Suena odioso, pero el abandono de los bosques en Colombia proviene de la incapacidad del Estado mismo de atribuirles un valor (no un precio) e integrarlos a las cuentas del patrimonio nacional, algo que se resolvió hace décadas en la mayoría de países que poseen y usan sus extensas coberturas silvestres. Creamos y gestionamos nuestras reservas forestales en papel, y en la práctica las despedazamos sustrayendo metro a metro lo que solicitan los sectores de la economía para infraestructura o desarrollo agrícola e inmobiliario, o entregándolas al tráfico ilegal de maderas. El juicio histórico por detrimento patrimonial nos aguarda, pues de esas 220.000 a 260.000 ha que avizora el Ministerio de Ambiente como cifra de deforestación en 2018, todas se han perdido por negligencia y complicidad de toda la sociedad. Pagaremos con pérdidas de capacidad adaptativa al cambio climático, de capacidad productiva de un sector abandonado de la economía y de credibilidad internacional, ya maltrecha.
Recuperar la gobernabilidad de los bosques, una obligación, parte del reconocimiento de las comunidades que los habitan como gestores legítimos de un modo de vida forestal que requiere un tratamiento equivalente al del agro y que de hecho está determinado en la ley hace mucho, pero nunca se ha implementado. Otra opción, concesiones forestales a organizaciones locales o empresas, con sistemas de incentivos, asistencia técnica, encadenamientos productivos no solo de madera, que es la fácil, sino de productos derivados de la biodiversidad. En Colombia un permiso para aprovechar un producto no maderable es un viacrucis (cinco años para el uso del “huito”, un colorante valiosísimo de las selvas chocoanas; dos para las mieles de abejas nativas del Amazonas). El manejo forestal integrado con incentivos, capacidad de innovación y valoración de servicios ecosistémicos ya está inventado dentro de las nuevas lógicas de crecimiento verde, pero pareciera que no tiene doliente. Como complemento, valdría la pena reconsiderar la creación de un Servicio Forestal tecnificado (cabrían muchos excombatientes) que actuase como autoridad nacional en la protección de sus bosques, pues parar la deforestación implica hoy acción militar, pero muy cuidadosa: en medio del posconflicto puede dar lugar a ambigüedades en los mecanismos de reconstrucción del control social del territorio, perdido a manos de las mafias de la minería de oro criminal, del narcotráfico o de otros usos ilícitos de las tierras públicas que seguimos derrochando, como evidenció un informe citado en este mismo diario ayer. En esta tarea se requiere acción interministerial y por supuesto, acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, ante el incumplimiento evidente de las políticas ambientales por parte de gobernantes regionales.
El bosque sólo se puede salvar con más y mejor institucionalidad, formalizando su manejo. La era de la conservación por abandono llegó a su fin, e incluso las áreas protegidas que se crearon con la confianza de que la “distancia al desarrollo” las protegería, están amenazadas de muerte. Dos gobernadores del pueblo awá de Nariño fueron asesinados la semana pasada por crear una reserva natural en su resguardo, un síntoma de la verdadera cara del posconflicto: la toma final del territorio por la delincuencia que paga ejércitos de motosierras, de dragas y retroexcavadoras que ya está poniendo en jaque la seguridad nacional.
Suena odioso, pero el abandono de los bosques en Colombia proviene de la incapacidad del Estado mismo de atribuirles un valor (no un precio) e integrarlos a las cuentas del patrimonio nacional, algo que se resolvió hace décadas en la mayoría de países que poseen y usan sus extensas coberturas silvestres. Creamos y gestionamos nuestras reservas forestales en papel, y en la práctica las despedazamos sustrayendo metro a metro lo que solicitan los sectores de la economía para infraestructura o desarrollo agrícola e inmobiliario, o entregándolas al tráfico ilegal de maderas. El juicio histórico por detrimento patrimonial nos aguarda, pues de esas 220.000 a 260.000 ha que avizora el Ministerio de Ambiente como cifra de deforestación en 2018, todas se han perdido por negligencia y complicidad de toda la sociedad. Pagaremos con pérdidas de capacidad adaptativa al cambio climático, de capacidad productiva de un sector abandonado de la economía y de credibilidad internacional, ya maltrecha.
Recuperar la gobernabilidad de los bosques, una obligación, parte del reconocimiento de las comunidades que los habitan como gestores legítimos de un modo de vida forestal que requiere un tratamiento equivalente al del agro y que de hecho está determinado en la ley hace mucho, pero nunca se ha implementado. Otra opción, concesiones forestales a organizaciones locales o empresas, con sistemas de incentivos, asistencia técnica, encadenamientos productivos no solo de madera, que es la fácil, sino de productos derivados de la biodiversidad. En Colombia un permiso para aprovechar un producto no maderable es un viacrucis (cinco años para el uso del “huito”, un colorante valiosísimo de las selvas chocoanas; dos para las mieles de abejas nativas del Amazonas). El manejo forestal integrado con incentivos, capacidad de innovación y valoración de servicios ecosistémicos ya está inventado dentro de las nuevas lógicas de crecimiento verde, pero pareciera que no tiene doliente. Como complemento, valdría la pena reconsiderar la creación de un Servicio Forestal tecnificado (cabrían muchos excombatientes) que actuase como autoridad nacional en la protección de sus bosques, pues parar la deforestación implica hoy acción militar, pero muy cuidadosa: en medio del posconflicto puede dar lugar a ambigüedades en los mecanismos de reconstrucción del control social del territorio, perdido a manos de las mafias de la minería de oro criminal, del narcotráfico o de otros usos ilícitos de las tierras públicas que seguimos derrochando, como evidenció un informe citado en este mismo diario ayer. En esta tarea se requiere acción interministerial y por supuesto, acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, ante el incumplimiento evidente de las políticas ambientales por parte de gobernantes regionales.
El bosque sólo se puede salvar con más y mejor institucionalidad, formalizando su manejo. La era de la conservación por abandono llegó a su fin, e incluso las áreas protegidas que se crearon con la confianza de que la “distancia al desarrollo” las protegería, están amenazadas de muerte. Dos gobernadores del pueblo awá de Nariño fueron asesinados la semana pasada por crear una reserva natural en su resguardo, un síntoma de la verdadera cara del posconflicto: la toma final del territorio por la delincuencia que paga ejércitos de motosierras, de dragas y retroexcavadoras que ya está poniendo en jaque la seguridad nacional.