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Ya sea por desidia o por ineficiencia, el gobierno Galán demuestra una vez más que no está interesado en ejecutar las obras que necesita Bogotá para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
Colombia nunca se ha caracterizado por su planeación o su coordinación interinstitucional. A menudo presenciamos obras millonarias que terminan sin uso por muchos años, como el puente de la avenida novena con 112, que estuvo 20 años sin uso porque no estaban listas las vías que lo conectaban, o proyectos paralizados por la falta de un permiso, una licencia ambiental o cualquier trámite administrativo que las entidades inventen por el camino.
Nuestros senderos institucionales son más enredados que nuestra propia geografía; por ello, la infraestructura de transporte ha sido históricamente ineficiente, especialmente cuando los intereses de unos pocos priman sobre los de la mayoría.
El caso de los ferrocarriles nacionales es emblemático. Siendo el medio de transporte más económico y sostenible, símbolo del progreso de los países desarrollados, en Colombia fue asfixiado porque los intereses de constructores de vías y propietarios de camiones se atravesaron en su camino, a lo que se le sumó la corrupción y la desconexión estatal.
Desde los años 20 del siglo pasado, el país tuvo la oportunidad de oro de construir un sistema férreo moderno con la plata de la indemnización que Estados Unidos pagó por Panamá, pero la falta de visión integral resultó en obras inconexas y pedazos regionales destinados a pagar favores políticos. Lo que siguió fue una quiebra alimentada por la corrupción que dejó solo vías abandonadas como cicatrices en el paisaje.
Por eso, el Regiotram del Norte es una obra tan importante: un tren eléctrico que promete conectar a Bogotá con la sabana y revivir la esperanza férrea. Sin embargo, parece que alguien quiere aguar la fiesta. La administración del alcalde Galán adoptó la estrategia de inacción, esperando que los plazos venzan para eludir la ejecución.
Durante más de dos años, el Distrito ha tenido la oportunidad de realizar comentarios técnicos y avanzar en los estudios de intermodalidad con el metro y Transmilenio. En su lugar, el silencio administrativo ha imperado, para ahora culpar a terceros y argumentar que el proyecto no conviene a la ciudad. La misma directora de Planeación Nacional, Natalia Molina, confirmó que la nación esperó hasta el límite legal para que Bogotá se sumara.
No es la única obra con la que se está haciendo eso. El velódromo de Gibraltar, el CEFE del mismo sector, el corredor verde de la carrera Séptima y otros tantos ejemplos, muestran que la administración no dice que no, pero tampoco actúa; es decir, ni hace ni deja hacer.
¿Cómo es posible que un tren que movilizará a 187.000 personas diarias y aliviará el caos del norte no sea conveniente? Cualquier persona que vive en Zipaquirá, Cajicá, Chía o el norte de Bogotá y pierde horas de su vida en el trancón de la autopista norte puede confirmar la importancia de este proyecto.
Cabe preguntarse entonces si la inacción de la administración Galán lo que busca es no afectar el modelo de negocio de transporte actual. Una vez más, la falta de planeación y los intereses privados se oponen a una alternativa limpia y efectiva para una ciudadanía que ya no soporta más contaminación ni más trancones.
Alcalde Galán, ¿qué le falta al Regiotram para que su administración se digne a ponerlo en marcha? Todos los reparos técnicos son completamente salvables, si sus secretarios tienen la voluntad de sentarse a concertar con la Nación y la Gobernación de Cundinamarca. ¿Tendrán las y los bogotanos que esperar a que termine su mandato para poder sacar adelante esta obra? Ojalá que con los recursos actuales no se repita la historia de la indemnización de Panamá y no terminemos, de nuevo, viendo cómo el progreso se descarrila entre obras inconclusas y falta de voluntad política.
Por Blanca Inés Durán
