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Las alianzas público-privadas no son el enemigo de la infraestructura en Bogotá; el verdadero riesgo es la ausencia de un control riguroso. El estado actual de la gramilla del Nemesio Camacho es el síntoma de una vigilancia que parece haberse quedado en los camerinos.
En las últimas semanas, el malestar de los equipos bogotanos y de la hinchada por el estado de la cancha del estadio Nemesio Camacho El Campín ha escalado hasta convertirse en un reclamo generalizado. Lo más fácil es echarle la culpa a la Alianza Público-Privada (APP) licitada en 2023, intentando endilgarle la responsabilidad a la administración anterior. Sin embargo, hay que ser claros: una concesión no es mala por ser público-privada; una concesión fracasa cuando el seguimiento y la evaluación brillan por su ausencia.
Tras el cambio de administración, la alcaldía actual tardó casi un año en firmar el acta de inicio con el concesionario SENCIA. Durante ese 2024, mientras se surtían los trámites, el IDRD autorizó cuatro conciertos. No obstante, una vez el privado tomó las riendas en octubre de ese año, el ritmo cambió drásticamente: tres conciertos para cerrar 2024 y una cifra sin precedentes de nueve espectáculos en 2025.
Lo preocupante no es solo la cantidad, sino la frecuencia. Vimos eventos con apenas cinco días de diferencia, como sucedió entre J Balvin y Gilberto Daza en diciembre pasado. Esta intensidad ignora por completo los estudios de la Universidad Distrital, que recomiendan al menos dos meses entre conciertos para que el césped se recupere del impacto.
El argumento del concesionario es que el cambio a una gramilla híbrida (natural y sintética) permite esta explotación intensiva. Pero aquí surgen las preguntas de fondo que como ciudadanas y ciudadanos debemos hacernos: ¿hizo el IDRD el seguimiento técnico para verificar que este cambio era suficiente? ¿Dónde estaba la interventoría mientras se programaban fechas que asfixiaban el campo? ¿Por qué la entidad solo reaccionó cuando el escándalo con la Dimayor estalló en la prensa?
Las APP son una herramienta válida para generar infraestructura cuando el Estado no tiene los recursos, y hay varios casos de éxito en el país, como por ejemplo la conversión del coliseo cubierto El Campín al actual Movistar Arena, un escenario de talla internacional que mantiene una agenda de artistas y shows de alta calidad.
Pero para que funcionen, requieren una supervisión de hierro y una entidad que no sea permisiva frente a los intereses particulares. No podemos ignorar que, en medio de este deterioro, se han dado movimientos como la venta a Corficolombiana o modificaciones contractuales que le otorgan más tiempo al concesionario para iniciar la construcción del nuevo estadio.
Bogotá no puede permitir que una herramienta útil para el desarrollo urbano se desvirtúe por una vigilancia laxa. El Campín es el corazón deportivo de la ciudad y su protección debe estar por encima de la rentabilidad inmediata de los espectáculos. Que una buena idea no se marchite por una mala supervisión.