La ampliación de la Carrera Séptima en Bogotá al norte ya fue cuestionada por quienes temen que la renovación de un corredor vial de esa importancia (hoy ya tiene características de trocha) afecte de manera negativa las condiciones ambientales (sociales y ecológicas, que van siempre juntas) del nororiente de la ciudad. Algo parecido ha venido sucediendo con la ampliación de la Autopista Norte y con el despliegue de otras obras indispensables para garantizar el bienestar compartido de los habitantes de la ciudad, incluidas nuevas alianzas con la biodiversidad.
La resistencia que se ha planteado y amenaza el desarrollo de las obras es la misma que en otras partes: hay que cortar árboles, reemplazar infraestructura vieja, rehacer el espacio público. Renovar, en una palabra, no solo con el cumplimiento estricto de la normatividad, sino con una perspectiva de transformar la ciudad para el bienestar de todas las personas. Cambiar pinos, eucaliptos, acacias, cipreses y urapanes, las típicas especies foráneas con que se forestó (mínimamente) Bogotá en el pasado, por especies autóctonas, con la guía del Jardín Botánico, debería ser suficiente garantía para que un proyecto tan importante tuviera total respaldo.
Los seres humanos somos seres parroquiales, es verdad; vivimos en escalas de tiempo y espacio muy locales, y ante todo valoramos lo cercano y familiar, y tenemos derecho a ello, pero la construcción de sostenibilidad a veces va en contra de esa perspectiva, pues la sociedad, que no es anónima porque tiene un arreglo institucional que opera en otras escalas y que avalamos con cada voto a los cuerpos colegiados, requiere pensar en el bienestar de las futuras generaciones con nuestro criterio, porque no hay otro, así lo hagamos en medio de todas las incertidumbres. Ya nos corregirán ellas, con su propia sabiduría.
Otras obras de infraestructura deben superar la dura prueba de unos criterios de ordenamiento ambiental que ven la biodiversidad como un elemento dado y sagrado dentro de la estructuración del territorio: basta que se empantane un lote para que alguien plantee la existencia de un humedal y pretenda bloquear las acciones legítimas de los agentes que tienen el dominio del mismo, como en el caso del proyecto del Vive Claro, acusado de “ecocidio” cuando se ha demostrado que ha convertido las condiciones ecológicas de su predio en habilitantes de biodiversidad, gracias a las inversiones, obligatorias y voluntarias, que hace la empresa que lo gestiona. Cabe pensar, como en muchos otros casos a lo largo y ancho del país, que una de las preocupaciones de los opositores a los proyectos no es la calidad ambiental del territorio sino su perspectiva ideológica contra otros actores sociales, algo a lo que políticamente hay que dar la bienvenida, pero dentro de los parámetros del debate democrático y no del sabotaje y el anonimato.
Cierto es que oponerse abiertamente a proyectos mineros, energéticos, industriales, viales o de infraestructura no es fácil; hay muchas asimetrías de poder, muchos riesgos que se traducen en amenazas o ataques contra las personas, inaceptables siempre. Pero las ciudades del futuro, los paisajes rurales y los servicios ecosistémicos que las sostienen requieren diseño constante para ajustarse a los retos de los tiempos, algo que cada vez está más a nuestro alcance si aceptamos participar en las decisiones de política pública con honestidad y transparencia. Y aceptar las decisiones colectivas que las mayorías nos piden apoyar, así no sean de nuestro agrado, mientras no se violen nuestros derechos, que no son absolutos y demandan también responsabilidad con mayores alcances.
