La situación fiscal de Colombia después del COVID-19 está llevando a que irremediablemente el año que viene se estudie una nueva reforma tributaria. Los aumentos sustanciales que ha hecho el Gobierno en la cobertura de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, Colombia Mayor, devolución del IVA, entre otros, han tenido un impacto social muy grande pero también en los costos que requieren ser sufragados.
Por otro lado, la pandemia ha develado la magnitud de la informalidad en Colombia. Además de 1,6 millones de negocios formales registrados en Confecámaras, hay más de 5 millones de negocios informales adicionales en ciudades y campos que requieren de una formalización simple.
Todo lo anterior nos va llevando a un esquema en el que TODOS los que pueden poner deben poner y TODOS los que tienen que recibir deben recibir. Esto abre el camino a una universalización cedular de la declaración tanto de impuestos nacionales y territoriales pagados, como de subsidios recibidos del Estado por cada uno de los colombianos. En cada cédula se informarían todas las rentas obtenidas —por dividendos, salarios, rendimientos, etc.— y los diferentes impuestos pagados, pero también los subsidios recibidos de forma unificada —por los programas sociales, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Ingreso Solidario, devolución del IVA, subsidios eléctricos, educativos, de salud, vivienda, etc.—.
Se mostrarían, por ejemplo, los subsidios que reciben los altos magistrados en sus pensiones por haber pasado dos o tres meses en un cargo y poder ser pensionados con salario de magistrado. Se mostrarían los subsidios que una persona de altos ingresos recibe por las pensiones cuando se pensiona por Colpensiones. Se evidenciaría de una vez toda la cadena de inequidades que tiene un sistema en el que muchos ciudadanos en pobreza extrema de la Colombia profunda todavía no reciben beneficios del Estado, como también los empresarios que con negocios importantes aún siguen en la informalidad.
Esta sería la oportunidad para la GRADUALIDAD en lo que tiene que ver con negocios y empresas informales. El gran avance del régimen simple se complementaría con un régimen prestacional SIMPLE. Este debería servir para formalizar el 85 % de los trabajadores del campo hoy informales. Una prestación unificada SIMPLE debería básicamente incluir salud, pensiones y riesgos laborales. ¿Vamos a seguir cobrando vía salarios, especialmente de microempresas y trabajadores del campo, los extras para cajas de compensación, ICBF, SENA y otros cargos? No tiene sentido.
Lo otro que debería incluirse debe ser la eliminación del 4 x 1.000, sobre todo para la base mayoritaria de la población, dejándolo solo para transacciones de alto valor. Finalmente, prohibir el registro de las transacciones inmobiliarias y de vehículos con efectivo. Esta unificación y simplificación cedular tendría ahorros inmediatos al poder contrastar ingresos contra subsidios. Eliminaría duplicaciones y facilitaría, complementando con Sisbén IV, el que TODOS los colombianos que requieren ayuda la reciban.
En resumen, Colombia debe aprovechar la pandemia y la necesidad de la próxima reforma tributaria para superar la demagogia mentirosa y paralizante de ciertos movimientos de extrema, y transitar hacia una verdadera equidad tributaria y de subsidios que abarque a toda la población.
