Que penoso ver que en muy poco tiempo, si no interviene el Alcalde Dionisio Vélez y no se hacen cambios como prevé el decreto presidencial en la Dimar y la Capitanía, vamos a tener que lamentar muchos accidentes y muertes en las playas de Cartagena, especialmente en las de la zona norte cerca a la Boquilla, porque la corrupción, el desgobierno y la desidia de los entes de control han dejado que se les salga de las manos.
Hoy reina la ley del más fuerte, cada institución da permisos para cobrar, pero no se hace responsable de sus efectos, cada sector esta parcelado, basta ver el manejo de carpas, vendedores ambulantes, negocios de licor y música impensables anteriormente en estas playas familiares que contrario a lo esperado siguen en aumento sin importar el daño ambiental y ecológico. Los establecimientos que aparecen en la temporada turística sin saber con permiso de quien generan un ruido infernal por encima de los decibeles permitidos y aunque los vecinos hacen las denuncias la policía y los resultados brillan por su ausencia. Pero si cualquiera de los moradores del sector quiere embellecer su fachada, sembrar una palma, pasto, colocar una caneca o reflector por seguridad ahí si aparecen los señores anteriormente mencionados con todo el rigor de su poder.
Ver como sentencias populistas están dándole derechos de manera irresponsable a los pobladores, vulnerando con ello la obligación que tiene el estado y la justicia de en nombre de la misma, no atropellar los derechos fundamentales de todos así no hayan nacido allí y en especial el de la vida que hoy si que está en riesgo para muchos turistas y vecinos que tienen que darse la bendición cada vez que entran a estas playas donde hoy reinan, licor, prostitución y drogas.
Es absurdo que hoy en las playas cercanas de las Américas unos leguleyos estén poniendo en riesgo la vida de turistas y el empleo que dicen defender de los lugareños, por que debido a la sentencia sobre las mismas, hicieron quitar las vallas donde se prohibía la circulación vehicular y las bollas de protección que evitaban que los Jet sky, cometas, botes y donas de recreación pusieran en peligro a nadadores y bañistas. Si la sentencia buscaba permitirles la pesca artesanal a los boquilleros, debieron prohibir el uso de todos los elementos náuticos y la circulación vehicular para evitar las muertes pronosticadas, porqué al no hacerlo serán los magistrados grandes responsables por su omisión.
Hay que agradecer a la divina providencia que no hayamos tenido que lamentar más de lo que hoy nuestras autoridades llaman hechos aislados, electrocutados por no cambiar las redes viejas de energía, robos permanentes en la playa, violación de turistas en la ciénaga y la tugurisacion de la misma con más de 800 familias que ya convirtieron en una ciudadela este sector, con daños ambientales y de salubridad en las narices de la Dimar, el alcalde y lo que es peor un negocio potencial para los tinterillos manipuladores de las tutelas del sector que esperan sacar provecho cuando se dé el desalojo negociando con la concesión.
Por eso pediré a los entes de control nacional que se revisen los permisos y actuaciones de los últimos meses de los funcionarios de la región que parece cayeron en las redes de los innombrables.
Camilo Sánchez O.
Senador
sanchezca42@hotmail.com
Que penoso ver que en muy poco tiempo, si no interviene el Alcalde Dionisio Vélez y no se hacen cambios como prevé el decreto presidencial en la Dimar y la Capitanía, vamos a tener que lamentar muchos accidentes y muertes en las playas de Cartagena, especialmente en las de la zona norte cerca a la Boquilla, porque la corrupción, el desgobierno y la desidia de los entes de control han dejado que se les salga de las manos.
Hoy reina la ley del más fuerte, cada institución da permisos para cobrar, pero no se hace responsable de sus efectos, cada sector esta parcelado, basta ver el manejo de carpas, vendedores ambulantes, negocios de licor y música impensables anteriormente en estas playas familiares que contrario a lo esperado siguen en aumento sin importar el daño ambiental y ecológico. Los establecimientos que aparecen en la temporada turística sin saber con permiso de quien generan un ruido infernal por encima de los decibeles permitidos y aunque los vecinos hacen las denuncias la policía y los resultados brillan por su ausencia. Pero si cualquiera de los moradores del sector quiere embellecer su fachada, sembrar una palma, pasto, colocar una caneca o reflector por seguridad ahí si aparecen los señores anteriormente mencionados con todo el rigor de su poder.
Ver como sentencias populistas están dándole derechos de manera irresponsable a los pobladores, vulnerando con ello la obligación que tiene el estado y la justicia de en nombre de la misma, no atropellar los derechos fundamentales de todos así no hayan nacido allí y en especial el de la vida que hoy si que está en riesgo para muchos turistas y vecinos que tienen que darse la bendición cada vez que entran a estas playas donde hoy reinan, licor, prostitución y drogas.
Es absurdo que hoy en las playas cercanas de las Américas unos leguleyos estén poniendo en riesgo la vida de turistas y el empleo que dicen defender de los lugareños, por que debido a la sentencia sobre las mismas, hicieron quitar las vallas donde se prohibía la circulación vehicular y las bollas de protección que evitaban que los Jet sky, cometas, botes y donas de recreación pusieran en peligro a nadadores y bañistas. Si la sentencia buscaba permitirles la pesca artesanal a los boquilleros, debieron prohibir el uso de todos los elementos náuticos y la circulación vehicular para evitar las muertes pronosticadas, porqué al no hacerlo serán los magistrados grandes responsables por su omisión.
Hay que agradecer a la divina providencia que no hayamos tenido que lamentar más de lo que hoy nuestras autoridades llaman hechos aislados, electrocutados por no cambiar las redes viejas de energía, robos permanentes en la playa, violación de turistas en la ciénaga y la tugurisacion de la misma con más de 800 familias que ya convirtieron en una ciudadela este sector, con daños ambientales y de salubridad en las narices de la Dimar, el alcalde y lo que es peor un negocio potencial para los tinterillos manipuladores de las tutelas del sector que esperan sacar provecho cuando se dé el desalojo negociando con la concesión.
Por eso pediré a los entes de control nacional que se revisen los permisos y actuaciones de los últimos meses de los funcionarios de la región que parece cayeron en las redes de los innombrables.
Camilo Sánchez O.
Senador
sanchezca42@hotmail.com