El próximo 11 de febrero se termina el contrato de aseo entre los operadores privados y el Distrito. Aunque ese día y el siguiente parezcan transcurrir con normalidad, la realidad es que Bogotá se asoma a un precipicio administrativo que esta alcaldía no fue capaz de prever. Estamos ante la crónica de una catástrofe anunciada.
Nadie notará el problema de inmediato, pero una vez se termine el contrato, los operadores privados empezarán a ofrecer el servicio de forma individual. Se acabaron las zonas exclusivas y la adjudicación de localidades por empresa. Bajo el modelo de libre competencia, cada ciudadana o ciudadano tendrá que escoger quién recogerá sus desperdicios.
Sobre el papel, elegir operador suena a libertad; en la práctica, es una condena a la desigualdad. Los operadores iniciarán una “guerra del centavo” por los clientes que más pagan —estratos 5 y 6— para recoger la basura de “mejor calidad”. Mientras tanto, localidades como Usme, Bosa, San Cristóbal y Ciudad Bolívar quedarán en el olvido porque prestar el servicio allí no es rentable o implica demasiado esfuerzo.
En estos sectores, los habitantes tendrán que rogar por la recolección, enfrentando posibles aumentos en la tarifa, ya que en el libre mercado no habrá control de precios, más allá de los límites de la Comisión de Regulación de Agua potable y saneamiento básico (CRA). Para rematar, el cobro ya no llegará en la factura de ENEL; cada empresa deberá buscar cómo cobrarles a sus clientes, generando un caos administrativo y financiero para los hogares.
¿Cómo llegamos aquí? La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) sabía que el contrato vencía este 11 de febrero. Para mantener el modelo de áreas exclusivas, debía presentar a la CRA un soporte técnico impecable que justificara la licitación. Pero la entidad falló: presentó documentos incompletos que fueron devueltos una y otra vez.
La “solución” del alcalde Galán fue cambiar a la directora de la UAESP por un técnico que, sin tiempo para maniobrar, ha optado por usar a la empresa pública Aguas de Bogotá para recoger la basura en los puntos críticos. Esto parece más un pantallazo para medios que una solución estructural. Mientras la competencia feroz se desata, los puntos críticos —esos focos de ratas y enfermedades— dejarán de ser prioridad para los privados por su alto costo operativo.
En 2012, las voces de alarma sobre una emergencia sanitaria inundaron los medios cuando el alcalde era Gustavo Petro. Hoy, el silencio es pasmoso. El 12 de febrero, miles de bogotanas y bogotanos no sabrán qué hacer ante una oferta de operadores que no saben evaluar, mientras otros simplemente verán cómo nadie pasa por su cuadra. A este paso, febrero será el mes de la lluvia de basuras, aunque no lo hayan predicho las cabañuelas.
Por Blanca Inés Durán
