Burocracia disfrazada de educación

El proyecto de ley para crear la Universidad del Ministerio Público es la última perla de la clase política para negociar puestos por favores políticos con el mejor postor.

Si no es porque La Silla Vacía nos cuenta, el proyecto de ley para crear la Universidad del Ministerio Público, impulsada por el procurador Gregorio Eljach, hubiera pasado de agache.

En el momento de escribir esta columna, el proyecto ya había cursado silenciosamente 7 debates, y sólo le quedaba uno para convertirse en ley, lo cual es una prueba de que muy poco de lo que sucede en el Congreso se hace de cara a la ciudadanía, sino en negociaciones políticas donde lo importante es el intercambio de favores a cambio de burocracia.

La razón por la cual este proyecto es problemático es porque no aporta en nada a la educación de Colombia, y en cambio sí le da más fuerza a la politiquería y al intercambio de favores por puestos en la burocracia estatal. Es decir, el famoso “yo nombro a tus familiares y tú me elijes”.

No debemos subestimar el poder del intercambio de favores entre las clases políticas del país. En el mes de septiembre vimos cómo el exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, llegó hasta la Corte Constitucional gracias a una estela de intercambios de favores con amplias redes del poder regional, todos comprobados y ampliamente denunciados por los medios de comunicación.

La Silla Vacía y la Fundación Paz y Reconciliación explicaron su modo de operar: “durante los primeros cinco meses como defensor del Pueblo, 26 de los 38 nombramientos directivos que hizo Carlos Camargo fueron cuotas de los partidos que lo eligieron [como magistrado]. Menos de la mitad de los nombramientos que hizo Camargo tenían la experiencia que requerían sus cargos”.

Este entramado de favores llevó a Camargo, un profesional “no muy reconocido”, a uno de los cargos más importantes y cruciales para proteger los derechos de los colombianos. En un cargo donde la independencia es fundamental, estos hilos de poder lo amarran al cumplimiento de favores políticos de quienes lo nombraron.

Lo mismo sucederá si se llega a crear esta nueva pata del leviatán burocrático que es la Procuraduría. El proyecto, que no tiene evaluación de impacto fiscal, destina 600.000 millones de pesos a su creación. Como lo explica Rodrigo Uprimny, gracias a estos recursos “Eljach nombrará al primer rector y a todos los integrantes del primer consejo superior, que definirá la planta, los estatutos y manuales de funciones. Esta no es entonces la Universidad del Ministerio Público, que ya es malo, sino la de Gregorio Eljach”.

También es muy diciente que hasta el momento ningún congresista se había manifestado al respecto. El proyecto pasó de agache, lo cual demuestra que la mayoría se sienten cómodos con la creación de más puestos para tener con qué negociar apoyos.

Estamos a menos de cinco meses de unas elecciones de Cámara de Representantes y Senado. Es importante que los colombianos tengamos buena memoria a la hora de salir a votar y renovar a quienes dicen representarnos, pero que una vez sentados en su curul, legislan a beneficio propio.