Bogotá: una crisis de basura anunciada

El actual gobierno de Bogotá, al igual que sus antecesores, no ha podido sacar adelante un modelo de recolección de basuras, y la ciudad se mantiene en un modelo “provisional” que lleva más de 20 años.

El desorden y el mal olor que invaden a Bogotá no son simple percepción: son una realidad que revela una crisis administrativa anunciada. Mientras los contenedores rebosan como monumentos a la inoperancia y los operadores incumplen sus rutas sin previo aviso, la administración distrital parece sorprendida, a pesar de que conocía el plazo desde hace años: el contrato de aseo de la ciudad expira en febrero de 2026, y no hay un plan B a la vista.

La historia de la gestión de residuos en Bogotá es un ciclo de improvisación. A raíz de que la EDIS (Empresa Distrital de Servicios Públicos) fue carcomida por la corrupción y la politiquería, se liquidó en 1993. Se creó entonces la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), y la ciudad apostó por un modelo de operadores privados, dividiendo la capital en zonas de servicio.

En 2002 se consolidó el esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), una figura legal transitoria que buscaba garantizar la inversión en zonas vulnerables antes de dar el salto a la libre competencia. Como suele ocurrir en Colombia, lo transitorio se hizo permanente, y el modelo lleva ya más de dos décadas funcionando entre prórrogas y licitaciones de última hora.

Los bogotanos recuerdan que el punto de tensión más álgido se alcanzó en 2012 durante la alcaldía de Gustavo Petro. Su intento de implementar un operador público a través de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, aunque bien intencionado, se ejecutó sin la planificación ni los recursos necesarios, y la respuesta de los operadores privados, que no se querían dejar quitar el negocio, llevó a la ciudad al borde del colapso sanitario.

La crisis se resolvió de urgencia con los mismos operadores privados, pero el problema de fondo persistió. En 2017, la administración de Enrique Peñalosa licitó nuevamente el servicio bajo el mismo modelo, añadiendo los ahora infames contenedores. Una solución que, casi una década después, ha demostrado ser más un problema que un alivio por su falta de supervisión y cultura ciudadana.

El ciclo de la improvisación nos trae al presente. La administración del alcalde Galán, consciente desde 2020 de la fecha de vencimiento del contrato, en lugar de planificar con tiempo una transición ordenada hacia el modelo de libre competencia que ordena la ley —donde la ciudadanía escoge su operador—, optó por el afán. El reciente rechazo de la Comisión de Regulación de Agua Potable (CRA) a su propuesta de mantener las ASE, por falta de sustento técnico, no es una sorpresa: es la crónica de un fracaso anunciado.

Quedan menos de seis meses para que el contrato expire y la dirección de la UAESP está acéfala, ya que la crisis costó la cabeza de la directora, Consuelo Ordóñez.

¿Qué pasará en febrero cuando los operadores actuales no tengan obligación de recoger la basura? ¿Qué haremos los bogotanos ante la inminencia de una emergencia sanitaria? Haber sido candidato tres veces no parece haber preparado al alcalde Galán para tomar decisiones sobre este problema, que ya estaba anunciado. Si la administración no actúa ya, los bogotanos seguiremos enterrados entre la negligencia y la basura.