Entre la llegada del primer tren del metro y la crisis de basuras, la solicitud de renuncia de los alcaldes locales de Bogotá pasó desapercibida. ¿Cuál es la negociación política detrás de esto?
El alcalde Carlos Fernando Galán pidió la renuncia a los 20 alcaldes y alcaldesas locales. El anuncio llegó a través de un trino del Secretario de Gobierno, Gustavo Quintero:
“Por instrucción del Alcalde Mayor @CarlosFGalan pedimos la renuncia protocolaria a las alcaldesas y alcaldes locales. La evaluación permanente es uno de nuestros principios de gerencia pública”. Un anuncio que presenta como una decisión técnica lo que, a todas luces, parece una compleja movida política.
Es importante recordar que los alcaldes locales son un tipo de funcionario público que tienen un pie en lo técnico y otro en lo político. Además, son responsables de localidades que pueden tener más habitantes que varias capitales departamentales del país. Pensemos por ejemplo en Suba o Kennedy, cada una con más de un millón de habitantes.
Además, tienen más de 300 funciones asignadas, que van desde verificar las pesas en el comercio hasta reparar la malla vial, pasando por atender los temas de orden público y seguridad. Todo con un presupuesto que rara vez es suficiente, y por el cual cualquier evaluación de gestión, si se es lo suficientemente estricto, puede resultar negativa. Lo digo con conocimiento de causa, pues tuve el honor de ser alcaldesa de Chapinero, y sé de primera mano que ser alcalde local es una de las tareas más difíciles de la administración pública.
La solicitud de renuncia coincidió con dos hechos clave: el hundimiento de la reforma tributaria del alcalde en el Concejo y un informe de la Contraloría que advertía sobre posibles focos de corrupción en algunas alcaldías. ¿Es entonces una simple evaluación de gestión, como se nos dice?
Analicemos las coincidencias, que en política rara vez existen. Al final, se aceptaron las renuncias de las alcaldesas de Chapinero y Fontibón. Curiosamente, la de Chapinero fue apoyada por el Nuevo Liberalismo, el partido del propio alcalde, que hoy no parece estar del todo alineado con él en el Concejo. Y la de Fontibón que, aparentemente, fue apoyada por un concejal influyente en una localidad donde se encuentra el Aeropuerto El Dorado, cuya exención de impuestos era un punto clave de la reforma tributaria que se acaba de hundir.
Frente a los crecientes rumores, el propio secretario salió al paso en otro trino para afirmar que “la decisión de las alcaldías locales no tiene que ver con negociaciones políticas como algunos han querido insinuar”. Pero, como decía mi mamá, “explicación no pedida, culpa manifiesta”. Si la razón de fondo fuera el informe de la Contraloría, ¿por qué no se actuó con la misma contundencia en Kennedy y Ciudad Bolívar, también señaladas en el documento?
A pesar de la decisión basada en la aparente evaluación de gestión, parece que la “tal negociación política” sí existe. Un escenario que se alinea con hechos que son un secreto a voces: la demora en el nombramiento de los alcaldes y las conocidas presiones de varios concejales para influir en las localidades.
Bogotá necesita transparencia y soluciones reales en todas sus localidades. Estaremos atentos a lo que suceda con los otros 18 alcaldes. El tiempo dirá si la “evaluación permanente” es realmente gerencial o simplemente una pieza más en el ajedrez del poder bogotano.
Por Blanca Inés Durán
