Colombia y sus narcorrepubliquetas

A pesar de que el mundo va perdiendo la batalla contra las drogas, Colombia prácticamente la había librado bien hasta el 2/12/2013, cuando las FARC envían a Santos la orden de suspensión inmediata de las aspersiones aéreas con glifosato y la desmilitarización de la política antidrogas, entre otras. Un Santos con agenda propia, de la mano de su minsalud Alejandro Gaviria, frena la fumigación y desmonta prácticamente la erradicación manual. El resto es historia: un narcotráfico desbocado que multiplicó al menos por ocho la producción de coca, difícilmente contenida por el Gobierno Duque.

Pero ahora, gracias a las políticas de Petro de suspender toda fumigación, bombardeo de campamentos, extradiciones de narcos, etc., se disparó el tema y tenemos 300.000 hectáreas de coca, minería ilegal, narcotráfico, microtráfico, secuestro, contrabando, tráfico de menores, migrantes y armas, entre otros. El Gobierno complaciente y un ministro obsecuente originaron verdaderos ejércitos que controlan zonas convertidas en narcorrepubliquetas (NR): Catatumbo, Bajo Cauca, norte de Chocó, Urabá, Putumayo, Caquetá, Nariño y otros territorios que suman, entre riesgo alto y extremo, 400 municipios. Una tercera parte de Colombia está tomada por las NR.

Sin control del Estado, los grupos ilegales son la ley: secuestran al ejército; manipulan, someten y carnetizan a la población; plantean abrir el proceso electoral; inauguran carreteras; otorgan permisos. Un verdadero estado de cosas inconstitucional. En este desgobierno la única que pudiera alegar algún sustrato ideológico es la cúpula gerontocrática del ELN, desconectada de unos frentes que desobedecen ya que están en otro negocio, razón por la cual van más de 126 violaciones al cese al fuego. Eso evidencia que los dirigentes del ELN son voceros no autorizados por sus estructuras criminales, compuestas en gran parte por menores de 35 años, que no quieren que les hagan conejo como pasó con los dirigentes de las FARC por las gigantescas rentas criminales; entonces prefieren, en lugar de avanzar en la paz, seguir delinquiendo, que es más rentable, y “ordenando el territorio”.

Y ni hablar del EMC-FARC, estructura criminal carente de ideología que pacta con el Estado un cese al fuego, pero de sus comunicados se desprende que realmente era un despeje del territorio, situación que se entrevé en el Decreto 1684/2023 que ordena el cese al fuego bilateral, protocolos que no conocemos, y en una afirmación del EMC-FARC de que “los militares deberían salir de las zonas como fue el compromiso”. Esta organización, con sus secuestros a las fuerzas armadas, reclutamiento de menores e instrumentalización de la población, se declara “humanista”, y el Gobierno, en cabeza de Camilo González, coadyuva para demostrar que estos grupos ilegales tienen el control del territorio, lo que cambia la negociación con unas narcorrepubliquetas que ellos mismos ayudaron a crear.

No debemos los colombianos aceptar pasivamente que nuestros militares, menores, comunidades campesinas, indígenas, afros sean instrumentalizados, atropellados, humillados, casi esclavizados; que irónicamente en el gobierno del cambio continúen sin servicios básicos, infraestructura e inversión, y que además los dejemos a su suerte en manos de criminales.