El ministro de Vivienda viajó a Santa Marta con su familia en medio de una de las peores crisis del país: miles de personas damnificadas, sin casa, que perdieron el lugar donde vivían. En Chocó ni siquiera hay suficientes albergues para que las personas se refugien, y muchas se han quedado literalmente en la calle, mientras circulan fotos y videos del ministro en actividades recreativas.
Siempre he criticado que a los funcionarios públicos en Colombia no se les permita descansar, que no se les perdone tomar vacaciones o tener unos días libres. A diferencia de lo que sucede en EE. UU., aquí los presidentes no toman días de descanso ni pueden pedirle al Congreso que se los permita; después de la famosa frase “trabajar y trabajar”, parece prohibido que los funcionarios se cansen, que sean humanos.
Pero una cosa es pedir un descanso después de un tiempo de trabajo, como cualquier persona que usa su derecho, y otra muy distinta es viajar apenas 15 días después de posesionarse, con una emergencia de la magnitud del terremoto reciente todavía sin resolver.
El ministro salió a defenderse diciendo que él debe ser un buen padre y un buen esposo, y eso está bien, es parte de sus valores individuales. Pero a él no lo nombraron para ser buen padre o buen esposo, sino buen ministro, y que haya priorizado sus necesidades individuales en medio de la tragedia habla mal de su visión de lo público y su compromiso con el cargo.
No se trata de olvidar que son seres humanos, se trata de cumplir con el papel del Estado, que es la materialización de la solidaridad de una sociedad. Los seres humanos hemos sobrevivido como especie gracias a nuestra capacidad de pensar en el otro, incluso en quienes nunca conoceremos. Para que ese pensar colectivo funcionara, creamos el Estado y le dimos la función de convertir lo que aportamos en vías, hospitales, colegios: la expresión misma del actuar social. Por eso un funcionario público no es igual a un empresario, cuyo papel es lograr ganancias para sí mismo o sus accionistas. Un funcionario público debe pensar en el colectivo; su misión es pensar en todos y en lo que más nos conviene como país, no solo en sus intereses personales, aunque los tenga. Es el garante de que el Estado atiende a todos y a todas sin distinción de etnia, género, edad o estatus.
Pero si el funcionario prioriza lo individual, ¿dónde queda el Estado? Se pierde su esencia y su razón de ser. ¿Qué tanto puede aportar a las soluciones reales de la sociedad alguien que, en medio de la tragedia, se prioriza a sí mismo? ¿Será capaz de tomar decisiones que beneficien a todos, o solo tomará decisiones a su favor?
El ministro deberá responder en la moción de censura. Seguro que allí no pasará nada, pero quizá sirva para entender que el Estado no es una empresa y que el servicio público es eso: un servicio a los demás.
Por Blanca Inés Durán
