Al parecer, el gobierno Galán y el Concejo se pusieron de acuerdo para acabar con La Rolita, la única operadora pública de transporte público, que beneficia a más de 52 mil personas y genera más de 700 empleos.
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En los últimos días hay un gran debate en el Concejo que definirá el futuro del único operador público de transporte que existe en Bogotá, La Rolita. Algunos concejales la quieren acabar sin ningún tipo de soporte técnico, solo porque es pública o porque fue una iniciativa del gobierno de Claudia López.
Hasta ese punto ha llegado la irracionalidad de los políticos que supuestamente nos representan, a preferir acabar con una entidad que funciona bien, que ha traído beneficios comprobados a los ciudadanos y es muy necesaria, solo para sacar réditos políticos y en redes sociales.
Para entender esta discusión hay que recordar que el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá funciona bajo una división de la ciudad en 13 zonas. Cada una fue licitada públicamente para que empresas operadoras privadas de transporte prestaran el servicio y garantizaran que la ciudadanía podía moverse por toda la ciudad y quedar conectados con el resto de sistema de transporte público, incluyendo Transmilenio.
Una de las zonas que se sacó a licitación fue la del Perdomo en Ciudad Bolívar, un sector que tiene más de 350 mil habitantes. Desafortunadamente, en cinco ocasiones fue declarada desierta, y por cerca de 10 años estos barrios no tuvieron acceso a un servicio de transporte público adecuado, sino que tenía que recurrir al transporte “pirata” con costos muy superiores a los que se pagan en el servicio público. Era común que los habitantes de la localidad tuvieran que tomar dos o tres transportes para salir del sector y conectarse con el sistema de transporte.
La Rolita resolvió ese problema pues, con su entrada en operación, más de 53 mil personas empezaron a transportarse diariamente en un servicio de un sistema formal, digno, con 100 % de accesibilidad para personas con discapacidad, buses 100 % eléctricos, y que además su flota es conducida en un 80 % por mujeres.
El principal argumento de los concejales que quieren acabar con La Rolita es que es ineficiente. Sin embargo, su denuncia brilla por la falta de datos que lo confirmen. Se limitan a repetir que La Rolita es pública y por esto debe ser eliminada, para reducir el costo en el presupuesto público y como si los operadores privados garantizaran su eficiencia.
La realidad es que hay empresas que son buenas y malas ejecutoras, independientemente de si son públicas o privadas. En el caso de La Rolita, ha probado ser una buena ejecutora, con buena salud financiera en tan sólo dos años de funcionamiento, y con altas ganancias sociales, puesto que ha beneficiado a un sector de la ciudad que nadie quería cubrir.
Adicionalmente, La Rolita ha contratado más de 700 personas con empleo formal, de las cuales 500 son mujeres que antes no tenían ingresos o seguridad social, y que crea condiciones para que no sean acosadas o violentadas.
Los concejales que insisten en que es ineficiente la comparan con los operadores privados, pero lo extraño de la comparación es que el Distrito y la ciudadanía en general no tiene acceso a los datos de las empresas privadas que operan las otras rutas, porque ellos no le dan acceso a nadie a sus costos operativos, a los pagos que les hacen a sus trabajadores o a sus ganancias.
Si no tenemos acceso a esa información, ¿cómo pueden decir los concejales que esas empresas son más eficientes? ¿Será que ellos tienen datos confidenciales que el resto de los bogotanos no conocemos? ¿Será que tienen una relación más cercana con los empresarios que quieren acabar con la competencia de La Rolita?
Si La Rolita se acaba, no sólo será responsabilidad de los concejales. Aunque la Alcaldía presentó los estudios para que continuara, y se envió información al Concejo para la aprobación de la empresa, suena muy raro que justo en este momento la Corporación no le quiera aprobar un proyecto a la administración Galán.
Hasta ahora le han aprobado todo por mayoría en el Concejo, desde el plan de desarrollo, el presupuesto de este año y hasta el cupo de endeudamiento. Ningún proyecto de la Alcaldía se ha hundido, pero justo en este caso el Concejo decidió decirle que no al alcalde y pelear con él.
Todo esto suena muy extraño, sobre todo si se tiene en cuenta que Carlos Fernando Galán votó en contra de La Rolita cuando fue concejal. Ahora parece que no la está defendiendo con tanto “perrenque” como defendió las otras propuestas que han pasado por el Concejo. ¿Será que quiere dejarle el costo político del cierre de La Rolita al Concejo?
Lo único cierto en este caso es que Bogotá tiene un operador público de transporte que ha sido rentable económica y socialmente. Un operador que beneficia a más de 52 mil personas diarias con su operación, y un generador de más de 700 empleos. ¿Vamos a permitir que se acabe todo esto sólo por la mezquindad política?
Por Blanca Inés Durán
