Empiezo sobre las que polarizan con una anécdota para ilustrar el punto. En mi vida empresarial, estando en la cámara de logística de la ANDI, visitamos a un viceministro de Transporte. Nuestro planteamiento apuntaba a cómo habilitar bitrenes, contenedores extradimensionados y otras medidas que harían más competitivo el transporte. La respuesta del funcionario fue que NO lo podía hacer, porque eso posiblemente afectaría a los cultivadores de cebolla de Boyacá, y que entre sus labores estaba defender la política social. Me quedó claro que una confusión entre la política de desarrollo productivo y la política social que claramente debemos tener generaba parálisis en decisiones importantes. Y eso mismo nos pasa con el desarrollo agropecuario, donde por defender una economía familiar y campesina, que sin duda hay que crecer y fortalecer, hemos cerrado la puerta a la agricultura comercial de mayor tamaño, donde llevamos 25 años pendientes de sacar normas que habiliten las Zonas de Desarrollo Empresarial contempladas en la Ley 160/94. En cuanto a las polarizaciones, miremos el crédito agropecuario: el anterior gobierno favoreció los créditos para capital de trabajo, pero llegó principalmente a los grandes productores del agro, en desmedro del crédito necesario para campesinos. Tema de vieja data que debemos corregir. Pensamos también que empresas son únicamente los grandes conglomerados, y en consecuencia la política de desarrollo productivo se enfoca primordialmente en sectores modernos, poniendo poco énfasis en la realidad, ya que más del 90 % de los negocios de nuestro país son emprendimientos inclusivos y mipymes, que requieren una política integral de apoyo.
Como los anteriores, hay muchísimos ejemplos de confusiones que polarizan y por ende paralizan, pero hay una que requiere un énfasis especial, porque paraliza casi todos los sectores productivos, y es la confusión normativa. La ilustro con un ejemplo. Cuando en un computador hay demasiadas aplicaciones abiertas, se bloquea y debemos “RESETEARLO”. Lo mismo pasa cuando para un tema tenemos centenares de leyes, decretos, resoluciones, directivas y conceptos que crean una maraña tóxica normativa. A pesar de los grandes esfuerzos del actual Gobierno para simplificarla y recoger las normas obsoletas, es tan grande el embrollo que en muchos casos es mejor RESETEAR y con una SIMPLIFICACIÓN RADICAL comenzar de nuevo: encontrar el principio constitucional y el planteamiento de la corte que quiere regular o tutelar, enfocarnos solo en las disposiciones que resuelven dicho asunto; lo demás, eliminarlo. Esa maraña legal solo favorece a los chupópteros, personas que no prestan ningún servicio efectivo, en este caso amparados en una norma inútil, y sin embargo cobran uno o más sueldos. Pero ni estos personajes y mucho menos la maraña normativa le sirven al pueblo colombiano, porque crean inseguridad jurídica y alejan la inversión nacional y extranjera.
En general, en todos los temas tenemos que reflexionar si todos los intereses y sectores ciudadanos están bien servidos y, sobre todo, si el arreglo institucional existente, entendido como normas, leyes, directrices, procedimientos, agencias estatales, entre otras, cumple con dicho objetivo. El foco tiene que ser simplificación radical para servirle al desarrollo del país que redunde en beneficios ciudadanos.
Empiezo sobre las que polarizan con una anécdota para ilustrar el punto. En mi vida empresarial, estando en la cámara de logística de la ANDI, visitamos a un viceministro de Transporte. Nuestro planteamiento apuntaba a cómo habilitar bitrenes, contenedores extradimensionados y otras medidas que harían más competitivo el transporte. La respuesta del funcionario fue que NO lo podía hacer, porque eso posiblemente afectaría a los cultivadores de cebolla de Boyacá, y que entre sus labores estaba defender la política social. Me quedó claro que una confusión entre la política de desarrollo productivo y la política social que claramente debemos tener generaba parálisis en decisiones importantes. Y eso mismo nos pasa con el desarrollo agropecuario, donde por defender una economía familiar y campesina, que sin duda hay que crecer y fortalecer, hemos cerrado la puerta a la agricultura comercial de mayor tamaño, donde llevamos 25 años pendientes de sacar normas que habiliten las Zonas de Desarrollo Empresarial contempladas en la Ley 160/94. En cuanto a las polarizaciones, miremos el crédito agropecuario: el anterior gobierno favoreció los créditos para capital de trabajo, pero llegó principalmente a los grandes productores del agro, en desmedro del crédito necesario para campesinos. Tema de vieja data que debemos corregir. Pensamos también que empresas son únicamente los grandes conglomerados, y en consecuencia la política de desarrollo productivo se enfoca primordialmente en sectores modernos, poniendo poco énfasis en la realidad, ya que más del 90 % de los negocios de nuestro país son emprendimientos inclusivos y mipymes, que requieren una política integral de apoyo.
Como los anteriores, hay muchísimos ejemplos de confusiones que polarizan y por ende paralizan, pero hay una que requiere un énfasis especial, porque paraliza casi todos los sectores productivos, y es la confusión normativa. La ilustro con un ejemplo. Cuando en un computador hay demasiadas aplicaciones abiertas, se bloquea y debemos “RESETEARLO”. Lo mismo pasa cuando para un tema tenemos centenares de leyes, decretos, resoluciones, directivas y conceptos que crean una maraña tóxica normativa. A pesar de los grandes esfuerzos del actual Gobierno para simplificarla y recoger las normas obsoletas, es tan grande el embrollo que en muchos casos es mejor RESETEAR y con una SIMPLIFICACIÓN RADICAL comenzar de nuevo: encontrar el principio constitucional y el planteamiento de la corte que quiere regular o tutelar, enfocarnos solo en las disposiciones que resuelven dicho asunto; lo demás, eliminarlo. Esa maraña legal solo favorece a los chupópteros, personas que no prestan ningún servicio efectivo, en este caso amparados en una norma inútil, y sin embargo cobran uno o más sueldos. Pero ni estos personajes y mucho menos la maraña normativa le sirven al pueblo colombiano, porque crean inseguridad jurídica y alejan la inversión nacional y extranjera.
En general, en todos los temas tenemos que reflexionar si todos los intereses y sectores ciudadanos están bien servidos y, sobre todo, si el arreglo institucional existente, entendido como normas, leyes, directrices, procedimientos, agencias estatales, entre otras, cumple con dicho objetivo. El foco tiene que ser simplificación radical para servirle al desarrollo del país que redunde en beneficios ciudadanos.