El lamentable estado de la educación colombiana, el bien público superior, no se arregla con más infraestructura ni mejor calidad curricular, mejores profesores o más acceso a las instituciones per se, aunque todo ello se requiera, pues la ruptura del círculo vicioso que perpetúa y acentúa las desigualdades implica una reforma diferente para que todas las personas participen con equidad en la construcción de una Nación que no venga formateada por una élite y sea independiente de la riqueza material de cada quien. Esta es la tesis, laxamente interpretada acá, derivada de la lectura del libro La quinta puerta (Ed. por JC Cárdenas, L. Fergusson y M. García-Villegas, 2021, Ariel), donde se buscan las raíces históricas, políticas y culturales de un sistema educativos perverso, anquilosado e insostenible. Se plantea, como salida, la necesidad de nivelar la cancha mediante un ejercicio deliberado y retador de integración de las clases sociales que han sido producidas y reproducidas, a manera de apartheid, por las políticas y prácticas de dos siglos de dogmatismo y colonialismo paradójicamente republicano, pero en extremo racista y machista.
Plantean los autores que se ha llegado a un punto donde incluso se prefiere una mala educación privada a una buena pública, debido a varias mal-adaptaciones concurrentes: el deterioro de la imagen de la educación pública; la distribución cada vez más inequitativa de lo que llaman “activos sociales inmateriales (ASI)”, que serían el capital social, cultural y simbólico de las personas, claramente mal distribuido; el deterioro de la confianza en el sistema para facilitar la movilidad social (la confusión de prestigio con mérito), y la consolidación de un sindicato, más utilizado para agudizar contradicciones y escalera al poder que para hacer avanzar la educación.
La imposición de parámetros colonialistas y racistas planteada hace años por Julio Carrizosa Umaña (Colombia compleja, 2010) se sella en las guarderías desde la infancia, donde el destino de niños y niñas se define de acuerdo con las capacidades financieras y el poder simbólico de sus familias, ancladas en posiciones dogmáticas políticas y religiosas que también han impedido la aparición de una formación realmente ambiental, crítica y pluriétnica. Basta recordar la defenestración de una ministra por tratar de proveer un manual con perspectiva de género para la protección de los derechos de l@s niñ@s en la escuela, algo que está sucediendo en los hogares y en las calles sin permiso, incluso en todas las empresas privadas, porque la realidad de un mundo diverso es inocultable y circula por la internet (donde hay y no lo censuran), está protegida por las comunidades negras, pescadoras, campesinas o mestizas que pueblan la ruralidad, sus derivaciones urbanas emergentes, muchas escuelas de pensamiento o manifestaciones de espiritualidad, los feminismos y la diversidad de perspectivas de género, que interpelan las globalizaciones imperiales, sean las que sean.
Como rectora de una institución privada de educación superior que, al contrario de lo que algunos creen, no es un negocio, concuerdo con el reiterado reclamo por la construcción de una educación pública basada en el desmonte del apartheid mediante el establecimiento de unas políticas de equidad que venzan “la tiranía de la cuna” y permitan revertir la segregación educativa. Hay que inventar, entre tod@s, la Colombia capaz de navegar las turbulencias del caos climático.
