En el Foro “Deforestación: retos y consecuencias”, realizado el miércoles por la Fundación Natura y la Carrera Verde en el mismo recinto donde el martes se reunieron cuatro de los candidatos presidenciales a hablar de políticas y agendas ambientales, se puso de frente la imposibilidad de balancear mínimamente la devastación ambiental con los esfuerzos actuales de gestión. En un tercer evento, en la tarde del martes, se lanzó la publicación de los retos de restauración y compensaciones más acuciantes para Colombia que no solo corrobora la imagen de un profundo desequilibrio entre las tasas de transformación ecológica del territorio y las de inversiones en sostenibilidad. Este desequilibrio, proyectado en el tiempo, muestra que mientras no haya una reforma sustancial de las políticas e instrumentos del desarrollo es completamente ingenuo pretender que el país enfrente sus limitaciones de bienestar o crecimiento económico con un modelo continuista.
Cuando la deforestación es una empresa tan ilegal y mafiosa como la minería, cuando la agricultura o la ganadería mantienen una perspectiva tan extractivista y especulativa como la que se achaca al petróleo o el carbón, cuando el ordenamiento territorial es más un instrumento de captura de rentas urbanas asociado con el cambio de uso del suelo, hay que pensar que del posconflicto pasamos a una situación de emergencia nacional en términos de seguridad ambiental. Porque nos estamos viendo obligados a tomar fotos de bosques que serán derribados mañana para tener que reconstruirlos décadas después, cuando les hayan exprimido toda la rentabilidad monetaria posible a costa de su capacidad de proveer los servicios ecosistémicos. Porque a los esfuerzos en construir una gestión sostenible desde la sociedad civil, desde un sector empresarial cada vez más consciente de la incertidumbre ecológica o desde entidades estatales que tratan de hacer su trabajo con cuidado, se les opone un país donde nada de lo que se propone se puede: capturado en la letra de una ley que cree que controla todo cuando en realidad sucede lo opuesto, un curioso punto de encuentro entre las lógicas privadas y de la ilegalidad.
En una sociedad que aspire a modificar esta trayectoria deplorable, es indispensable un mínimo de realismo ecológico a partir del cual se reconozcan las escalas apropiadas en las cuales se desenvuelven los cambios ecológicos, las dimensiones de los asuntos implicados, los costos sociales y financieros del riesgo que representan, la magnitud del esfuerzo requerido para transformarlos en procesos virtuosos. Colombia es una nación y el nuevo gobierno está obligado a revisar las grandes trampas que la búsqueda del desarrollo a corto plazo depara, el que viene de las promesas electorales, el de los indicadores simples. No se trata de desarrollar programitas verdes, se trata de revisar las grandes apuestas de la política fiscal y su consistencia con la actividad económica de todos los actores productivos del país, que ya no puede seguir recibiendo las mismas señales de responsabilidad que en el pasado.
Realismo ecológico es reconocer que gran parte del país está en manos de la ilegalidad y que así no hay cómo aplicar ninguna de las recetas que con gran cuidado ha construido la academia y los expertos ambientales por décadas. Y que a veces la ilegalidad es producto de leyes inadecuadas.
En el Foro “Deforestación: retos y consecuencias”, realizado el miércoles por la Fundación Natura y la Carrera Verde en el mismo recinto donde el martes se reunieron cuatro de los candidatos presidenciales a hablar de políticas y agendas ambientales, se puso de frente la imposibilidad de balancear mínimamente la devastación ambiental con los esfuerzos actuales de gestión. En un tercer evento, en la tarde del martes, se lanzó la publicación de los retos de restauración y compensaciones más acuciantes para Colombia que no solo corrobora la imagen de un profundo desequilibrio entre las tasas de transformación ecológica del territorio y las de inversiones en sostenibilidad. Este desequilibrio, proyectado en el tiempo, muestra que mientras no haya una reforma sustancial de las políticas e instrumentos del desarrollo es completamente ingenuo pretender que el país enfrente sus limitaciones de bienestar o crecimiento económico con un modelo continuista.
Cuando la deforestación es una empresa tan ilegal y mafiosa como la minería, cuando la agricultura o la ganadería mantienen una perspectiva tan extractivista y especulativa como la que se achaca al petróleo o el carbón, cuando el ordenamiento territorial es más un instrumento de captura de rentas urbanas asociado con el cambio de uso del suelo, hay que pensar que del posconflicto pasamos a una situación de emergencia nacional en términos de seguridad ambiental. Porque nos estamos viendo obligados a tomar fotos de bosques que serán derribados mañana para tener que reconstruirlos décadas después, cuando les hayan exprimido toda la rentabilidad monetaria posible a costa de su capacidad de proveer los servicios ecosistémicos. Porque a los esfuerzos en construir una gestión sostenible desde la sociedad civil, desde un sector empresarial cada vez más consciente de la incertidumbre ecológica o desde entidades estatales que tratan de hacer su trabajo con cuidado, se les opone un país donde nada de lo que se propone se puede: capturado en la letra de una ley que cree que controla todo cuando en realidad sucede lo opuesto, un curioso punto de encuentro entre las lógicas privadas y de la ilegalidad.
En una sociedad que aspire a modificar esta trayectoria deplorable, es indispensable un mínimo de realismo ecológico a partir del cual se reconozcan las escalas apropiadas en las cuales se desenvuelven los cambios ecológicos, las dimensiones de los asuntos implicados, los costos sociales y financieros del riesgo que representan, la magnitud del esfuerzo requerido para transformarlos en procesos virtuosos. Colombia es una nación y el nuevo gobierno está obligado a revisar las grandes trampas que la búsqueda del desarrollo a corto plazo depara, el que viene de las promesas electorales, el de los indicadores simples. No se trata de desarrollar programitas verdes, se trata de revisar las grandes apuestas de la política fiscal y su consistencia con la actividad económica de todos los actores productivos del país, que ya no puede seguir recibiendo las mismas señales de responsabilidad que en el pasado.
Realismo ecológico es reconocer que gran parte del país está en manos de la ilegalidad y que así no hay cómo aplicar ninguna de las recetas que con gran cuidado ha construido la academia y los expertos ambientales por décadas. Y que a veces la ilegalidad es producto de leyes inadecuadas.