Impunidad a todos los niveles

Desde el hurto callejero hasta el desfalco del presupuesto, en Bogotá la impunidad es la regla.

Las y los bogotanos ya estamos familiarizados con los altos niveles de impunidad que trae la justicia. El ladrón de celulares es capturado, lo llevan a la URI y a las pocas horas queda en libertad; al maltratador que golpea a su familia le conceden casa por cárcel; y a los fleteros los atrapan portando un brazalete del INPEC. Pero existe un nivel de impunidad que no tiene tanto impacto en las redes o en los medios, que es menos vistosa y de la cual no dimensionamos el impacto negativo que genera en nuestra sociedad: la corrupción de funcionarios de altos niveles.

Es común que cada vez que se nombra a un nuevo contralor en Bogotá, surja una noticia de un escándalo de corrupción, pérdida de recursos y auditorías “exhaustivas” que, generalmente, no terminan en nada; el ejemplo más reciente es el de la Universidad Distrital. Desde un punto de vista de costo-beneficio, los órganos de control simplemente no sirven. El presupuesto anual de la Contraloría de Bogotá es de 287.000 millones de pesos, y de acuerdo con su último informe, logró recuperar durante el 2024 apenas $31.000 millones de pesos; es decir, cerca del 10 % de lo que nos cuesta. Desde una perspectiva financiera, le saldría más barato a Bogotá dejar de gastar ese dinero en la burocracia de la Contraloría e invertirlo en proyectos de gran impacto. Al final, lo que se recupera es tan poco que resulta más eficiente inyectar esos recursos directamente en inversión.

Si por la Contraloría llueve, por la Personería de Bogotá no escampa. Esta entidad le cuesta a la ciudadanía $298.000 millones de pesos al año. En 2025, tenía un inventario de 2.243 expedientes contra funcionarios públicos de la ciudad; de esos, tan solo salieron 17 pliegos de cargos y apenas tres terminaron en sanciones. Es decir, la ciudadanía pagó casi 100.000 millones de pesos para sancionar a un solo funcionario. Es claro que los entes de control a nivel distrital necesitan una reforma estructural para mejorar los sistemas de información y transparencia, porque los niveles de impunidad son, sencillamente, ridículos.

La razón por la cual esto sigue sucediendo es porque los órganos de control funcionan bajo el esquema de “yo te elijo y tú me nombras”, tan común en las instituciones del Estado colombiano. Las y los concejales eligen a quienes los van a vigilar, lo cual evidencia un conflicto de intereses y la facilidad con la que estas entidades pueden ser capturadas por esquemas de contratistas y servidores públicos que organizan la corrupción, tal como conocimos en el “carrusel de la contratación” de la alcaldía de Samuel Moreno. De esos grandes escándalos que dejaron elefantes blancos y obras siniestradas, ninguno fue identificado, detenido o sancionado a tiempo por la Contraloría o la Personería.

Por el contrario, cada administración trata de nombrar a sus amigos en esos cargos para evitar investigaciones y sanciones. En cambio, los órganos de control distrital sí se han instrumentalizado para amenazar a funcionarios que denuncian o que no quieren atender las presiones de los políticos. Si alguien no asigna un proyecto o contrata a un amigo del político de turno, le abren una investigación. Puede que esta no llegue a ninguna parte, pero le amarga la vida al investigado, desprestigia su nombre y lo obliga a gastar fortunas en abogados y defensas en procesos que pueden durar décadas.

No necesitamos más entidades de control, sino esquemas de control institucional donde se prevenga la complicidad entre vigilante y vigilado para, por fin, hacer algo real contra el robo de recursos públicos. Ojalá nos demos este debate en serio y dejemos de pagar miles de millones para recuperar solo centavos.