¿POT exprés?

Según cifras oficiales, en Colombia el 80 % de los municipios tenían desactualizados sus Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) para 2019. Se estima que la cifra no ha hecho sino crecer desde entonces, poniendo en duda la utilidad de uno de los instrumentos centrales de la planificación del país, con base en el cual se deberían tomar las decisiones de gestión del riesgo, conservación y manejo de agua, suelo y biodiversidad, poblamiento e inversiones en vivienda, industria e infraestructura. Los altos costos de construir y mantener actualizado el expediente municipal y la gestión de datos y conocimiento riguroso de las transformaciones ecológicas y sociales del territorio, las limitaciones en los equipos de las administraciones y los intereses particulares mal tramitados han jugado un papel crítico en este fracaso: solo las grandes ciudades logran ensamblar y mantener equipos de expertos atentos a los cambios en el uso del suelo y la aplicación local y controversial de las leyes nacionales que lo rigen. Sabemos también que muchos gobernantes ven inconveniente la adopción de lineamientos científicos para la planeación: los principales actores del “volteo de tierras” son funcionarios que confunden el bienestar de la población con su prosperidad privada.

Según cifras oficiales, en Colombia el 80 % de los municipios tenían desactualizados sus Planes o Esquemas de Ordenamiento Territorial (POT, EOT, PBOT) para 2019. Se estima que la cifra no ha hecho sino crecer desde entonces, poniendo en duda la utilidad de uno de los instrumentos centrales de la planificación del país, con base en el cual se deberían tomar las decisiones de gestión del riesgo, conservación y manejo de agua, suelo y biodiversidad, poblamiento e inversiones en vivienda, industria e infraestructura. Los altos costos de construir y mantener actualizado el expediente municipal y la gestión de datos y conocimiento riguroso de las transformaciones ecológicas y sociales del territorio, las limitaciones en los equipos de las administraciones y los intereses particulares mal tramitados han jugado un papel crítico en este fracaso: solo las grandes ciudades logran ensamblar y mantener equipos de expertos atentos a los cambios en el uso del suelo y la aplicación local y controversial de las leyes nacionales que lo rigen. Sabemos también que muchos gobernantes ven inconveniente la adopción de lineamientos científicos para la planeación: los principales actores del “volteo de tierras” son funcionarios que confunden el bienestar de la población con su prosperidad privada.

Los “negocios territoriales” han sido una de las fuentes de corrupción, abuso y violencia más grandes del país, pues la guerra por la tierra aún es motor de la mayoría de nuestros conflictos. El acceso a información privilegiada, que se busca controlar por medio de los consejos territoriales de planeación, está detrás del testaferrato con el cual toda licitación o contrato de obras acaba llevando los recursos públicos al bolsillo de los hampones: las vías, los puentes, las represas se hacen para deforestar y valorizar sus fincas, a lo sumo para pagar votos a comunidades amedrentadas; el desplazamiento forzado y criminal se consolida donde la gente y la biodiversidad son un estorbo para la especulación predial. Es hora de evaluar la utilidad de los instrumentos, normas e instituciones formales con las que tomamos las decisiones de ordenamiento en el país, pues la evidencia nos dice que no solo no están funcionando, sino que están actuando como distractor y obstáculo para el sano desarrollo territorial de las comunidades rurales y urbanas interconectadas. Dejar de simular un ordenamiento jurídico del uso del suelo en Colombia es prerrequisito para la sostenibilidad.

Como no es previsible que el Congreso se haga cargo del tema en medio de la marejada de reformas que debe tramitar, una revisión de los decretos reglamentarios de la Ley 388 podría ayudar a facilitar la actualización y adopción de ejercicios de ordenamiento a un costo mucho menor y en plazos razonables: una versión exprés del OT en todos los municipios proveería a las nuevas administraciones de un instrumento de apoyo a la toma de decisiones que no requiera la lista completa de artrópodos ni inventar nuevas ancestralidades o derechos coloniales para definir la vocación de uso del suelo. Necesitamos un instrumento más práctico, menos ambicioso tal vez, pero más realista para liberarnos de la tiranía de los que creen que los determinantes ambientales son sus opiniones acerca del funcionamiento del territorio.