Mientras la guerra Rusia-Ucrania impacta fuertemente la economía mundial, acelera la salida de los ucranianos hacia a los países vecinos y Rusia sigue perdiendo apoyo ante la comunidad internacional, el ajedrez geopolítico se mueve hacia nuestras latitudes, con algunos hechos sorpresivos.
Según The New York Times, una delegación estadounidense de alto nivel llegó a Venezuela el 5 de marzo. Hecho simbólico después de un largo período de tensiones, represalias y rupturas diplomáticas. Es importante recordar que, en 2015, el presidente Obama sancionó a Venezuela. Mediante el Decreto 13692 la declaró “una amenaza extraordinaria para la seguridad y para la política exterior”. Este decreto conllevó a congelación de bienes y de cuentas bancarias de funcionarios venezolanos, les prohibió la entrada a Estados Unidos o hacer negocios con sus ciudadanos.
En aquel entonces las justificaciones de la Casa Blanca podían ser resumidas en los siguientes puntos: “Erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa”.
De esta forma, Venezuela entraba a la lista de países a los cuales Estados Unidos había declarado Estados de emergencia: Ucrania, Sudán del Sur, República Centro Africana, Yemen, Libia y Somalia.
Según datos de la Agencia Reuters, en 2013, Venezuela envió 51 % de sus exportaciones a Estados Unidos, aproximadamente 800 mil barriles de petróleo diarios. Por eso, tan pronto el presidente Obama firmó la Orden Ejecutiva, la Casa Blanca aclaró que las sanciones no se referían a la industria petrolera.
Sin embargo, en 2017, el presidente Donald Trump escaló las sanciones en contra de Venezuela, cuando acusó a Tareck el Aissami, vicepresidente de Venezuela, de estar inmiscuido en el tráfico de cocaína, se aumentaron las sanciones financieras contra funcionarios venezolanos y se prohibió negociar con bonos de Pdvsa, lo que golpearía fuertemente al sector de la salud y de los alimentos en Venezuela.
En 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro fue reelegido, el presidente Donald Trump impuso sanciones más severas a Venezuela: decretó que las empresas norteamericanas y sus ciudadanos no podrían comprar bonos o títulos de deuda del gobierno venezolano, tampoco del Banco Central de Venezuela y de Pdvsa. También dictó medidas punitivas para bloquear la exportación de oro de Venezuela.
En 2019, la relación se complicó más, sobre todo cuando Estados Unidos y la Unión Europea afirmaron que la solución para la crisis venezolana era anticipar sus elecciones.
El detonante ocurriría el 23 de enero, cuando Juan Guaidó, con significativo apoyo internacional, se autoproclamó presidente de Venezuela.
De allá para acá las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela fueron suspendidas. Estados Unidos puso a Venezuela en jaque cuando prohibió el comercio de su crudo en el país, lo que representaba más del 90 % de sus exportaciones.
Adicional a eso, en la región se creó el Grupo de Lima, aparentemente para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana, lo que, de cierta manera, presionó aún más a Venezuela y a Nicolás Maduro, contribuyendo así al fortalecimiento de relaciones extrarregionales con Rusia, China e Irán, las cuales serían duramente criticadas. Este tablero geopolítico movido por ambos lados, de alguna forma, recordaba ciertas variables de la Guerra Fría, mientras la OTAN se expandía, Rusia incrementaba su presencia en la región.
Con el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, Estados Unidos vuelve la mirada hacia Venezuela por dos motivos: intentar neutralizar la influencia de Putin allí e intentar sustituir el petróleo que compra de Rusia por el de Venezuela. El mundo gira y el ajedrez político se mueve, mientras la comunidad internacional asiste tristemente la reacomodación del Sistema Internacional desde Ucrania.
* Profesora Universidad Externado de Colombia.
Mientras la guerra Rusia-Ucrania impacta fuertemente la economía mundial, acelera la salida de los ucranianos hacia a los países vecinos y Rusia sigue perdiendo apoyo ante la comunidad internacional, el ajedrez geopolítico se mueve hacia nuestras latitudes, con algunos hechos sorpresivos.
Según The New York Times, una delegación estadounidense de alto nivel llegó a Venezuela el 5 de marzo. Hecho simbólico después de un largo período de tensiones, represalias y rupturas diplomáticas. Es importante recordar que, en 2015, el presidente Obama sancionó a Venezuela. Mediante el Decreto 13692 la declaró “una amenaza extraordinaria para la seguridad y para la política exterior”. Este decreto conllevó a congelación de bienes y de cuentas bancarias de funcionarios venezolanos, les prohibió la entrada a Estados Unidos o hacer negocios con sus ciudadanos.
En aquel entonces las justificaciones de la Casa Blanca podían ser resumidas en los siguientes puntos: “Erosión de las garantías de derechos humanos, persecución de opositores políticos, restricciones a la libertad de prensa, violencia y abusos a los derechos humanos para responder a protestas antigubernamentales, arrestos arbitrarios y detención de manifestantes antigubernamentales y corrupción pública significativa”.
De esta forma, Venezuela entraba a la lista de países a los cuales Estados Unidos había declarado Estados de emergencia: Ucrania, Sudán del Sur, República Centro Africana, Yemen, Libia y Somalia.
Según datos de la Agencia Reuters, en 2013, Venezuela envió 51 % de sus exportaciones a Estados Unidos, aproximadamente 800 mil barriles de petróleo diarios. Por eso, tan pronto el presidente Obama firmó la Orden Ejecutiva, la Casa Blanca aclaró que las sanciones no se referían a la industria petrolera.
Sin embargo, en 2017, el presidente Donald Trump escaló las sanciones en contra de Venezuela, cuando acusó a Tareck el Aissami, vicepresidente de Venezuela, de estar inmiscuido en el tráfico de cocaína, se aumentaron las sanciones financieras contra funcionarios venezolanos y se prohibió negociar con bonos de Pdvsa, lo que golpearía fuertemente al sector de la salud y de los alimentos en Venezuela.
En 2018, cuando el presidente Nicolás Maduro fue reelegido, el presidente Donald Trump impuso sanciones más severas a Venezuela: decretó que las empresas norteamericanas y sus ciudadanos no podrían comprar bonos o títulos de deuda del gobierno venezolano, tampoco del Banco Central de Venezuela y de Pdvsa. También dictó medidas punitivas para bloquear la exportación de oro de Venezuela.
En 2019, la relación se complicó más, sobre todo cuando Estados Unidos y la Unión Europea afirmaron que la solución para la crisis venezolana era anticipar sus elecciones.
El detonante ocurriría el 23 de enero, cuando Juan Guaidó, con significativo apoyo internacional, se autoproclamó presidente de Venezuela.
De allá para acá las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela fueron suspendidas. Estados Unidos puso a Venezuela en jaque cuando prohibió el comercio de su crudo en el país, lo que representaba más del 90 % de sus exportaciones.
Adicional a eso, en la región se creó el Grupo de Lima, aparentemente para buscar una salida pacífica a la crisis venezolana, lo que, de cierta manera, presionó aún más a Venezuela y a Nicolás Maduro, contribuyendo así al fortalecimiento de relaciones extrarregionales con Rusia, China e Irán, las cuales serían duramente criticadas. Este tablero geopolítico movido por ambos lados, de alguna forma, recordaba ciertas variables de la Guerra Fría, mientras la OTAN se expandía, Rusia incrementaba su presencia en la región.
Con el inicio de la guerra Rusia-Ucrania, Estados Unidos vuelve la mirada hacia Venezuela por dos motivos: intentar neutralizar la influencia de Putin allí e intentar sustituir el petróleo que compra de Rusia por el de Venezuela. El mundo gira y el ajedrez político se mueve, mientras la comunidad internacional asiste tristemente la reacomodación del Sistema Internacional desde Ucrania.
* Profesora Universidad Externado de Colombia.