Sociedades

El operativo tuvo lugar al mediodía del 18 de febrero de 2016 en el Pital de Combia, un paraje cafetero conocido por sus chalets de veraneo a 15 minutos del centro de Pereira. La fiscal Sandra Patricia Otálvaro se presentó con varios servidores judiciales fuertemente escoltada por los carabineros de la Policía para ocupar tres fincas que en realidad eran una sola: “La Guardiola”, una costosa propiedad ganadera que, según el exparamilitar Germán Sena Pico, pertenecía a las Autodefensas Unidas de Colombia.

“La Guardiola” figuraba a nombre de Víctor Leonardo Martínez “Rocky”, hoy desaparecido, y antes a nombre del extraditado narco José Home Acosta “Chepe”, enlace de los Urabeños con carteles mexicanos. Los paramilitares la negociaron con él en 2004 por más de mil millones de pesos.

El relato de Germán Sena Pico descifró la seguidilla de ajustes sangrientos entre la mafia pereirana tras la extradición del exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez “Macaco”, máximo comandante del Bloque Central Bolívar, pues la propiedad pasó por las manos del desaparecido Julio Miguel Lobo “El Cantante”, Jacinto Nicolás Fuentes “Don Leo”, José Fabián Guzmán “Niño Fabián” y el asesinado Héctor Edilson Duque “Monoteto”, todos miembros de las AUC que terminaron en líos con la justicia.

Consta en el acta que al momento del operativo la posesión de los terrenos recaía sobre Óscar Fernando Jaramillo, un empresario local que prefirió no dar declaraciones al respecto. La anécdota viene a cuento pues, aunque Jaramillo no está inmerso en ningún proceso penal, su nombre aparece registrado en una sociedad en Brasil junto a Mario Fredi Cifuentes y Hernán Alberto Marín Rincón, dos empresarios domiciliados en Pereira con múltiples compañías en el país y el extranjero, mencionados en investigaciones periodísticas que describen los cruces de capitales ilícitos con negocios legales en el Eje Cafetero.

Cifuentes estuvo acusado en Argentina por un caso de lavado de activos donde el fiscal Enrique Senestrari recopiló interceptaciones telefónicas, seguimientos y testigos que lo involucraron en una presunta red trasnacional de préstamos ilegales o “gota a gota”, cuya fachada era una sociedad dedicada a fabricar muebles.

Hernán Marín se comunicó con El Espectador para explicar que, aunque sí tuvo negocios con Mario Fredi Cifuentes, no existe en Colombia ninguna condena en contra suya, ni tiene asuntos judiciales pendientes, lo que es cierto. Sea la oportunidad para aclarar, como lo solicita el señor Marín, que fue a su socio y no a él a quien la Fiscalía de Argentina acusó de liderar una red de préstamos ilegales y lavado de activos.

Sea también oportunidad para anotar que documentos filtrados a El Espectador prueban que Cifuentes tuvo otra empresa llamada “Inversiones Vaticano” en sociedad con Consuelo Castaño, pariente de Joaquín Mario Valencia “El Caballista” e integrante, según un organigrama del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, del complejo empresarial de aquel narcotraficante extraditado. La señora Castaño, además, fue señalada por Javier Calle Serna alias “Comba” como testaferra en una de sus haciendas en Jamundí.

“La Guardiola”, la finca donde empezó este relato, acumula una década de ruina y abandono, sin que haya servido para reparar a víctimas de los paramilitares.

Y parte de la verdad sobre sus crímenes y negocios terminó embolatada cuando Álvaro Uribe traicionó a los comandantes de las AUC firmando su extradición. A casi dos décadas, con los exparamilitares regresando al país, al expresidente se le alteran los nervios y los trinos nada más oyéndolos hablar.

Freiner Ramírez “Pesebre”, antiguo miembro de la cúpula de la Oficina de Envigado, ahora vocero de paz desde la cárcel de Itagüí, zanjó el asunto con una frase que dijo al reportero Nelson Matta: “cómo va a haber verdad, si Don Berna está extraditado”. Algo parecido le escuché a Carlos Mario Jiménez “Macaco” en una de las conversaciones que he tenido con él: “creyeron que yo no iba a volver”.

Conozco en persona tanto a Freiner como al señor Carlos Mario; por eso creo que muy poco han ganado sus víctimas y el país mientras ellos ruedan de prisión en prisión. Los entramados de la ilegalidad se reciclaron en la calle bajo un torrente inatajable de venganzas, nuevos capos y políticos hambrientos por cobrar la nómina.

En el Eje Cafetero toda la izquierda y un sector nada despreciable del centro votaron por Gustavo Petro con la esperanza de que pudiera desmantelar esa dañina sociedad suscrita entre gobernantes, empresarios y bandas criminales que corrompen elecciones a su antojo y penetran hasta el último resquicio de la economía formal.

Dos años después, el presidente cambió su frente de batalla. Ahora libra una pelea de improperios contra la prensa y los periodistas, incluyendo algunos que se juegan la vida descubriendo esos entramados criminales, que él tanto denunció siendo congresista y que han hecho inviable la democracia colombiana.

Siempre conciso, el historiador Eduardo Sáenz Rovner dijo que en Pereira la mafia y la élite suelen ser una sola cosa. Desde la redacción de este mismo diario hace ya cuatro décadas que Fabio Castillo acuñó otro término para el maridaje entre crimen y poder que domina nuestra parroquia: la bautizó “la sociedad cerrada”.