¿Percepción del riesgo o agenda ideológica?

Es apenas normal que con una historia de colonización y extractivismo en Latinoamérica las comunidades desconfíen de todo tipo de proyectos, presentados como iniciativas de desarrollo más o menos convencionales o incluso, en la actualidad, con visos de lavado de cara marqueteros. Pero hay que preguntarse si eso nos condena a no adelantar nunca los grandes proyectos que requiere una sociedad de más de 50 millones de habitantes, el 80 % de los cuales habita en ciudades y no se caracteriza particularmente por una productividad industrial muy competitiva. Peor en el campo, donde las eficiencias son realmente mediocres y la comida se produce más a costa de la calidad ambiental y de la vida de las personas en amplias regiones del país.

La mayoría de conflictos ambientales del presente aparecen caracterizados como resistencias populares a la construcción de represas, minas, puertos, cultivos, infraestructura o urbanismo, en los cuales habría profundas contradicciones ecológicas y sociales que seguirían deteriorando la equidad al transferir costos privados a la deuda pública, enfoque que antes denunciaban los grupos alzados en armas, hoy convertidos en ejércitos de niños y niñas secuestrados por las mafias. La apropiación de renta por parte de los inversionistas, públicos o privados, entramados en corrupción, es ciertamente desproporcionada y lesiva a la calidad ambiental y la salud del territorio, y aunque para regularlo se han incrementado salvaguardas como los procesos de licenciamiento, estas son tan estrictas que son imposibles de cumplir, salvo “colaboraciones extralegales” (cierta corporación autónoma viene deteniendo un gran proyecto de vivienda hace años a través de negar sistemática y abusivamente el permiso de aprovechamiento forestal requerido por la licencia, aprobada) o sistemas de consulta previa que ya sabemos en qué se han convertido. Curiosamente, son las mismas empresas públicas y los gobiernos, no solo las corporaciones/multinacionales, las que han resultado cuestionadas: la competencia política por el botín del oro, el petróleo, la energía, los residuos sólidos, las maderas, el suelo, el agua potable hace que a nadie le importe realmente la sostenibilidad ya que todo aquello que produzca renta es sujeto de la avidez y codicia de la derecha a la izquierda radicales, cómplices desde sus extremos del deterioro de la democracia y la gobernanza compartida.

“Una mina no vale un río”, reza el eslogan de una campaña para detener el avance del proyecto de exploración de cobre en el piedemonte putumayense, como si no hubiese alternativa. “Oro o agua” dicen otros para detener proyectos corporativos, pero nunca la extracción ilegal; la “conectividad hídrica del subsuelo” puede perderse si se construye el proyecto urbanístico de Lagos de Torca; la recuperación de la Ciénaga de Mallorquín es solo para los ricos; las líneas de transmisión eléctrica agotan el agua y amenazan los tigrillos; los jaguares de Cerrejón son neoliberales. Y se cita el principio de precaución para imponer áreas de producción de alimentos teóricamente incompatibles con actividades mineras o de desarrollo urbano. Se está utilizando el temor como bandera y se desprecia la ciencia (que no es neutral, es cierto, pero sí es abierta). Lo peor, los perjudicados no son solo los inversionistas (a menudo fondos de pensiones y pequeños accionistas o ahorradores), sino las futuras generaciones obligadas a decrecer para habitar la crisis climática, cuando nunca tuvieron los mínimos beneficios del bienestar: parece que a muchos les tocará seguir habitando rellenos sanitarios, vivir en ríos llenos de heces, alimentarse de chatarra, pero contentos en su informalidad por no pagar impuestos porque no se acudió al oro, el cobre, el paisaje o la genética para construir esa parte del bienestar que de otra manera sería impagable. Hay que revisar las percepciones de riesgo implantadas por un activismo importado, tan colonial como los imperialismos del pasado.

Nota: Aclaro que participo de numerosas consultorías con empresas mineras, agroindustriales y de infraestructura en mi calidad de rectora de una universidad que cree en la sostenibilidad como fuente de bienestar compartido.