La investigación de la SIC a la DIMAYOR demuestra la miopía de los empresarios del fútbol que, además de cometer actos de corrupción en contra de las jugadoras, están dispuestos a perder oportunidades de negocio con tal de no ceder sus cuotas de poder.
La semana pasada escuchamos en el podcast de María Jimena Duzán la denuncia que vienen haciendo Manuela Acosta, jugadora de fútbol y fundadora de la liga de la División Avanza, y la Representante a la Cámara Catherine Juvinao, sobre las jugadas sucias que le están haciendo al fútbol femenino en Colombia y que no han permitido su desarrollo.
Dentro de las denuncias, que están en investigación de la Superintendencia de Comercio (SIC), se encuentran que lo equipos de fútbol de la Dimayor se han puesto de acuerdo para poner topes salariales a las futbolistas, limitar la liga a sólo tres meses y acabar anticipadamente el contrato a las futbolistas de los equipos que van quedando eliminados en el campeonato.
Han llegado a medidas realmente tristes, como transmitir partidos de fútbol de la liga femenina sin narradores y sin mostrar el marcador para hacerlos menos atractivos.
Bajo estas condiciones es imposible que una mujer pueda ser futbolista profesional, es decir, que dedique el 100 % de su tiempo y sus recursos a esta profesión.
Pero lo que más llama la atención en esta historia es que la Dimayor ha rechazado dinero proveniente tanto del Ministerio del Deporte como de patrocinadores privados con tal de no dejar que la liga femenina se desarrolle en un país tan futbolero como Colombia y que ha acompañado los logros del fútbol femenino, tanto a nivel de ligas como de selección.
Que la Dimayor rechace dineros tanto públicos como privados desvirtúa el argumento de que el fútbol femenino no es negocio: de que nadie lo ve, nadie va a los estadios, nadie va a comprar la camiseta de jugadoras de fútbol.
Este argumento además es el éxito que están teniendo jugadoras como Linda Caicedo, Mayra Ramírez y muchas más en el fútbol internacional, así como el buen desempeño de la Selección Colombia femenina de mayores y las sub-20 y sub-17, en comparación con las masculinas.
La pregunta evidente que queda es: ¿por qué razón los empresarios del fútbol, que en teoría deberían estar interesados en generar nuevos negocios y abrir nuevos mercados, son tan miopes y obstaculizan a la liga femenina?
La respuesta práctica a esta pregunta tendrá que salir de la investigación que está haciendo la SIC, de la cual se espera que por fin actúe para castigar las prácticas corruptas que se dan en el mundo del fútbol (tanto femenino como masculino).
Sin embargo, no debemos dejar que el escándalo del momento nos impida ver el panorama más amplio. Lo que sucede aquí es lo que economistas como Daron Acemoğlu y James Robinson llaman élites rentistas.
Según estos dos autores, las élites de las sociedades hacen todo lo posible por mantener el estatus quo y conservar sus cuotas de poder y sus rentas, incluso si eso significa oponerse al desarrollo de nuevos mercados, de innovaciones tecnológicas y de la creación y distribución de nueva riqueza, lo cual genera beneficios para el conjunto de la sociedad.
Este es un caso más en Colombia donde las élites están más ocupadas en proteger sus cuotas de poder que en fomentar el desarrollo del país. Este es el caso del fútbol, pero ese mismo actuar lo podemos ver en otros escenarios: los negocios, la política electoral, etc.
Sin embargo, este caso también demuestra que la insistencia y las iniciativas de mujeres como Manuela Acosta son dinamizadoras de la sociedad. No se quedan en la queja y la denuncia, sino que buscan alternativas para desarrollar sus proyectos.
En su lucha contracorriente y su insistencia, además exponen a esas élites y sus prácticas anacrónicas, corruptas y machistas que tanto frenan el desarrollo del país. Es por esta razón que esperamos que las autoridades actúen y que tanto el Ministerio del Deporte y las secretarías de deporte de los municipios y gobernaciones apoyen estas iniciativas, así “pisen los callos” de las élites.
Por Blanca Inés Durán
