Concertación laboral: bajando la vara

La concertación laboral tiene origen constitucional y desarrollo legal en la creación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, con un trabajo poco incluyente, como veremos. En representación de los empleadores tenemos a la ANDI, SAC, ACOPI, Fenalco y Asobancaria, gremios que representan a una parte importante del sector formal. En representación de los trabajadores están CDP y CPC (pensionados), CUT, CGT y CTC; con su baja tasa de sindicalización y estirando el concepto, aceptemos que representan a una parte de los trabajadores que pertenecen a grandes empleadores públicos o privados. Pero los empleadores y las organizaciones anteriores no representan a los trabajadores informales del campo (85 %) ni al trabajo informal de toda Colombia (58 %). El mototaxista de Chinú, el vendedor ambulante de Nuquí o Bogotá, el minero ancestral, el que tiene un bar, una chaza, una venta de jugos, etc., la lista es interminable e injusta en cuanto a representatividad. Sin embargo, en medio de la discusión teóricamente están los ministerios de Trabajo, Agricultura y Comercio, Industria y Turismo, además de la cartera de Hacienda y el DNP, que poco entienden del sector productivo y que debiendo representar a toda Colombia no lo hacen. Esa discusión se realiza, entonces, entre los que producen riqueza padeciendo una mal entendida formalidad y los representantes de los trabajadores en buena parte chupópteros. Estos últimos, por desconocimiento de lo difícil que es producir riqueza y sesgados por una historia de resentimiento ideologizada, muchas veces se comportan más como partidos políticos que como representantes del pueblo, pero el trabajador informal, madrugador, sin garantías, ese no tiene cabida, solo sirve para el discurso.

En esta discusión, el Gobierno, que debiera ser el fiel de la balanza, está liderado por una ministra que por su formación ideológica ha mostrado un claro sesgo en contra del sector privado y una subvaloración de los procesos productivos, idealizando las viejas glorias de los Ferrocarriles Nacionales, el Idema, el ICT, el Seguro Social, Puertos de Colombia, Telecom y decenas de empresas estatales que produjeron una combinación de altas rentas sindicales para beneficio de pocos, megaquiebras, altas deudas públicas y frustración nacional. Si realmente nos interesa la —llamada por el Gobierno— economía popular y efectivamente fuera el centro de la discusión, deberíamos hablar de cómo terminar con el gota a gota mediante financiaciones directas; de llegar a una simplificación radical de las incontables normas, muchas absurdas, que asfixian e impiden la formalización; de consagrar al SENA a una verdadera formación microempresarial y rural. El Ministerio de Hacienda debió haber aprobado una gradualidad en los impuestos de renta para microempresarios y otra gradualidad en parafiscales, como lo propone Fedesarrollo. Deberíamos tener una verdadera legislación laboral que reconozca la realidad del campo y su total diferencia con el trabajo en las ciudades, que entienda el trabajo en el mundo moderno, la cuenta propia y el desastre que evidenció la Misión de Empleo; en resumen, que BAJE LA VARA en muchos aspectos para incluir verdaderamente a estos colombianos, hoy injustamente excluidos.

En esta discusión, el Gobierno está liderado por una ministra que ha mostrado un claro sesgo contra el sector privado.