El 3 de agosto de 2023, una menor de edad con una pasión genuina por su deporte entrenaba en el Parque Recreodeportivo El Salitre. Su entrenador, un profesor reconocido, se había ganado la confianza de estudiantes y familias. Al terminar la práctica, le pidió que lo acompañara a recoger unos implementos en su almacén, frente al parque. Ella confió y fue. Adentro, la llevó a la parte de atrás y abusó de ella.
Un amigo de la joven alertó a la policía, que detuvo al entrenador y lo llevó a la URI. Tras horas de pruebas en medicina legal y de repetir una y otra vez el relato de lo ocurrido —revivir el trauma frente a desconocidos—, el hombre quedó en libertad: no había flagrancia.
Lo que siguió fue, si cabe, aún más inhumano. La justicia tardó más de un año en imputar cargos, y las audiencias se aplazaron una y otra vez mientras el entrenador difundía entre colegas y estudiantes que la joven se había enamorado de él, lo había seducido y ahora quería arruinarle la carrera. Muchas personas le creyeron. La verdadera víctima fue estigmatizada, aislada y excluida de competencias, y la demora afectó su nombre, su salud mental y su carrera deportiva.
Durante un año, la mamá de la joven —entonces menor de edad— buscó ayuda en distintos lugares. Un abogado conocido se ofreció a llevar el caso gratis, pero nunca tuvo tiempo para atenderlo y se retiró. Fue entonces cuando ella llegó a la Fundación Vamos Colectivo y nos contó su historia. Esta madre, que trabaja desde temprano y llega tarde a casa, había inscrito a su hija en un deporte para que tuviera un lugar seguro mientras ella no estaba. Jamás imaginó que sería justo allí donde le harían daño a su hija (ver el video).
Desde la Fundación conseguimos un abogado que asumió el caso sin costo y comenzamos las solicitudes a la Fiscalía y la búsqueda de pruebas. Aunque no debería ser tarea de la víctima demostrar la culpabilidad del acusado, la Fiscalía tiene tantos casos —y le da tan poca prioridad a la violencia de género— que, en la práctica, es ella quien termina reuniendo las pruebas.
Con la Fundación hemos hecho plantones frente a la Fiscalía, presentado una denuncia contra la fiscal por la demora del proceso ante la comisión de acusaciones del Congreso y llevado el caso a los medios de comunicación.
La mamá ha dado la cara en cada una de estas acciones, porque su hija era menor de edad y porque no quería seguir siendo víctima de acoso y señalamientos. Para la joven era —y sigue siendo— muy duro sostener el deporte que ama mientras enfrenta esta denuncia.
A pesar de todo, las audiencias siguieron aplazándose: enfermedades, documentos faltantes, cualquier excusa servía. El acusado salió del país y, según nos informaron, hoy entrena a niñas en Panamá. Una madre panameña, preocupada, nos escribió al enterarse. Pero como aún no hay condena, él sigue entrenando. ¿Cuántas niñas más están en riesgo en este momento?
Después de casi tres años de lucha constante, por fin se fijó fecha para el juicio que decidirá su suerte. Es un gran logro, pero también un gran reto: según los testigos de la defensa, intentarán demostrar que la joven dio su consentimiento —la estrategia de casi todos los abusadores—. Por eso el abogado necesita reunir más pruebas: testimonios, peritajes, informes de laboratorio, conceptos de expertos. Y todo eso tiene un costo que ella no puede asumir.
Por eso, desde la Fundación Vamos Colectivo abrimos una Vaki para reunir los recursos que faltan en esta última etapa y que, por fin, se haga justicia. No solo para ella, sino para todas las niñas, jóvenes y mujeres que hoy callan un abuso por miedo a ser revictimizadas. Les pido que nos ayuden a sostener esta lucha: cada aporte, por pequeño que sea, acerca a esta joven a la justicia que merece.