Cumpliendo el Acuerdo de París con reforestación y ganadería sostenible
Para que Colombia cumpla con el Acuerdo de París, no basta frenar la deforestación como lo consigna el Conpes 4021; debe impulsar las energías limpias y no centrarse en frenar la minería con discursos falsos como “minería o agua”, dado que esta actividad produce grandes divisas que impulsan nuestro desarrollo, como en Noruega, Canadá y Chile.
Un foco debe ser el impulso a la ganadería sostenible, rentable y competitiva, vía sistemas silvopastoriles intensivos. Hoy tenemos 39 millones de hectáreas (ha) en ganadería extensiva que solo cargan 0,6 reces/ha, pero con el sistema silvopastoril solo se requerirían entre 5 y 7 millones de ha para el mismo hato, pues combina bosque protector productor —donde se siembran maderables colombianos como robles, comino y abarco— junto con arbustos forrajeros de alta densidad, pastos y leguminosas rastreras. Estas fábricas de comida impulsadas por Fedegán aspiran carbón, fijan nitrógenos, abonan y mejoran el clima.
Pero el foco de más potencial es impulsar la reforestación, tanto la de pequeña escala y campesina (reforestación cafetera) como la de gran escala, que además de incentivos comerciales necesita reglas de juego claras. En Colombia, según datos del UPRA, existen 24,8 millones de ha con potencial forestal para fines comerciales; de estas, 7 millones son consideradas excepcionales y si fueran explotadas aumentaríamos el PIB en US$16 billones —comparables al PIB minero y petrolero—, crearíamos 150.000 empleos primarios y 500.000 secundarios, y capturaríamos 2,4 billones de toneladas de CO2 —cerca de 30 veces lo que emite Colombia anualmente—.
Para impulsarlo se requiere un consenso institucional en todos los niveles, con una política forestal comercial que unifique visiones y una entidad líder que coordine, ya que intervienen ambiente, agricultura, minas y transporte, entre otras. Debe entenderse que es una actividad de largo plazo y necesita contratos de estabilidad jurídica, créditos también largos y eliminar el concepto de la UAF para plantaciones forestales. Se requieren límites para que las entidades no cambien el uso del suelo vía “restauraciones ecológicas”, ya que muchas despojan al reforestador de sus bienes y derechos, sin reconocimiento de la inversión y sin su intervención. Es indispensable una ley que obligue al Estado a indemnizar al particular que sea despojado del uso y usufructo de predios privados, cuando establezca condiciones o limitantes ambientales. Hay una gran oportunidad si en lugar de asfixiar a las industrias petrolera y minera se les exigen altas compensaciones ambientales en reforestación comercial de grandes territorios.
Finalmente, las CAR, con contadas excepciones, son paradójicamente enemigas ambientales del país, ya que carecen de un objetivo común y articulado, son un freno discrecional y a veces corrupto, actuando como repúblicas independientes, sin hacer explícitos sus procesos, ni tener ventanillas únicas y procedimientos estándar. Se requiere unidad de acción de las CAR, articulación alrededor del SINA y clarificación de competencias con los municipios y el ICA, de manera que el reforestador no necesite licencia para reforestar, ni una minera la requiera para usar los agregados en sus vías internas.
Para que Colombia cumpla con el Acuerdo de París, no basta frenar la deforestación como lo consigna el Conpes 4021; debe impulsar las energías limpias y no centrarse en frenar la minería con discursos falsos como “minería o agua”, dado que esta actividad produce grandes divisas que impulsan nuestro desarrollo, como en Noruega, Canadá y Chile.
Un foco debe ser el impulso a la ganadería sostenible, rentable y competitiva, vía sistemas silvopastoriles intensivos. Hoy tenemos 39 millones de hectáreas (ha) en ganadería extensiva que solo cargan 0,6 reces/ha, pero con el sistema silvopastoril solo se requerirían entre 5 y 7 millones de ha para el mismo hato, pues combina bosque protector productor —donde se siembran maderables colombianos como robles, comino y abarco— junto con arbustos forrajeros de alta densidad, pastos y leguminosas rastreras. Estas fábricas de comida impulsadas por Fedegán aspiran carbón, fijan nitrógenos, abonan y mejoran el clima.
Pero el foco de más potencial es impulsar la reforestación, tanto la de pequeña escala y campesina (reforestación cafetera) como la de gran escala, que además de incentivos comerciales necesita reglas de juego claras. En Colombia, según datos del UPRA, existen 24,8 millones de ha con potencial forestal para fines comerciales; de estas, 7 millones son consideradas excepcionales y si fueran explotadas aumentaríamos el PIB en US$16 billones —comparables al PIB minero y petrolero—, crearíamos 150.000 empleos primarios y 500.000 secundarios, y capturaríamos 2,4 billones de toneladas de CO2 —cerca de 30 veces lo que emite Colombia anualmente—.
Para impulsarlo se requiere un consenso institucional en todos los niveles, con una política forestal comercial que unifique visiones y una entidad líder que coordine, ya que intervienen ambiente, agricultura, minas y transporte, entre otras. Debe entenderse que es una actividad de largo plazo y necesita contratos de estabilidad jurídica, créditos también largos y eliminar el concepto de la UAF para plantaciones forestales. Se requieren límites para que las entidades no cambien el uso del suelo vía “restauraciones ecológicas”, ya que muchas despojan al reforestador de sus bienes y derechos, sin reconocimiento de la inversión y sin su intervención. Es indispensable una ley que obligue al Estado a indemnizar al particular que sea despojado del uso y usufructo de predios privados, cuando establezca condiciones o limitantes ambientales. Hay una gran oportunidad si en lugar de asfixiar a las industrias petrolera y minera se les exigen altas compensaciones ambientales en reforestación comercial de grandes territorios.
Finalmente, las CAR, con contadas excepciones, son paradójicamente enemigas ambientales del país, ya que carecen de un objetivo común y articulado, son un freno discrecional y a veces corrupto, actuando como repúblicas independientes, sin hacer explícitos sus procesos, ni tener ventanillas únicas y procedimientos estándar. Se requiere unidad de acción de las CAR, articulación alrededor del SINA y clarificación de competencias con los municipios y el ICA, de manera que el reforestador no necesite licencia para reforestar, ni una minera la requiera para usar los agregados en sus vías internas.