¿Cuál es el debate correcto?

Electoralmente hablando, las encuestas demuestran que el centro es el terreno para conquistar. En un ejercicio forzado, algunos partidos arropan sus propuestas con seductores empaques llamando a la decencia, el ambientalismo, el progresismo, la esperanza y el humanismo, especialmente los que componen el Foro de São Paulo (FDSP). Pero el verdadero debate es sobre el modelo de las democracias liberales (DL) y sus planteamientos sobre las libertades individuales, de expresión, de culto, la libre empresa y la separación de poderes vs. las libertades de los regímenes que están detrás del ropaje, cuyos resultados evidenciamos en Cuba, Venezuela y Argentina, entre otros. Para ilustrar, miremos el indicador de la libertad económica desarrollado por el Fraser Institute: según este, para el año 2001 Venezuela y Colombia tenían un puntaje de 6,2; en el 2018 Venezuela bajó a 3,3 y Colombia con dificultades logró subir a 6,7, afectado particularmente por el sistema legal, incumplimiento de contratos y la complejidad de la regulación laboral, entre otros.

Los regímenes que emulan el FDSP propugnan en alguna medida la supresión de las libertades individuales, de expresión, físicas y económicas; las violaciones de DD. HH. son recurrentes y generalmente poco o nada cuestionadas por la administración de justicia, y la separación de poderes es deliberadamente inexistente o limitada. Todo esto contrasta con las DL que propugnan la división de poderes y las libertades individuales, con ejercicio de los derechos fundamentales que sólo hallan límite en el derecho ajeno. Existe el respeto al Estado de derecho que a su vez es limitado en su tamaño. En lo que refiere al crecimiento económico, el FDSP evidencia una histórica persecución al empresario, a la iniciativa privada, y una sobrevaloración de la empresa estatal que traslada al poder público la gestión de la iniciativa empresarial, generando mayor burocracia y gasto público; mientras, las DL plantean el fortalecimiento de la empresa privada y la libre competencia, generando un rol estatal de regulación del mercado y no de agente de este.

Frente a la narrativa histórica el FDSP, fiel a su costumbre de cercenar la libertad de opinión, distorsiona la realidad histórica, sustituye la educación por adoctrinamiento, no acepta la educación privada e impide la libertad y práctica religiosas. Esto contrasta en las DL con una educación de calidad, en competencia, donde la autonomía educativa y universitaria permite al estudiante elegir y adoptar el modelo pedagógico que se compadezca con sus convicciones. En lo que respecta a la fuerza pública, el FDSP fortalece un Estado militar imbricado con el ejercicio del poder y no con la defensa de los ciudadanos y de las instituciones, que tolera las masivas violaciones de los DD. HH., según lo evidencia el informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela.

El lector encontrará que en Colombia tenemos una mezcla imperfecta de ambos mundos, generando un sistema con una justicia politizada, una educación de regular calidad, y, a pesar de los esfuerzos de este Gobierno, una limitación de las libertades económicas asfixiadas por normas. La pregunta final al “centro” es si mediante el diálogo social incluyente fortalecemos la democracia liberal o si ensayamos la receta del FDSP con sus desastrosos resultados.