La negociación de paz con el ELN propuesta por el Gobierno, que orgullosamente ondea las banderas del M-19 y se declara de la primera línea, es un ejercicio de YO con YO a espaldas de la sociedad colombiana y bajo ninguna circunstancia en democracia. La izquierda antidemocrática, so pretexto de un discurso amañado de guerra o paz, no solo logró el Acuerdo con las FARC a pesar del NO, sino que trató de imponer las recomendaciones de la Comisión de la Verdad en el Plan de Desarrollo, que finalmente no pasaron.
Ahora, en el marco de las negociaciones con el ELN y con un documento metodológico, que con sus recomendaciones supuestamente facilitará la fase de diseño de participación de la sociedad, cambia el sentido pretendiendo sustituir la Constitución Política y la soberanía popular, suprimiendo, derogando, reemplazando y modificando la Constitución con el siguiente rey de los micos: “Las agendas de transformaciones se vuelven obligatorias para las partes y se convierten en política de Estado, políticas públicas, planes de desarrollo, planes de vida y otros instrumentos de planeación y ejecución en los territorios con veeduría social que garantice su implementación. Es vinculante cuando se reafirma el carácter protagónico de la comunidad, al garantizar la toma de decisiones de los participantes en los aspectos relevantes del proceso” (negrillas propias). También habla de que estas transformaciones modificarán el régimen político, judicial, ambiental, la política exterior y el modelo económico, eliminando por ejemplo el extractivismo, cambiando la democracia representativa por una directa, en la que ollas comunitarias, bazares y círculos de la palabra pueden cambiar el ordenamiento y suplantar los poderes constituidos.
Bastará con cualquier crítica o un NO para que el presidente manipule con su discurso de odio de clases, manifieste que son las élites las que impiden gobernar y amenace con un nuevo levantamiento popular como el de 2021. Una cosa es que de la supuesta agenda de participación, viciada y con sesgos, salgan sugerencias a ser discutidas en democracia en el Congreso y avaladas por las cortes, y otra es semejante engendro. Un presidente que fue militante de un grupo guerrillero amnistiado pretende redefinir la doctrina de seguridad y actuación de la fuerza pública negociando con otra guerrilla, despojando al Congreso de sus competencias, justificando el tema con el desmonte “de toda forma de paramilitarismo”. Pero no solo omite a otros actores armados, sino que al avalar que se armen las guardias campesinas y cimarronas las aleja de su razón de ser y las asemeja al neoparamilitarismo que dicen combatir y que ahora sí sería una política de Estado.
En un nuevo ejercicio de concertación à la Petro, se hace el show de la supuesta participación de solo 8.465 personas involucradas en el CNP vs. 52 millones de colombianos, pero es más grave aún que la agenda y las conclusiones son las que escribe el Gobierno, sin contemplar los cuestionamientos de los participantes. En resumen, el poder NO está en la gente, sino en quien redacta el documento final, violando los mecanismos constitucionales. ¿Somos de nuevo patria boba?
