Descentralización y captura burocrática

En un país cuyas regiones están agobiadas por el CENTRALISMO, en el último año tuvimos dos eventos importantes. Primero, el acto legislativo que aumenta la participación regional en el SGP del 23 % de los recursos en el año 2023 al 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación en 12 años; dicho Acto Legislativo aprobado por 124 votos a favor y dos en contra, constituye un primer gran pacto nacional. Adicionalmente, tuvimos la entrega del informe final de la misión de descentralización (ley 1962 del 2019), un espectacular documento que evidencia de forma cruda una realidad nacional.

A pesar de que la constitución del 91 hablaba de que el 46,5 % de los recursos fueran a departamentos y municipios vía Sistema General de Participaciones (SGP), la politiquería, presidencialismo, y la burocracia desbordada y rapaz se tragaron prácticamente una gran tajada, dejando solo el 23 % mencionado en el año 23. Si consideramos que alrededor del 90 % de los recursos del SGP van a educación, salud, agua potable y saneamiento, queda solo un 10 % para actividades que producen desarrollo económico, como vías, cultura, proyectos productivos y nada para seguridad. Si adicionalmente consideramos que el 70 % de las inversiones son inflexibles ya que están amarradas a vigencias futuras, entonces queda claro que el desarrollo económico regional esta desfinanciado y despreciado. Y ni hablar de las principales obligaciones del Estado que son proveer Seguridad y Justicia, hoy totalmente deficitarias por esta ecuación. En esta repartición inequitativa, el centro recaba el 81 % de los impuestos, los departamentos el 5 % y los municipios el 14 %.

Durante el gobierno Petro, entre el año 2022/2025 la burocracia creció un 50 %, dejando sin suficiente financiamiento a la salud, educación, vivienda y a la seguridad, pero como para Petro el desarrollo productivo es símbolo de neoliberalismo y capitalismo rampante, dejó de impulsarlo y lo asfixió. Este centralismo presidencialista, burocrático, paralizante y sesgado trata de forma indistinta a un país con geografías, culturas, vocaciones y posibilidades diversas, sin reconocer diferencias. Una élite de asesores y funcionarios con mucha prepotencia y poco conocimiento regional dictan a los alcaldes qué hacer y cómo, y solo cuando se ven compelidos por los problemas “van al territorio”, allá sin reconocer realidades, procesos, ni tejidos llegan descoordinados, sin completitud de acciones, sin concurrencia en el tiempo de las mismas y a espaldas de las planificaciones territoriales que realmente se requieren. De nada sirven los bloqueos, los paros, las protestas y las consultas previas mal atendidas por el Ministerio del Interior ya que, fruto de la mala arquitectura presupuestal e institucional, se centra en negociar con parlamentarios leyes y presupuestos para algunos proyectos de desarrollo que, amarrados y con escandalo incluido cambian por votos.

Según el informe de la misión de la descentralización, se requiere una nueva categorización de las entidades territoriales, una nueva ley orgánica de ordenamiento, modificar el SGP y crear un fondo de convergencia económica entre otros. Pero, sobre todo, hay que desmontar radicalmente la burocracia nacional para liberar recursos y desmontar las regulaciones que asfixian el desarrollo, para viabilizar el desarrollo regional.