El centralismo se agotó

Tenemos vastas regiones totalmente olvidadas; territorios controlados por economías ilegales; conflictos permanentes donde, en palabras de Eduardo Pizarro, en pocos casos confluyen temas ideológicos, pero en muchos convergen gigantescas rentas ilegales como factor común y social; hay grandes extensiones donde la población no tiene los bienes públicos ni las alternativas de desarrollo que le planteen un futuro realista y mejor. Esto ha dado lugar a un país fragmentado, acorralado por la violencia, la estigmatización, la corrupción y el envilecimiento del quehacer político. Tenemos territorios diversos en lo social, ambiental, económico y cultural, pero, en lugar de aprovecharlos como el gran activo que son, los hemos desperdiciado relegándolos, condenándolos al atraso y la violencia.

Nuestro Estado es fuertemente centralista y, con Bogotá a espaldas del territorio, responde con más leyes, decretos y documentos de política que, al tratar de coordinarse, multiplican la complejidad. La burocracia alcanza solo a manejar la maraña creada, sin llegar a ejecutar políticas que realmente beneficien a los territorios. Nuestro Estado tan centralista tiene una disposición vertical, con ministerios, viceministerios, agencias, etc., que cuando por fin actúan lo hacen de forma desarticulada, tanto en su impacto como en el tiempo, desembocando en el desastre regional que no vamos a arreglar con más “leyes para todo”. El resultado, además de un Estado que no controla, es una informalidad del 85 % en el campo y regiones donde impera la ley del más fuerte, controladas por actores ilegales. Digámoslo sin temor ni atenuantes, EL CENTRALISMO FRACASÓ, se agotó, no solo el de Bogotá, también el de Medellín, Cali, etc.

Mientras encontramos una alternativa, deberíamos ensayar por un periodo aproximado de cinco años que TODOS los presupuestos nacionales, departamentales, municipales y de regalías estén obligados a una articulación regional. Que en regiones completas, como el Bajo Cauca, Catatumbo, norte de Chocó, norte del Cauca, altillanura, etc., al menos un 50 % de estos presupuestos tenga que estar atado a desarrollos locales para garantizar la integridad, articulación y participación comunitaria como prioridad, y lograr los cambios reales en su desarrollo, no solo con bienes públicos sino con proyectos productivos.

Tiene que haber completitud en las acciones, además de un plan masivo de obras públicas secundarias y terciarias ambientalmente convenidas. Se requiere electrificación, conectividad, escuelas, centros de salud, justicia, seguridad, etc., donde la participación comunitaria y la veeduría sean centrales y se ejecuten al mismo tiempo para impactar las regiones. Habrá que acompañar esto con una SIMPLIFICACIÓN RADICAL, donde para hacer una vía terciaria, dadas unas reglas ambientales, sea solo la Secretaría de Ambiente municipal o departamental la que defina su viabilidad y condiciones. Se debe empoderar a las comunidades, crear mecanismos como los reembolsos de obra ejecutada con incentivos y penalizaciones. Es pasar de un Estado estructurado verticalmente y descoordinado a uno con más organización horizontal alrededor del desarrollo de las regiones, que ya como mayores de edad tengan un verdadero decir y decidir.