En la pasada asamblea de la Asociación Bancaria, en el panel “Crédito y financiación rural”, tema que repetidamente he señalado como fundamental para el desarrollo del campo colombiano, la experta Ana María Ibáñez, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mostró cómo el acceso a un crédito formal aumenta el rendimiento por hectárea en un 12 % en cultivos permanentes y en un 26 % en transitorios, especialmente por el mayor uso de fertilizantes.
En contexto, los antecedentes legales vienen desde la Ley 26 de 1959 y la Ley 5 de 1973, y actualmente tenemos la Ley 16 de 1990 que crea el Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, define que el crédito de fomento se destinará fundamentalmente a impulsar la producción y capitalizar el sector, y obliga además a constituir los títulos de desarrollo agropecuario (TDA) A y B. Con la anterior ley se termina de consolidar un Sistema Nacional de Crédito Agropecuario bien estructurado, pero que requiere ajustes.
En Colombia tenemos algo más de 2 millones de productores agropecuarios que manejan 2,7 millones de unidades de producción agropecuaria (UPA). El crédito de fomento debe ayudar a amortiguar las fallas del mercado que afectan al pequeño productor y que impiden el acceso al crédito formal de la banca tradicional, negado porque se considera de alto riesgo, además de la baja asistencia técnica que recibe el agricultor y los altos costos de transacción y oportunidad, entre otros, y un fondo de garantías poco usado por el sector financiero tradicional por sus rigideces y complejidad.
Del gran volumen de recursos colocados, que hoy superan los $32 billones, el 33 % corresponde a cartera de redescuento que financia desde el productor primario hasta la comercialización, como debe ser. Pero el 66 % de los recursos se van a cartera sustitutiva, que son colocaciones con recursos subsidiados que compensan la inversión obligatoria en TDA. Esta cartera sustituta está concentrada en su mayoría en grandes bancos, que a su vez la prestan a tasas de alrededor de DTF + 4 %, principalmente a grandes empresas, la mayoría para capital de trabajo que incluye importación de alimentos, con lo cual se está desvirtuando la orientación de fomento del crédito, situación que se debe corregir. En este panorama hay que destacar el excelente manejo que se le ha dado al pequeño crédito, especialmente por el Banco Agrario. Hoy más de 760.000 productores han recibido créditos en condiciones de Finagro.
Pero para financiar el gran volumen del campo colombiano hay que ajustar varios aspectos. El primero es la destinación de la cartera sustituta, priorizando productores primarios medianos y pequeños, no solo grandes. Hay que modernizar el sistema de garantías para que incluyan vuelo forestal, pignoración de activos biológicos, prendas sin tenencia de maquinarias y equipos, entre otras. Se debe revisar la conformación de las juntas directivas, tanto la de Finagro, en la que los bancos no deberían participar (hay razones históricas), como la de la Comisión de Crédito Agropecuario, que cuenta con connotados macroeconomistas que desconocen las particularidades de nuestro campo. Hay muchos otros temas, pero es un sistema que vale la pena ajustar e impulsar, y nuestros productores del campo lo necesitan.
