Uno de los inventos más controversiales de la Humanidad es el agua embotellada. Mi IA de confianza me dice que existe desde el S. XVIII, cuando se comenzaron a mercadear aguas con presunción medicinal, un objeto de culto de aristocracias que aún hoy están dispuestas a pagar un dineral por una botella de vidrio llenada en un manantial a miles de km con supuestos beneficios a la salud. Mismas aristocracias que no hacen las cuentas del deterioro climático que le causan a su propio cuerpo al añadirle al planeta una huella de carbono que oscila entre 246 g y 5,51 kg de CO2e, lo que captura un árbol joven en un año de crecimiento. Si bebe, digamos, 50 botellas de agua importada, necesita plantar un pequeño bosque para mantener compensadas sus preferencias lo cual, por fortuna, ya le ayudan a hacer muchas comunidades y organizaciones emprendedoras: le cobran entre $30.000 y $100.000 por plantar y mantener por cinco años cada “arbolito hídrico” y de manera amigable con la biodiversidad. También hay ofertas al por mayor.
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
En días recientes un medio de comunicación independiente planteó la injusticia que representaría que una reconocida embotelladora privada disfrute, muy cerca de Bogotá, una concesión de agua de muy buena calidad, orientada ya al consumo masivo, mientras comunidades vecinas no disponen del líquido, PET aparte. A continuación, algunas consideraciones:
Colombia concesiona agua y cobra tasas a los usuarios. Muy bajas, de acuerdo, pero no las establecen estos. Hace décadas se busca corregir esta distorsión, a cargo del Congreso de la República, donde no cae bien la medida: es más difícil que aumentar el Diesel; ii) los páramos proveen (no fabrican) abundante agua de calidad, que emerge a lo largo y ancho de las laderas andinas. Es relativamente fácil establecer si un punto de captación incide en la oferta, cómo y dónde, siendo diferente captar agua subterránea que superficial o usar una microcuenca y no otra; iii) las autoridades municipales y ambientales son las responsables de proveer agua potable a la ciudadanía, un derecho fundamental. Si concesionan y cobran a terceros comerciales, están más obligadas aún a invertir en la provisión del líquido para quienes no tienen acceso a mismo; iv) muchas compañías, hoy en día, hacen inversiones en conservar las fuentes de agua que les han concesionado, aportando a la protección de los ecosistemas de los que dependen, con criterio social. No sabemos de la eficiencia de esas medidas, pero a menudo van más allá de la obligación legal, suplantando (grave error) al Estado; v) las comunidades han deforestado las microcuencas extrayendo tanto el máximo de rentabilidad de la tierra como de su propia fuerza de trabajo, resultado de inequidades históricas, y han causado un gran deterioro en los servicios ecosistémicos, que pagan ellas y el resto de la sociedad, sin que se entiendan bien las responsabilidades acumuladas; y vi) las marcas privadas, mejor si son corporaciones multinacionales, son el más apetitoso de los recursos narrativos para hablar de insostenibilidad y colonialismo: no se necesita mucha ciencia para cuestionarlas, basta el manto de duda y la indignación.
En síntesis, sin entrar a defender empresas, suficientemente robustas para hacerlo por cuenta propia, es necesario reclamar por los usos incompletos de la ciencia en las comunicaciones, especialmente cuando se busca tener efectos regulatorios importantes. Construir sostenibilidad con justicia implica un máximo de precisión, transparencia y, ojalá, voluntad constructiva para abordar los conflictos.
