Entre los años 2021 y 2023 se presentaron 41 denuncias relacionadas con abuso sexual por parte de deportistas, varios menores de edad o con discapacidades. Hoy, después de derechos de petición y tutelas, por fin la Fiscalía respondió a las víctimas: cero avances en sus denuncias.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Dentro de los casos se encuentran, por ejemplo, el de un joven con síndrome de Down en el Complejo Acuático Simón Bolívar, y un delito de acto sexual con menor de catorce años. En el primer caso, la denuncia terminó en preclusión por “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”. En el segundo, fue archivado por “conducta atípica” el 14 de octubre de 2022, poco más de un mes después de ocurridos los hechos.
Aunque la Fiscalía argumenta que se hizo una investigación exhaustiva, la decisión deja una sensación de impotencia, especialmente cuando existen indicios y testimonios que sugieren la ocurrencia del abuso. La rapidez en archivar contrasta con la lentitud para avanzar en los juicios.
Estas 41 denuncias se presentaron como resultado de un esfuerzo que hicimos desde la dirección del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) de Bogotá para apoyar a las víctimas en su denuncia. A pesar del acompañamiento y de poner a disposición al Instituto para facilitar las investigaciones, la Fiscalía no avanzó en ninguna.
La primera respuesta de la Fiscalía, en cabeza de Luz Adriana Camargo, fue el silencio. Frente a la inactividad de los procesos, en marzo de 2025 radiqué un derecho de petición con una pregunta sencilla y directa: ¿qué ha pasado con las denuncias por violencias basadas en género que se interpusieron desde el IDRD mientras fui su directora?
A raíz del silencio institucional me vi obligada a interponer una acción de tutela, que fue fallada a favor el 19 de agosto de 2025. El juez ordenó a la Fiscalía responder de fondo en un término de 48 horas.
La respuesta muestra un panorama desolador para las víctimas. De las 41 denuncias, solo lograron identificar 27 casos, y de ellos 15 están inactivos. La mayoría de ellos han sido archivados por “conducta atípica”, “inexistencia del hecho” o preclusión. Solo ocho se encuentran en etapa de indagación o juicio y cuatro casos fueron inactivados para ser acumulados a otros procesos.
Estos números, más que estadísticas, representan historias de mujeres, niños y niñas que se atrevieron a denunciar, pero la justicia les dio la espalda. La inacción demuestra la falta de debida diligencia de la Fiscalía. El alto número de archivos por “conducta atípica” o “inexistencia del hecho” puede ser indicio de investigaciones que no se están llevando a cabo con la profundidad y el enfoque de género que requieren.
También se evidencian barreras en el acceso a la justicia, pues hizo falta recurrir a una tutela para obtener información básica sobre el estado de las denuncias. No basta con que reciban las denuncias: es imperativo crear un sistema que proteja, acompañe y mantenga informadas a las víctimas sobre la investigación.
La lucha contra la violencia de género nos compete a todos, pero recae con especial responsabilidad en la Fiscalía. No podemos permitir que el archivo y la preclusión se conviertan en la norma, y que el silencio sea la única respuesta para quienes alzan la voz.
Invito a los lectores a firmar la petición “No más impunidad para las mujeres deportistas” en Change.org para exigir a la Fiscalía que actúe con la celeridad y diligencia que estos casos merecen. Juntas y juntos podemos lograr que el deporte sea un espacio seguro para todos.
Por Blanca Inés Durán
