Arrasar con la oposición

En Colombia requerimos unos acuerdos básicos, y hoy tristemente no solo para realizar los cambios que necesitamos, sino para ejercer con tranquilidad y seguridad las libertades mínimas consagradas en la Constitución aun desde antes de 1991, destacándose más que nunca la libertad de expresión, base de la democracia. Ella en todas sus manifestaciones permite el sano ejercicio de la oposición, de la prensa, de la información y de la crítica, ojalá a través del disenso expresado con respeto en medio de la diferencia.

Frente al deber anterior, nos encontramos con el plan del actual Gobierno para que su ideología continúe en el poder en el 2026, aunque no necesariamente en la figura de Petro, quien para lograrlo tiene varios elementos orientados a habilitar una RUPTURA INSTITUCIONAL que, vía legislación de excepción, le permita incubar una ley de punto final que, además de borrar delitos y cumplirle al pacto de la picota, viabilice un “cambio de modelo”. Para esto, y de forma paralela, el presidente proyecta las culpas del fracaso de su Gobierno en la oposición, planteando una asamblea popular constituyente por fuera del marco legal que, vía sectores afines y enmermelados con jugosos contratos, permita los cambios sociales que no ha sido capaz de implementar.

Para incubar lo anterior, implementó una reducción de los efectivos de las FF. MM., descabezó centenares de oficiales restándole capacidad de conocimiento y de operaciones, sumado a la disminución de sus recursos, y simultáneamente maneja una laxitud total de “paz total” con las estructuras criminales, muchas nombradas como gestores de paz. También asfixió la salud para poder intervenirla (nacionalizarla), y tiene al sector energético a punto de un racionamiento, entre otros elementos. Pero uno central es ARRASAR CON LA OPOSICIÓN. Es claro que los principales opositores son, en primer lugar, el Centro Democrático. Allí Miguel Uribe está luchando por su vida y, junto con Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, hoy amenazadas, han sido objeto de todo tipo de insultos y mensajes desobligantes por parte de Petro, y Álvaro Uribe afrontando un vergonzoso entramado judicial urdido por sus supuestas víctimas, Iván Cepeda y Montealegre, afines a su ideología. Pero también otros opositores han sido fustigados: David Luna, víctima de un doble robo de sus computadores personales; Vicky Dávila, etiquetadas como “Muñeca de la mafia”, y la lista sigue.

No contento Petro con sus 42 trinos contra Miguel Uribe, el Gobierno desconoció más de 50 solicitudes de protección dirigidas a la UNP, hoy en manos de sus compañeros en armas del M-19, y redujo en su momento esquemas de seguridad, medida revertida por los graves hechos. Si a esto le sumamos un permanente cortejo a los actores criminales nombrándolos como gestores de paz, y con hechos tan graves como subir a la tarima en Medellín a los combos criminales en una clara declaratoria de que “están conmigo”, y utilizar masivamente recursos públicos para financiar influencers digitales que atacan a contrarios y opositores, junto con la permanente narrativa petrista que estigmatiza y deslegitima a los contradictores, se evidencia un patrón de hostigamiento institucionalizado y sistemático que raya con lo penal, generando consecuencias para invisibilizar a la oposición, lo que en cualquier país democrático generaría responsabilidades.