y convenía. Para muchos un héroe, para otros un villano. El expresidente Lula, en sus dos primeros discursos ante el campamento ¡Lula libre!, realizados en la sede de la Policía Federal en Curitiba y ante el Sindicato de los Trabajadores, a pocas horas de su libertad, demostró nuevamente su poder de convocatoria y su predisposición a iniciar, como en los viejos tiempos, una fuerte oposición al gobierno nacional que, seguramente, exigirá un acercamiento del Partido de los Trabajadores a otros partidos progresistas del país.
En sus alocuciones reiteró el deseo de recorrer Brasil para oír a la gente y, de alguna manera, sacar a la población de la apatía y ceguera colectiva que lo dominó desde el Impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, ocurrido sin la debida comprobación del supuesto crimen de responsabilidad que le había sido imputado y que abrió camino para la elección del presidente Jair Bolsonaro, en aquel momento visto por sectores significativos de la población como el posible salvador de la patria, después de más de una década del Partido de los Trabajadores en el poder.Para muchos analistas, la libertad del expresidente Lula podría contribuir a pacificar el país, polarizado desde hace más de 4 años, a partir del establecimiento de una mesa de diálogo nacional para analizar las principales demandas y urgencias de un Brasil impotente ante el modelo económico chileno implementado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, que hasta el momento no solo no ha cambiado el escenario nacional, sino que ha empeorado las condiciones de vida de los sectores más vulnerables de la sociedad y ha incrementado la pobreza y la desigualdad.
No obstante, es difícil pensar que en el Brasil de hoy el expresidente Lula podrá transitar con seguridad por el país, volver a subir a las tarimas, encantar las masas y soñar con un país más equitativo y más justo. No es tan simple. Es otro Brasil. Además, no se puede olvidar que la libertad del expresidente aún no significa la recuperación de sus derechos políticos. Para ello será necesaria la anulación de todos los cargos en su contra.
En el Brasil de hoy, la frontera entre la democracia y el autoritarismo es bastante tenue. Aún se desconoce la reacción de los segmentos más conservadores ante la presencia no grata de Lula, y ya se habla de un movimiento en el Congreso hacia una reforma constitucional.
El escenario es complejo, pero el retorno activo del expresidente Lula al escenario político y la consecuente reorganización de la oposición son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, la recuperación de la soberanía y el surgimiento de otro proyecto de país.