Desde el 2014 hemos presenciado un desmantelamiento gradual de la fuerza pública, cuyo pie de fuerza ha caído, paralelo a un Estado copado por las fuerzas criminales y los grupos narcoguerrilleros armados. La política del Gobierno, sumada al sistema penitenciario colapsado y nido de crímenes, está llevando el país a un estado anárquico. Con un problema de orden público que ha ido agravando el Gobierno sin ocultar afinidades, se opone a la fumigación con glifosato, frena los bombardeos a campamentos, la erradicación manual y la extradición a los que negocien. Se están debilitando las FF. MM., que deben tener el monopolio de las armas al servicio de la Constitución, deben coexistir con 100.000 “gestores de paz”, tanto primeras líneas promovidas por el Pacto Histórico en el levantamiento social del 2021 como estructuras de microtráfico. Tenemos además guardias indígenas cimarronas y campesinas con cerca de 80.000 hombres empoderados que, como plantea Salud Hernández, “acatan órdenes de las FARC respaldadas por fusiles, masa difícilmente manejable por la policía y ejército, mezcla de campesinos inocentes y milicianos, con reclutamiento obligatorio”. Estos sirven a las economías ilegales y secuestran a la fuerza pública con “cercos humanitarios”, y están las grandes estructuras, ELN, ex-FARC, Clan del Golfo, etc., con miles de hombres en armas, algunos defendiendo su “necrofilia política” cuando son realmente bandas de traqueteos, que incluyen reclutamiento de niños. Coexisten también cientos de grupos criminales con actuación rural y urbana vinculados a rentas ilícitas, casi todos articulados con carteles de drogas. Este entramado criminal tiene como combustible las economías ilegales disparada desde el gobierno Santos hasta llegar hoy a 204 mil hectáreas de coca, sumadas a minería ilegal, contrabando, extorsión, lavado de dinero, microtráfico, secuestro, etc.
Del desequilibrio de las fuerzas insurgentes vs. el Estado resulta la inseguridad rampante y la amenaza de la institucionalidad. Por amenazas de extorsión, en Sincelejo más de 300 locales comerciales cerraron y otros 200 en Barranquilla. En Medellín, la extorsión aumentó en un 258 % según el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (Sisc). En muchos municipios el Tren de Aragua y el Clan del Golfo tienen control territorial vendiendo servicios de seguridad. Y al mando del Estado que constitucionalmente debe proteger la vida, honra y bienes, y mantener la integridad territorial, está un presidente que, en respuesta a la no aprobación de sus reformas, algunas contrarias al interés general, realiza arengas invitando a la lucha de clases. Un comisionado de Paz que ante ataques terroristas difícilmente oculta sus afinidades. Y un ministro de Defensa incompetente a la luz de sus resultados.
En resumen, más que un desgobierno pareciera que la paz total que nos está llevando a la violencia generalizada fuera la estrategia para terminar imponiendo las reformas no acordadas en democracia, tal vez mediante estados de excepción o procesos de paz.
