La semana pasada, La Silla Vacía informó que el gobierno de Abelardo recortó 5.000 contratistas en menos de dos meses, con el objetivo de reducir la burocracia innecesaria, ayudar a disminuir el déficit fiscal del país y además sacar a varias personas contratadas por el gobierno Petro en ministerios y otras instituciones.
La medida, si bien puede tener buenas intenciones, va a tener efectos negativos en el funcionamiento de las instituciones del Estado y además tendrá un impacto en el aumento del desempleo.
Los contratos de prestación de servicios fueron creados para bajar los costos de la creación de puestos de trabajo, lo cual haría (en teoría) que tanto las empresas como las instituciones del Estado aumentaran la contratación, con una consecuente reducción en el desempleo.
Pero hoy, después de décadas de su implementación, hemos comprobado que la contratación por prestación de servicios no aumentó el empleo. Si sirvió, en cambio, para trasladar los beneficios en materia de salud y pensiones de los trabajadores hacia los contratadores.
Es común escuchar los cuentos de horror de las condiciones laborales de los contratistas: demoras en los pagos después de pasar sus cuentas de cobro, meses de demora hasta que le salga el contrato, en los cuales es frecuente que trabajen sin remuneración, y cumplir horario y presencialidad.
Adicionalmente, en mis años trabajando en lo público, he visto que los contratos de prestación de servicios pueden crear dos situaciones, las dos altamente desfavorables. La primera es que un trabajador puede laborar durante años, tal vez décadas, en una institución pública, como contratista.
En muchos de ellos está la memoria histórica de las instituciones, saben cómo se deben hacer los procedimientos internos, como funcionan las instituciones por dentro, pero no tienen el beneficio de ser empleados de la misma. Además, en los Términos de Referencia, en los cuales se describen las tareas y obligaciones del contratista, siempre está el concebido “Todas las tareas que considere el supervisor”, donde cabe de todo, y se presta para la explotación de profesionales que saben que están en condiciones asimétricas de poder, y les toca aguantarse.
Pero así como el contrato de prestación de servicios se puede dar para explotar a un profesional, también se da para contratar “corbatas” y pagar favores políticos. Cada tanto conocemos un escándalo (en todos los gobiernos) de un funcionario que tiene uno o varios contraticos de diez a veinte milloncitos por tareas completamente etéreas.
Se me vienen a la mente los ejemplos de Karen Liseth Vaquiro y Alfredo Saade. La primera, contratista en el gobierno Duque, (cuyo esposo se desempeñaba como asesor legislativo en Presidencia), firmó 24 contratos por un $1.245 millones en 19 meses con al menos 15 entidades públicas.
Por el lado del contratista en el gobierno Petro, el pastor Saade, los colombianos tenemos fresco en la cabeza que la Procuraduría le abrió investigación por su contrato con la UNGRD debido a que, en su reporte de actividades, simplemente copió y pegó lo mismo que el contratista anterior. Es decir que los colombianos le pagamos más de 21 millones de pesos mensuales a Saade por hacer copy paste.
La conclusión es clara, el contrato de prestación de servicios se tiene que acabar. Esta modalidad de contratación se da, al mismo tiempo, para explotar laboralmente a miles de profesionales honestos que han sacado sus carreras adelante con esfuerzo, y para premiar a aliados políticos para pagarles sin trabajar. Es decir, lo peor de los dos mundos.
Si bien el congelamiento de los contratos de prestación de servicios del gobierno de Abelardo puede detener las corbatas que dejó el gobierno anterior, también traerá como consecuencia que muchas de las personas con mucha experiencia y conocimiento técnico van a salir, lo cual tendrá un impacto en la eficiencia de las instituciones, y de los servicios que deben prestar a la ciudadanía.
A esto se le sumará el impacto que tendrá en el aumento del desempleo, pues desde ya son muchos los profesionales a quienes se les cerrarán las puertas para trabajar en el Estado, y será difícil que puedan encontrar otros trabajos en el sector privado. Más difícil será que ingresen al muy golpeado “tercer sector”, como se le llama al grupo de la cooperación internacional, las organizaciones sociales y las ONGs, que sufrieron una reducción de recursos por medidas del gobierno de Trump.
La verdadera solución es acabar con el contrato de prestación de servicios, como lo intentó hacer la exsenadora Angélica Lozano, a lo cual se le opuso todo el establecimiento, y encontraron siempre la manera de hacer que se cayeran los proyectos de ley presentados.
Pero no basta con acabar con esta modalidad de contratación, hace falta fortalecer la carrera pública para asegurarse de que quienes llegan al servicio civil sean los mejores profesionales, y que tengan un buen equilibrio entre buenas condiciones de trabajo, vigilancia tanto de los recursos públicos como de su desempeño y capacidad técnica para sacar adelante los proyectos y servicios que tanto necesita la ciudadanía para por fin salir del subdesarrollo.