El reciente escándalo acerca de la expedición de normatividad para regular la pesca de tiburones en Colombia fue casi idéntico al de los caimanes aguja en Morrosquillo hace apenas un año e indica cuánta pedagogía y buenas prácticas de comunicación nos faltan. La sensibilidad social respecto al uso de la fauna silvestre está a flor de piel, un efecto positivo de la apropiación de la crisis ambiental en la ciudadanía, pero limitado pues casi nadie entiende el contenido técnico de las decisiones de manejo de especies distantes en ecosistemas apenas imaginados.
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El reciente escándalo acerca de la expedición de normatividad para regular la pesca de tiburones en Colombia fue casi idéntico al de los caimanes aguja en Morrosquillo hace apenas un año e indica cuánta pedagogía y buenas prácticas de comunicación nos faltan. La sensibilidad social respecto al uso de la fauna silvestre está a flor de piel, un efecto positivo de la apropiación de la crisis ambiental en la ciudadanía, pero limitado pues casi nadie entiende el contenido técnico de las decisiones de manejo de especies distantes en ecosistemas apenas imaginados.
La presencia de actores ilegales navegando en barcos con banderas de todas partes y saqueando los océanos colombianos hace parte de uno de los imaginarios más antiguos del ambientalismo, que se confirma regularmente con las noticias de capturas que hace la Armada Nacional en sus patrullajes. Cada noticia despierta unas horas de indignación, lo normal en redes, dejando en el público la sensación pulsante de que nada sucede entre evento y evento. Cabe esperar que este comportamiento continúe y se agrave en la medida en que la penetración digital se amplíe, se democratice el acceso a la información, que no siempre a la regulación, lo que requiere que se construyan las capacidades ciudadanas para hacerlo y evitar así la propagación de noticias equívocas.
Otra de las enseñanzas del debate, promovido inicialmente por Marviva a raíz de la Resolución 0350 (aparentemente en revisión tras la tormenta mediática), es que la sociedad civil, unos pocos académicos y los medios deliberativos exigen cambios más significativos en la gestión ambiental, no la continuidad: a medida que se profundice la crisis, la presión aumentará para ajustar su gobierno, no importa si se basa en percepciones incompletas o construcciones ideológicas. La única salida es la ciencia, basada en el análisis y difusión de las estadísticas e indicadores de sostenibilidad transparentes que se utilicen en cualquier actividad. Para el caso de la pesca, en Colombia existen dos fuentes: http://sepec.aunap.gov.co/Estadisticas/SeriesHistoricas y http://sipein.invemar.org.co, con serias limitaciones para la toma persistente de datos, lo que hace que los comités de aprobación de cuotas tengan muchas dificultades para desarrollar su tarea.
La expansión de capacidades de observación de los ecosistemas colombianos es innegable y los ciudadanos quieren hacer parte de ellas como aporte a la gobernabilidad. La democracia digital también toca las decisiones de manejo ambiental, como se ha hecho patente en los debates acerca de la deforestación amazónica o los consumos de productos silvestres: en pocos años habrá tal cantidad de datos acerca de todos estos aspectos y tal capacidad de analizarlos que cada persona podrá tener, si lo desea, un sistema de información particular. El caos podría llegar y justificar medidas autoritarias para definir cuál es el conocimiento oficial e imponerlo, por lo cual es indispensable avanzar en los sistemas abiertos de gestión del conocimiento con mecanismos de gobernanza de la información acordes con los reclamos y posibilidades que las nuevas tecnologías y ciudadanías imponen. La verdad, incluso para la toma de decisiones pesqueras, es una construcción colectiva, no una interpretación unilateral de conveniencias. Pregúntenle si no al Centro Nacional de Memoria Histórica…