Algunas verdades sobre el catastro multipropósito

Desconciertan las declaraciones de funcionarios del nuevo gobierno, de que “el país tiene solo el 9,4 % de su catastro legal”, desconociendo que entre predios formados y actualizados vamos en más del 42 %. Esto demuestra un gran desconocimiento o, lo que es peor, una narrativa distorsionada para volver a centralizar el IGAC.

Cuando el Gobierno Duque comenzó, menos del 5 % del territorio tenía información actualizada, en más del 30 % no había ninguna formación, el estimativo aproximado de 18 millones de predios estaba subestimado, más del 50 % de la información no coincidía con registro, más de 293.000 expedientes atrasados (muchos con más de diez años de mora), siendo la mayor parte de toda esta desinformación responsabilidad del IGAC, entidad politizada, capturada técnicamente por funcionarios que se oponían al cambio. En resumen, funcionaba muy mal.

En el entendimiento de que el Catastro Multipropósito (CM) y la agilización de procesos de regularización de la propiedad rural fue un programa central en el gobierno anterior, ya que el tema de la tierra no solo explica buena parte de la inequidad en Colombia, sino que es parte central al conflicto, se definió entonces el CM como la prioridad transformacional más importante. Dado lo complejo del tema y para evitar ideologías, se definió usar las mejores prácticas internacionales que permitieran acercar el tercer mundo al primero. Para ello fue clave tener la dirección técnica de la agencia suiza de cooperación SECO, las ayudas técnicas del BM, BID, USAID, KADASTER de Holanda, del Dpto. Internacional del Reino Unido y de la Agencia Francesa de Desarrollo.

Fue especialmente difícil combatir en el IGAC ideas que dificultaban el cambio y abogaban por mantener medidas costumbristas, uso de tecnologías analógicas y obsoletas, precisiones absurdas, complejos sistemas de evaluación que solo servía a quien lo hacía, en lugar de adoptar avalúos con costo de reposición, así como cambiar un catastro fiscalista por uno con enfoque multipropósito y capas no parcelarias.

Lo más grave era que el IGAC no contemplaba datos sobre la informalidad, generando una exclusión frente al ciudadano no propietario y entonces se adoptó el principio de completitud, registrando toda la realidad predial independiente de su situación jurídica. Para resolver el galimatías se firmó entre los participantes un memorando de entendimiento MOU, que definió objetivos, responsabilidades y temas centrales. En el Plan de Desarrollo se aprobó que el CM fuera considerado un servicio público, abriendo el mercado catastral de gestores a la competencia entre entidades públicas, hoy hay más de 42, siendo falso que se privatizó. Se simplificaron tramites, se unificó la información entre Catastro y Registro, se definió que el IGAC fuera regulador catastral y ejecutor de última instancia para aquellos municipios que no pudieran ser habilitados como gestores catastrales o decidieran no contratar con otro gestor, y finalmente la inspección, vigilancia y control quedó en cabeza de Notariado y Registro. El avance es tremendo. Hay que celebrar que el gobierno tenga el tema como uno de los top de la agenda, pero esperemos que distorsiones ideológicas no impidan construir sobre lo construido.