En lenguaje de guerra se ha tornado lo que debería ser una reflexión extremadamente responsable y profunda acerca de las industrias extractivas. Hoy todo lo que se diga acerca de ellas se convierte en síntoma de alineación moral entre buenos y malos, un combate entre quienes aduciendo mayor apego a “la naturaleza” reclaman la obviedad de la defensa del agua: oro no, petróleo no, algo de lo que nadie en su sano juicio puede dudar. Pero en un país donde construir acueductos se ha convertido en una de las fuentes de corrupción más estables y donde millones defecamos en el agua de otros, ponerles ceros de más o de menos a los caudales, o a las hectáreas, o a las poblaciones o al dinero parece no importar: son pequeñas “erratas” que no desvirtúan el “fondo” de la discusión. Hoy la ANLA es una entidad seria porque archivó la solicitud de minería en Soto Norte, ayer estaba totalmente viciada y era incompetente, mañana regresará al patíbulo. Así de técnica y racional es la discusión.
Los amigos me señalan con cariño la imposibilidad de considerar la minería de oro en un mundo contemporáneo donde el clima y la biodiversidad colapsan y los antecedentes de la actividad son, en general, señal de colonialismo, devastación y muerte. Respondo que el deber de la civilización es que ello no ocurra, que no hay que botar el niño con el agua contaminada y que otras minerías son posibles y deben contribuir a solucionar, con sus capacidades y recursos, los pasivos ambientales y las demandas de bienestar colectivo pendientes. Otras personas me exigen, con otro lenguaje y menos afecto, que devuelva el carnet del ambientalismo (¿?) junto con los eventuales réditos que debo haber recibido por las interpretaciones “amañadas” que hago del lugar de las actividades extractivas en el concierto socioecológico contemporáneo, ya que “todo el mundo” sabe que son las empresas sin distingo y el liberalismo económico los responsables de la debacle y que la ecologización del mundo “ya tiene claro su norte”, dos premisas de las cuales me aparto.
¿Quién va a invertir en la planta de tratamiento de aguas negras de Bucaramanga, una deuda ambiental gigantesca que la ciudad mantiene con las poblaciones aguas abajo del río Lebrija? ¿Quién restaurará la cuenca (seca) del río Suratá, degradada por décadas de intervención humana? ¿Quién el páramo encebollado, con sus lagunas y turberas desecadas hace décadas? Si la percepción del potencial riesgo de afectar negativamente el suministro de agua hace éticamente inviable toda actividad en una región donde la identificación y demarcación del páramo ahora se considera “amañada” pese al trabajo científico, ¿cómo es que el evidente daño causado por la devastación agropecuaria en Berlín o en Chingaza o en los resguardos de alta montaña de Nariño, denunciado anteayer por indígenas perplejos ante las quemas, los tractores y la erosión, no se atiende?
Preguntarse por las condiciones habilitantes para la extracción de oro en una región aurífera, con historia y culturas mineras, parece ya imposible, lo reconozco: es una discusión totalmente impopular, que nadie quiere. Pero la minería no puede ser solo una actividad apocalíptica y hay que restituir los espacios para discutir abierta y serenamente sus perspectivas, ojalá en la eventual reforma del Código Minero, no en las redes sociales. Empezando por enfocarnos en lo más urgente: el control y formalización de la minería ilegal.
En lenguaje de guerra se ha tornado lo que debería ser una reflexión extremadamente responsable y profunda acerca de las industrias extractivas. Hoy todo lo que se diga acerca de ellas se convierte en síntoma de alineación moral entre buenos y malos, un combate entre quienes aduciendo mayor apego a “la naturaleza” reclaman la obviedad de la defensa del agua: oro no, petróleo no, algo de lo que nadie en su sano juicio puede dudar. Pero en un país donde construir acueductos se ha convertido en una de las fuentes de corrupción más estables y donde millones defecamos en el agua de otros, ponerles ceros de más o de menos a los caudales, o a las hectáreas, o a las poblaciones o al dinero parece no importar: son pequeñas “erratas” que no desvirtúan el “fondo” de la discusión. Hoy la ANLA es una entidad seria porque archivó la solicitud de minería en Soto Norte, ayer estaba totalmente viciada y era incompetente, mañana regresará al patíbulo. Así de técnica y racional es la discusión.
Los amigos me señalan con cariño la imposibilidad de considerar la minería de oro en un mundo contemporáneo donde el clima y la biodiversidad colapsan y los antecedentes de la actividad son, en general, señal de colonialismo, devastación y muerte. Respondo que el deber de la civilización es que ello no ocurra, que no hay que botar el niño con el agua contaminada y que otras minerías son posibles y deben contribuir a solucionar, con sus capacidades y recursos, los pasivos ambientales y las demandas de bienestar colectivo pendientes. Otras personas me exigen, con otro lenguaje y menos afecto, que devuelva el carnet del ambientalismo (¿?) junto con los eventuales réditos que debo haber recibido por las interpretaciones “amañadas” que hago del lugar de las actividades extractivas en el concierto socioecológico contemporáneo, ya que “todo el mundo” sabe que son las empresas sin distingo y el liberalismo económico los responsables de la debacle y que la ecologización del mundo “ya tiene claro su norte”, dos premisas de las cuales me aparto.
¿Quién va a invertir en la planta de tratamiento de aguas negras de Bucaramanga, una deuda ambiental gigantesca que la ciudad mantiene con las poblaciones aguas abajo del río Lebrija? ¿Quién restaurará la cuenca (seca) del río Suratá, degradada por décadas de intervención humana? ¿Quién el páramo encebollado, con sus lagunas y turberas desecadas hace décadas? Si la percepción del potencial riesgo de afectar negativamente el suministro de agua hace éticamente inviable toda actividad en una región donde la identificación y demarcación del páramo ahora se considera “amañada” pese al trabajo científico, ¿cómo es que el evidente daño causado por la devastación agropecuaria en Berlín o en Chingaza o en los resguardos de alta montaña de Nariño, denunciado anteayer por indígenas perplejos ante las quemas, los tractores y la erosión, no se atiende?
Preguntarse por las condiciones habilitantes para la extracción de oro en una región aurífera, con historia y culturas mineras, parece ya imposible, lo reconozco: es una discusión totalmente impopular, que nadie quiere. Pero la minería no puede ser solo una actividad apocalíptica y hay que restituir los espacios para discutir abierta y serenamente sus perspectivas, ojalá en la eventual reforma del Código Minero, no en las redes sociales. Empezando por enfocarnos en lo más urgente: el control y formalización de la minería ilegal.